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Judicial

Esto es lo que ganan los dos empleados de la Asamblea acusados de participar en el asesinato del político Ramón Kury

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Óscar Remberto Delgado Martínez y Samuel Elías Delgado Navas han sido acusados de participar en el asesinato de Ramón Kury, prominente político del Partido de Concertación Nacional (PCN). Además de unirles un lazo de sangre por ser hermanos, comparten su lugar de trabajo, pues son empleados de la Asamblea Legislativa. 

El presidente de este Órgano de Estado, Norman Quijano, confirmó que ambos son empleados de la Asamblea. De hecho precisó que uno fue contratado en mayo del 2012 y el otro en mayo del 2018. 

La lista de empleados del Órgano Legislativo, en poder de El Salvador Times, con el detalle de todos los trabajadores legislativos hasta enero de 2019 detalla que ambos trabajan en la Asamblea en la plana del grupo parlamentario del PCN. 

Para el caso de Delgado Martínez, está contratado como colaborado administrativo y devenga un salario mensual de $1,500. Por su parte, su hermano, Delgado Navas està contratado también como colaborador administrativo, pero este tiene un salario bastante inferior y es de $400 mensuales. 

El lunes pasado, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dio detalles de estos supuestos hechores y aseguró que ambos eran parte de la seguridad del secretario general del PCN, Manuel Rodríguez. Aunque señaló que solo uno de ellos era empleado de la Asamblea. Sin embargo, este medio corroboró que se tratan de ambos hermanos. 

Esta mañana, Quijano comunicó que ambos sujetos han sido suspendidos de sus cargos, sin goce se sueldo mientras se desarrolla el proceso judicial pues ambos están siendo acusados de haber sido parte del asesinato de Kury el 28 de abril de 2018 en la sede del partido.

Según la investigación Delgado Martínez había servido como motorista de la camioneta en la que iba también el agente Santos Hernández Beltrán, miembro activo del Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), quien presuntamente le disparó a Kury. Luego, habrían escapado en la misma camioneta del lugar. 

De igual forma, se dijo que Delgado Navas habría prestado vigilancia para que se cometiera con éxito el  hecho criminal. 

Al momento de la detención, a Delgado Martínez se le incautó un arma de fuego, además se le encontraron tres matrículas de diferentes armas y una de ellas fue utilizada para asesinar al pecenista.

Por: El Salvador Times.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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