Judicial
FGR interviene 21 propiedades y $2 millones a personas relacionadas con el lavado de dinero
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) intervino 21 inmuebles y $2 millones que estaban de manera ilícita en poder de nueve personas radicadas en el oriente del país.
La Fiscalía explicó que este caso se origina de una investigación realizada en contra de personas que son procesada por lavado de dinero y activos.
De acuerdo con el reporte, las propiedades intervenidas se encuentran en los municipios de San Carlos y San Francisco Gotera, Morazán; y en Lolotique, San Miguel.
“Tras analizar las pruebas obtenidas y fortalecer las investigan, se ha determinado que los bienes tienen una procedencia injustificada, por lo cual se procede a materializarlos y a seguir el correspondiente proceso de despojo en el Tribunal de Extinción de Dominio”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
Los afectados en este caso son Jaime Adalberto Flores y otros cinco miembros de su familia, así como contra Sonia Marisela Maya Márquez y dos parientes.
A cada uno de los vinculados, le fueron encontrados productos financieros y transacciones bancarias significativas, en diferentes entidades financieras. El período de investigación en el sistema financiero inicia desde el año 2004 y finaliza en el 2015, habiéndose establecido que los movimientos de fondos en el sistema financiero están concentrados en entre los años 2008 al 2014.
Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR ha establecido que las personas implicadas registraron montos preliminares en ingresos por valor de $18,8 millones y egresos por $16,6 millones. Las cantidades de dinero que tenían los imputados no fueron justificadas mediante fuente legal de ingresos.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
