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Un grupo de 1,4000 nuevos soldados se incorporarán a la Fuerza Armada en octubre, lo que reforzará los logros del Plan Control Territorial
Para inicios de octubre está prevista la incorporación de 1,400 nuevos soldados a las filas de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), quienes apoyarán el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
El ingreso de más soldados al Ejército se da en cumplimiento a la orden dada por el Presidente Bukele en la puesta en marcha de la fase 4 de la estrategia de seguridad, el pasado 19 de julio.
Los militares en formación están recibiendo la instrucción militar que les permitirá apoyar a los agentes policiales que mantienen una férrea lucha contra la criminalidad.
Durante su adiestramiento los militares son formados con disciplina, vocación de servicio y liderazgo por el bienestar de la población salvadoreña. Incluso, se les capacita para arriesgan su vida para cumplir con su deber de salvaguardar la integridad del pueblo.
Los nuevos miembros de la FAES se encuentran desde julio pasado en proceso de entrenamiento como parte de su formación militar.
Previo a su ingreso, los nuevos militares que la semana pasada hicieron su juramento al pabellón y ya pasaron rigurosos filtros de selección, con los cuales la Fuerza Armada garantiza que no ingresen a la institución miembros de pandillas con vinculación a estas.
En los pasados gobiernos, las autoridades de la Fuerza Armada no tenían mayor control para elegir a los nuevos reclutas. Nunca desarrollaron un estudio del entorno social del aspirante para comprobar la veracidad de la información proporcionada en la solicitud, además de la presentación de su respectiva solvencia policial y de antecedentes penales.
La FAES continúa transformándose en beneficio de la población. Durante la actual gestión se está convirtiendo en una institución moderna, al servicio del pueblo, garante de la soberanía nacional, la integridad del territorio y acompañando en las tareas de seguridad pública con la ejecución de la estrategia de seguridad.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
El Instituto Diplomático Doctor José Gustavo Guerrero (IDG) de la Cancillería de la República estableció dos acuerdos que abrirán las puertas a la colaboración y el trabajo conjunto entre este centro y dos casas de estudio de Paraguay.
Precisamente, con la Universidad Americana del Paraguay se firmó un acuerdo para impulsar iniciativas de beneficio recíprocos para la comunidad académica de ambas instituciones.
Este centro de enseñanza superior está enfocado en el desarrollo de las artes, las letras, las ciencias tecnológicas, la investigación científica y la capacitación integral del ser humano.
Sumado a esto, el IDG suscribió un memorándum de entendimiento con la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación suramericana, un instrumento que dará un nuevo impulso que robustece sus capacidades y contribuye a la formación continua y profesionalización del talento humano de ambas cancillerías.
«Vemos oportunidad para el intercambio de publicaciones, programas de estudio de postgrados, intercambios de docentes y estudiantiles, pasantías laborales y prácticas profesionales, realización de cursos, congresos, seminarios o simposios, proyectos de investigación, para reforzar capacidades y conocimientos, entre otros, que serán de mutuo beneficio para ambas instituciones», señaló la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.
