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Sala de lo Constitucional debilita el Código de Salud, pese a ser única norma jurídica contra el COVID-19
Las últimas decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la solicitud de pruebas negativas de COVID-19 antes de ingresar al país, están desgastando el Código de Salud, que es la única herramienta jurídica con la que cuenta el Gobierno del Presidente de la República, Nayib Bukele, para vencer la pandemia, que aún sigue en el país y con una importante probabilidad de contagio.
Según el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, la Sala ha mermado el Código de Salud sin un procedimiento legal, ya que ha suspendido y limitado “de facto” el artículo 164 de esta normativa, que le permite al Gobierno definir cercos sanitarios y establecer otras medidas, como la solicitud de prueba COVID-19 negativa en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”.
“Hablando de suspensión y limitación, hoy (ayer) sí se derogó parte del Código de Salud sin el procedimiento (…) pero, en fin, seguiremos combatiendo la pandemia, vale la pena”, afirmó el abogado.
Este artículo dice que todo viajero, para ingresar al país, deberá presentar a la autoridad de salud correspondiente (el Ministerio de Salud, en este caso), certificados internacionales de vacunas válidas o otras pruebas, que se estimen necesarias, para el control sanitario de la ciudadanía.
También incluye la posibilidad de someterse a exámenes médicos, cuando lo estime la autoridad, asevera en la misma parte del Código de Salud.
Más adelante, en el artículo 166, se ratifica esto como requisito de ingreso al país y se le dará importancia y prioridad por parte de las autoridades competentes que, en este caso, por ser materia sanitaria, le compete al Ministerio de Salud.
Por ello se deben de aplicar los respectivos protocolos para evitar una epidemia o pandemia (que es en el caso del COVID-19).
Es de destacar que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en ingles), ha emitido lineamientos a todas las aerolíneas del mundo para que pidan la prueba COVID-19 negativa, antes de abordar los vuelos.
En el Código de Salud, en su artículo 130, dice que el Ministerio de Salud es el que controla, como autoridad competente, “las enfermedades transmisibles”, por lo que las instituciones públicas como la Policía Nacional Civil, Dirección General de Migración y la Fuerza Armada, entre otras, deben de prestarle “toda la colaboración”.
Así, el Gobierno del Presidente Bukele seguirá luchando contra el COVID-19, pese a la oposición de sectores políticos, la Asamblea Legislativa y la misma Sala de lo Constitucional.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
