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Resultados tangibles e históricos confirman altos niveles de seguridad pública
La seguridad pública sigue mejorando en El Salvador gracias a los planes y la estrategias implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, garantizando la paz y tranquilidad de la población honrada que durante los 30 años de los gobiernos de ARENA y FMLN fue víctima de los grupos criminales.
Uno de los frutos de las políticas de seguridad -que son el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción- es la drástica reducción de los asesinatos, que fue uno de los principales delitos con altas tasas en los gobiernos del bipartidismo político, derrotado en 2019.
Las mejoras en seguridad pública quedan evidenciadas en las estadísticas de los homicidios de abril de 2022 y de abril de 2023, que publicó el presidente Bukele en su cuenta de Twitter, con base a los datos de la Policía Nacional Civil (PNC).
«Abril 2023 es el primer mes del Régimen de Excepción que puede compararse con el mismo mes del año anterior (abril 2022), estando ambos meses dentro del mismo régimen. Y las cifras lo confirman: la seguridad en nuestro país continúa mejorando con el paso del tiempo», escribió el gobernante.
Según los datos oficiales, en siete de los primeros nueve días de abril de este año no hubo homicidios a escala nacional, mientras que en abril del año pasado hubo cinco. Los datos de abril de 2022 y de abril de 2023 contrastan con los registrados en años anteriores; por ejemplo, en abril de 2018 (el último año de Gobierno del FMLN) solo en los primeros nueve días hubo 104 homicidios.
El 1.° de abril de ese mismo año se registraron 15 asesinatos; el siguiente día fueron 10, mientras que el 3 totalizaron 10; el 4 de abril sumaron 13; el 5 llegaron a 8; el 6 fueron 11; el siguiente día la cifra se elevó a 20; el 8 hubo seis víctimas fatales y el 9 de abril 11, según los datos publicados por la PNC en redes sociales, los cuales compartió ayer el presidente Bukele, quien asumió la primera magistratura del país en 2019.
Desde entonces el Ejecutivo inició la implementación del PCT, que consta de siete fases, de las cuales ya está en ejecución la V, conocida como Extracción, que consiste en la instalación de un cerco de seguridad para sacar a los pandilleros que se esconden en barrios y comunidades, donde por años causaron luto y dolor a las familias honradas.
Esta fase comenzó a inicios de diciembre de 2022, en Soyapango, uno de los municipios de San Salvador caracterizados por el alto índice de homicidios y por el accionar de los grupos delincuenciales en colonias populosas como Las Margaritas y La Campanera, que ahora están libres de pandilleros.
La fase Extracción fue antecedida por Preparación, Oportunidades, Modernización e Incursión, que en su conjunto son acciones de prevención y represión contra las pandillas y el crimen organizado, por medio del fortalecimiento -legal y financiero- de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
El PCT, al igual que el régimen de excepción, han sido atacados por la oposición política (partidos, medios de comunicación afines y ONGs nacionales e internacionales), por la presunta violación de derechos humanos de los pandilleros.
En la Asamblea la oposición política de la anterior legislatura -al igual que en la presente- negó sus votos para financiar con $200 millones el PCT.
Además, mantiene su rechazo al régimen de excepción al no dar sus votos para aprobarlo ni prorrogarlo, a pesar de los evidentes resultados obtenidos luego de vigencia de la medida constitucional.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), hasta el 14 de mayo se reportan 8,734 siniestros viales; de esos, 5,889 lesionados y 549 muertos.
Del 1. ° de enero hasta el 14 de mayo de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registra 8,734 accidentes de tránsito en el país. La cifra representa 1,251 casos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 7,483, lo que equivale a un incremento del 17 %.
De acuerdo con el informe, la tendencia al alza también se refleja en el número de personas lesionadas, ya que en 2025 se reportaron 4,669 heridos, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 5,889, es decir, 1,220 más, por lo que hay un aumento del 26 %. En cuanto a la mortalidad, también se reporta un incremento en las personas fallecidas, con 549 víctimas en lo que va de 2026, frente a 439 registradas el año pasado. Esto significa 110 muertes adicionales, equivalente a un alza del 25 %.
El reporte añade que los detenidos por conducción peligrosa aumentaron un 8 %, al pasar de 769 en 2025 a 829 en 2026, lo que indica que hay 60 casos más hasta el 14 de mayo. Por otra parte, la mayor cantidad de siniestros viales se concentra en San Salvador, con 2,952 casos, seguido de La Libertad con 1,224 y San Miguel con 1.016.
La Fiscalía General de la República informó que, en coordinación con la Policía, ha destruido diversos tipos de droga, correspondiente a decomisos realizados en la zona occidental y en el área metropolitana de San Salvador.
De acuerdo al detalle, lo incinerado fueron 3,245.26 gramos de marihuana, 53.26 gramos de cocaína y 32.1 gramos de metanfetamina, vinculados a 15 diferentes casos de decomiso.
El valor estimado de esta droga en el narcomenudeo es de $ 84,518.47, informó la Fiscalía.
«Además, se hizo efectiva la destrucción de muestras de droga correspondientes a 36 casos ya finalizados y que habían sido resguardadas para fines procesales de la Superintendencia de Regulación Sanitaria», agregó la institución investigadora.
Dos violadores fueron procesados y condenados hasta con 16 años de cárcel, informó la Fiscalía General de la República.
Uno de los condenados es Daniel Enrique Cruz Jorge, quien purgará una pena carcelaria de 16 años por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La Fiscalía General de la República explicó que el delito fue cometido en septiembre de 2023.
«Por medio de una aplicación de mensajería móvil, el sujeto citó a la víctima a una casa del cantón Azacualpa, distrito de Panchimalco, municipio de San Salvador Sur. El imputado amenazó de muerte a la víctima para obligarla a llegar a la vivienda, y ella accedió por temor a las represalias. En ese lugar, el imputado abusó sexualmente de ella», determinó el ministerio público.
El caso fue denunciado y judicializado en 2024 y desde esa fecha el proceso avanzó hasta llegar a la vista pública. Además de la pena carcelaria, el Tribunal Cuarto de Sentencia San Salvador estableció que el violador debe entregar $2,400 en concepto de responsabilidad civil en favor de la víctima.
Otro condenado es Josué Alexander Maradiaga Chacón, quien estará diez años en la cárcel por el delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente.
De acuerdo con el expediente fiscal, Chacón privó de libertad a una joven, de 15 años, en horas de la noche el 31 de diciembre 2023.
La privación ocurrió en el barrio San Jacinto, San Salvador Centro. «Se la llevó a un rancho de playa, en La Libertad Costa. En ese lugar la mantuvo retenida por dos días y la obligó a ingerir bebidas alcohólicas y drogas, para abusarla», detalló la fuente fiscal.
Debido a los abusos, la víctima quedó embarazada y presentaba diversos moretes en su cuerpo. Luego de cometer la violación, el imputado regresó a la joven a su casa.
La madre de la joven al verla en ese estado la confrontó y al enterarse de lo sucedido acudió a interponer la respectiva denuncia contra Chacón.
La condena fue impuesta en presencia del imputado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la entidad fiscal durante el juicio.
