Nacionales
Resultados tangibles e históricos confirman altos niveles de seguridad pública
La seguridad pública sigue mejorando en El Salvador gracias a los planes y la estrategias implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, garantizando la paz y tranquilidad de la población honrada que durante los 30 años de los gobiernos de ARENA y FMLN fue víctima de los grupos criminales.
Uno de los frutos de las políticas de seguridad -que son el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción- es la drástica reducción de los asesinatos, que fue uno de los principales delitos con altas tasas en los gobiernos del bipartidismo político, derrotado en 2019.
Las mejoras en seguridad pública quedan evidenciadas en las estadísticas de los homicidios de abril de 2022 y de abril de 2023, que publicó el presidente Bukele en su cuenta de Twitter, con base a los datos de la Policía Nacional Civil (PNC).
«Abril 2023 es el primer mes del Régimen de Excepción que puede compararse con el mismo mes del año anterior (abril 2022), estando ambos meses dentro del mismo régimen. Y las cifras lo confirman: la seguridad en nuestro país continúa mejorando con el paso del tiempo», escribió el gobernante.
Según los datos oficiales, en siete de los primeros nueve días de abril de este año no hubo homicidios a escala nacional, mientras que en abril del año pasado hubo cinco. Los datos de abril de 2022 y de abril de 2023 contrastan con los registrados en años anteriores; por ejemplo, en abril de 2018 (el último año de Gobierno del FMLN) solo en los primeros nueve días hubo 104 homicidios.
El 1.° de abril de ese mismo año se registraron 15 asesinatos; el siguiente día fueron 10, mientras que el 3 totalizaron 10; el 4 de abril sumaron 13; el 5 llegaron a 8; el 6 fueron 11; el siguiente día la cifra se elevó a 20; el 8 hubo seis víctimas fatales y el 9 de abril 11, según los datos publicados por la PNC en redes sociales, los cuales compartió ayer el presidente Bukele, quien asumió la primera magistratura del país en 2019.
Desde entonces el Ejecutivo inició la implementación del PCT, que consta de siete fases, de las cuales ya está en ejecución la V, conocida como Extracción, que consiste en la instalación de un cerco de seguridad para sacar a los pandilleros que se esconden en barrios y comunidades, donde por años causaron luto y dolor a las familias honradas.
Esta fase comenzó a inicios de diciembre de 2022, en Soyapango, uno de los municipios de San Salvador caracterizados por el alto índice de homicidios y por el accionar de los grupos delincuenciales en colonias populosas como Las Margaritas y La Campanera, que ahora están libres de pandilleros.
La fase Extracción fue antecedida por Preparación, Oportunidades, Modernización e Incursión, que en su conjunto son acciones de prevención y represión contra las pandillas y el crimen organizado, por medio del fortalecimiento -legal y financiero- de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
El PCT, al igual que el régimen de excepción, han sido atacados por la oposición política (partidos, medios de comunicación afines y ONGs nacionales e internacionales), por la presunta violación de derechos humanos de los pandilleros.
En la Asamblea la oposición política de la anterior legislatura -al igual que en la presente- negó sus votos para financiar con $200 millones el PCT.
Además, mantiene su rechazo al régimen de excepción al no dar sus votos para aprobarlo ni prorrogarlo, a pesar de los evidentes resultados obtenidos luego de vigencia de la medida constitucional.
Cuatro pandilleros fueron condenados a 50 años de cárcel cada uno, por un feminicidio cometido en el distrito de Ilopango, San Salvador Este, así resolvió el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador.
Los condenados son Ricardo Adalberto Cruz, alias zurdo; Marco Antonio Andrés Meléndez, alias spoky; Cristian Xavier Calderón Belloso, alias cricri, y Cristian Ángel Andrés, alias cusu.
La Fiscalía General de la República logró demostrar con prueba documental, pericial y testimonial que los pandilleros cometieron el delito en el 2022.
La investigación determinó que, aproximadamente a las 9:00 p.m., uno de los hombres llegó a la casa de la víctima, quien era una estudiante que residía en la comunidad La Campiña, y debido a la amistad que había entre ambos, ella aceptó salir con él.
«Minutos después, mientras caminaban juntos, llegaron los otros tres y, sin mediar palabra, la golpearon a puño cerrado. Por medio de la fuerza, la hicieron subir a un automóvil y se fueron en dirección a la carretera de Oro. El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente, tirado en una canaleta de la carretera, con un disparo en la cabeza».
Los delincuentes huyeron de la escena, pero tres de ellos fueron capturados en flagrancia posteriormente.
En la investigación también se reveló que la víctima había comenzado a sufrir represalias de la estructura debido a la amistad que tenía con una joven vinculada sentimentalmente a un miembro del grupo terrorista.
Fuentes judiciales explicaron que durante la vista pública se acreditó, a través de activación de antenas telefónicas, que la joven salió de su casa y se reunió con uno de los agresores. Además, el ataque y el momento en que se la llevaron por la fuerza fueron vistos por testigos que identificaron a cada uno de los agresores.
El ministerio público explicó que, a excepción de Andrés, los imputados están recluidos en centros penitenciarios desde donde conocieron la pena carcelaria impuesta.
Los cuatro condenados también están a la espera de otros procesos por su vinculación por agrupaciones ilícitas, al ser integrantes de la pandilla 18 Sureños.
La Asamblea Legislativa autorizó ayer, con 57 votos, la ratificación de un contrato de préstamo para la instalación masiva de luminarias led en ejes viales estratégicos a escala nacional.
Se trata de un préstamo por $23.7 millones otorgado por la empresa AGM El Salvador, firmado el pasado 29 de abril tras la autorización de los legisladores el día 15 del mismo mes, con el que se intervendrán con iluminación tramos críticos en algunas de las carreteras más transitadas del territorio, bajo un modelo de financiamiento de préstamo por la empresa contratista.
El proyecto prioriza la seguridad de los conductores y la eficiencia energética a través de la instalación de luminarias led, las cuales serán desplegadas en puntos estratégicos de la carretera Troncal del Norte, desde San Salvador hasta Apopa.
Además, en la autopista Este-Oeste, conocida como carretera de Oro, en el tramo que conecta a Apopa con el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
Asimismo, incluye la cobertura completa del periférico Claudia Lars y la ruta entre el redondel de Sacacoyo y el puerto de Acajutla, para asegurar que los principales corredores logísticos del occidente y el Área Metropolitana se encuentren iluminados adecuadamente, con ello se reducirá el riesgo de accidentes de tránsito.
De acuerdo con el detalle del decreto aprobado, para ejecutar el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas invertirá $26.4 millones y la empresa contratista otorgará un préstamo en especie por $23,785,985.87, mientras que el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor del contrato.
Según el dictamen 215, emitido por la comisión de hacienda y especial del presupuesto del congreso, «mediante decreto legislativo 550 esta Asamblea autorizó al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o funcionario que designare suscribiere en nombre del Estado un convenio de préstamo en especie con la empresa contratista por el monto antes señalado».
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el fallecimiento del magistrado Rubén Alvarado, electo titular del organismo para el periodo 2024-2027.
Mediante un comunicado de prensa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó sus condolencias por la muerte de Francisco Rubén Alvarado Fuentes, electo magistrado titular de ese organismo para el periodo 2024-2027.
Alvarado fue electo de la terna propuesta por el partido FMLN a la Asamblea. Fue secretario para asuntos legislativos y jurídicos de la Presidencia de la República entre 2014 y 2019. Previamente fue director de Migración (2009-2012), y diputado suplente por el FMLN en las legislaturas 2003-2006 y 2006-2009. También fue asesor jurídico del TSE (1999-2008).
El partido de izquierdas rindió honor al magistrado, destacando labor profesional. Alvarado dijo en su entrevista de postulación que no formaba parte del instituto político desde 2019.
Tras la muerte del magistrado, asumiría el cargo su suplente, René Amilcar Claros, quien ha fungido como director de Capacitación y Educación Cívica del TSE y ha participado en 15 eventos electorales (desde 1998 a 2024).
Durante su entrevista de postulación en la Asamblea Legislativa, Claros propuso cambios a la estructura del tribunal y la implementación del voto electrónico a nivel nacional.
