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Ministerio de Salud monitorea medidas en puntos fronterizos por variante ómicron
El ministro de Salud advirtió esta mañana que «no debe bajarse la guardia» en los aeropuertos y en los accesos migratorios, ya que actualmente, los organismos sanitarios se encuentran en evaluación de la variante ómicron, que fue reportada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 24 de noviembre.
El funcionario enfatizó que se debe cumplir con el uso de la mascarilla, el distanciamiento, y evitar las aglomeraciones, ya que ómicron podría ser más transmisible que variantes anteriores. Estas medidas se deben cumplir en niños y adultos, y con especial énfasis en las personas con enfermedades crónicas. También informó que se encuentran monitoreando en los diferentes puntos fronterizos, a través de cada una de las Oficinas Sanitarias Internacionales.
«Es una variante de preocupación porque dentro de la estructura del virus se ha identificado que las proteínas de adherencia llegan a tener mutaciones muy similares a las de las variantes delta y gamma, a tal punto que se puede ver si tendrán un efecto negativo», dijo Alabi.
Por lo tanto, señaló que paralelo al cumplimiento de los protocolos sanitarios, la vacunación es prioritaria para generar defensas ante la enfermedad. «Es importante fortalecer la estrategia de vacunación para aumentar las defensas de la población para evitar la posibilidad de que se vean afectados por la nueva variante», enfatizó Alabi.
Por el momento, Salud continúa analizando la evidencia internacional sobre esta variante para tomar las decisiones oportunas sobre las medidas de contención epidemiológica.
Un accidente de tránsito múltiple se registró esta tarde en el distrito de Nueva Guadalupe, San Miguel Oeste, involucrando a un autobús de la ruta 333, un microbús de la ruta 16 y un camión.
Según informes de los socorristas de Comandos de Salvamento, tres personas resultaron lesionadas en el incidente. Las primeras investigaciones sugieren que la excesiva velocidad y la falta de distancia entre los vehículos podrían haber sido factores determinantes en el choque.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud y la identidad de las víctimas. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.
Johao Carlos Marín Fuentes fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente y constantemente de una menor de edad de febrero a agosto del año 2024, en una colonia del distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, departamento de San Salvador.
Con las abundantes pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía, se evidenció que el imputado convivía con varios familiares de la víctima, por lo que aprovechaba cuando se quedaba solo con la menor afectada para agredirle sexualmente en reiteradas ocasiones y de diferentes maneras.
Marín Fuentes amedrentaba a la víctima para que no dijera nada a nadie de lo que estaba sucediendo, a la vez que le ofrecía usar una tableta electrónica, a cambio de su silencio.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador validó todas las pruebas presentadas por los fiscales del caso e impuso la pena de prisión en mención y el imputado está obligado a $2,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
A Fuentes se le procesó por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en su modalidad de delito continuado.
La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura de cuatro venezolanos y un ecuatoriano que estafaron a diez víctimas con la falsa promesa de venta de vehículos.
Los detenidos son los venezolanos: Daniel Alejandro Guzmán, Bryan José Eduardo Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y el ecuatoriano Gabriel Andrés Ponce Ruiz.
Según las investigaciones, desde octubre del año 2024 a la fecha, los extranjeros crearon la corporación Venicars para la supuesta compra y venta de automóviles, y a las víctimas les hicieron creer que les podían otorgar créditos, financiamientos o compras programadas por los automotores que elegían.
Las víctimas hicieron pagos o depósitos desde los $5,000 a $10,000 dólares para adquirir los vehículos; sin embargo, luego les aseguraron que esos pagos eran en concepto de derecho para participar en asambleas en donde rifarían las compraventas de los vehículos. Ninguna de las víctimas recibió documento ni los autos, ni la devolución del dinero.
Los extranjeros serán procesados por cometer los delitos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
Las capturas y registros, realizados en San Salvador, se efectuaron con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección de Migración y Extranjería.
