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Mauricio Funes dice que le encantaría que el gobierno le aplicara la vacuna contra el COVID-19 a su padre
Mauricio Funes, actualmente prófugo de la justicia por delitos de corrupción, aseguró que le gustaría que su padre fuera uno de los beneficiados con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, adquirida por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Funes, a quien se le siguen seis procesos judiciales acumulando un gajo de delitos entre los que destacan Peculado, Agrupaciones Ilícitas, Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes, entre otros, cometidos durante su gestión presidencial entre 2009 y 2014, y que actualmente huye de la justicia, se consideró que es uno de los primeros en alegrarse con la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a El Salvador.
“Yo soy de los primeros que me alegro, por yo tengo a mi padre vivo aún que tiene 94 años y que entraría de hecho en el grupo de más alto riesgo, y me encantaría que fuera uno del grupo de más alto riesgo que pudiera ser vacunado”, dijo Funes este jueves durante una entrevista televisiva realizada desde Nicaragua, donde se encuentra escondido desde que se conoció las investigaciones en su contra.
Ayer se conoció que Costa Rica autorizó la extradición del suegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, acusado del delito de lavado de dinero.
Guzmán Berdugo es padre de Ada Mitchell Guzmán, madre de uno de los hijos de Funes y con quien reside en Nicaragua, es acusado de pertenecer a una presunta red de corrupción, encabezada por Funes, considerado responsable de sustraer de manera ilícita $ 351 millones del Estado, cuando fue presidente de la república.
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Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
