Judicial
Prisión para sujeto que asesinó a su vecino en La Libertad
Tomás Avelar Donado fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio de su vecino, Doroteo Antonio Alas Landaverde.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Donado cometió el crimen en horas de la tarde del 19 de marzo del año 2022, en la Colonia Campos II de Lourdes Colón, en La Libertad.
Tomas agredió a la víctima con un machete, lesionándole en la cabeza y en varias partes de su cuerpo.
La víctima logró escapar del homicida y fue trasladado hasta un centro médico, sin embargo, por la gravedad de las lesiones, falleció.
En el juicio, la FGR logró demostrar que el imputado tenía más de 30 años de conocer a la víctima y que siempre habían tenido diferencias personales.
La condena de prisión fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, el cual valoró los testimonios de personas que presenciaron los hechos, así como los peritajes y documentos recabados durante la investigación.
A Tomás Avelar se le juzgó por el delito de homicidio simple y además de la condena de cárcel deberá pagar $300 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Moisés Otoniel Portillo Morán, perfilado como un violador en serie, deberá cumplir su primera condena de prisión de 20 años; en juicio, el imputado fue declarado culpable de haber abusado sexualmente a una joven.
La víctima fue interceptada en la vía pública cuando iba rumbo a trabajar en la jurisdicción de Apopa.
La última audiencia contra el imputado se desarrolló en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador y en la misma se presentó suficiente prueba que demostró su culpabilidad.
Quedó evidenciado que el cinco de enero de este año, la víctima pretendía llegar a su centro de trabajo y cuando caminaba cerca de la Carretera de Oro, el referido criminal la abordó y al amenazarla con un arma de fuego logró llevarla hasta un sitio desolado en donde consumó el abuso sexual y luego se dio a la fuga.
La víctima interpuso la denuncia el 13 de febrero y mediante fotografía, logró identificar al violador, quien ya había sido capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), por otro delito.
Morán fue procesado por el delito de violación y otras agresiones sexuales.
Al momento, la FGR mantiene otras denuncias de víctimas que aseguran fueron abusadas por Portillo Morán, por lo que se espera se le sumen más años en la cárcel.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 50 años de prisión para Federico Antonio Galdámez, por el feminicidio agravado de su esposa.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, el imputado ejercía violencia física y psicológica contra la víctima de manera constante.
Según las indagaciones de la Fiscalía, la madrugada del 10 de junio 2022, el sujeto golpeó brutalmente a la víctima y la asesinó con objetos corto punzantes.
Los hechos sucedieron en la casa de habitación de ambos en cantón La Junta, Comalapa, Chalatenango. El día del suceso, la víctima pedía ayuda a sus vecinos mientras era maltratada por el imputado; cuando ellos llegaron, el agresor les dijo que ella se encontraba bien, sin dar mayor detalle.
Inconformes con la respuesta, los vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y de inmediato, los agentes llegaron al lugar. Al verificar la vivienda encontraron a la víctima fallecida.
La policía inició con la búsqueda del imputado y al ubicarlo, en su ropa tenía manchas de sangre, las cuales correspondían al tipo de sangre de la víctima.
Por esos hechos el imputado fue capturado en flagrancia.
El juicio fue desarrollado por el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador y gracias a la abundante prueba documental, testimonial y pericial, se logró la sentencia de prisión antes mencionada.
Asimismo, el juez ordenó que el hijo de la víctima reciba asistencia psicológica para una reparación integral.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
