Judicial
Mujer dejó a su pareja tras sufrir maltratos físicos y verbales, y él decide asesinarla junto a su cuñado
Selma Liseth Martínez Pérez, de 22 años, formó un hogar con José Jeremías Aquino Canizález, de 26, y producto de esa relación procrearon dos niñas.
Sin embargo, con el pasar de los años Canizález cambió su comportamiento para con su esposa, comenzó agredirla física y verbalmente; además, constantemente le recriminaba que tenía otra relación, según la información oficial de las autoridades.
Cansada de ese círculo de violencia, Selma decidió separarse de él y llevarse las niñas.
El 13 de noviembre de 2018, Canizález se presentó en la casa de Selma en San Francisco Menéndez, Ahuachapán, para reclamarle después de que ella se negara a regresar con él.
De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto llamó a la familia para decirles que fueran a recoger a Selma, ya que los estaba esperando.
Al llegar al lugar, el hermano y otros familiares de Selma la encontraron golpeada del rostro y otras partes de su cuerpo.
Al ser interrogada por la familia, ella relató que fue su esposo quien la golpeó por el hecho de que no quería regresar con él por la violencia a la que era expuesta.
Los familiares estaban en la vivienda cuando Canizález llegó con una pistola, el hermano de Selma trató de intervenir, pero el agresor le asestó un balazo.
La víctima fue identificada por las autoridades como Francis Edenilson Martínez Pérez, de 20 años.
Después apuntó el arma a Selma y le disparó. Fue una muerte instantánea. Después de cometer los asesinatos huyó, detallaron las autoridades.
A los cuatro días de haber cometido el doble homicidio, el criminal fue capturado en la frontera La Hachadura, en Ahuachapán.
Canizález enfrentó el juicio el jueves en el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Santa Ana donde el juez lo condenó a 58 años de prisión por el delito de feminicidio agravado, disparos por arma de fuego y lesiones en otro familiar.
También ordenó que debe cancelar a la familia de Selma $1,100 por responsabilidad civil.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
