Judicial
Mecafé es condenado a ocho años por lavar dinero
Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como «Mecafé» es un lavador de dinero y deberá pasar ocho años en prisión. Así lo ha definido el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador en la condena emitida por unanimidad.
La Fiscalía General de la República había solicitado la pena máxima de 12 años por el delito de casos especiales de lavado de dinero, pero el tribunal colegiado decidió imponerle ocho.
El juez Mauricio Marroquín Medrano le dijo a Mecafé. «Para este tribunal no hay ninguna duda que usted ha cometido el delito y debo hacer un juicio de culpabilidad y no tenemos ninguna duda que usted cometió este delito».
En el fallo, el juez mencionó que con las pruebas presentadas en la vista pública no dejó ninguna duda sobre el blanqueo de capitales que cometió «Mecafé», quien fue uno de los amigos más cercanos del expresidente prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y quien fue separado de esta causa penal en la fase de instrucción.
«Nadie puede obtener provecho económico ni de otra índole derivado del cometimiento de hechos delictivos», expresó Marroquín Medrano.
Por unanimidad los jueces dejaron claro que en este caso hay actos de corrupción precedentes a nivel indiciario», agregó el juzgador.
El tribunal resolvió que en el juicio hubo incriminaciones directas contra Menéndez Avelar, mediante testimonios rendidos. Uno de esos fue el del testigo criteriado, Jaime Ramón Aparicio Mejía, propietario de la empresa Servicios Calificados de la Construcción (Serdelco S.A.).
El empresario guatemalteco, llegó a confirmar que Miguel Menéndez Avelar, le pidió el avión Beechcraft King Air 90-TG ADL a cambio de adjudicarle la construcción del puente San Isidro, ubicado entre los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango.
«Mecafé», tiene pendiente otras dos causas penales por delitos de corrupción, es procesado por el caso conocido como «Saqueo Público» y «El Chaparral».
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la República, le probó al tribunal que a la constructora se le adjudicó de forma irregular el contrato de diseño y construcción del puente en el kilómetro 75 de la ruta vial que conecta la zona sur occidental con la zona norte del país.
Según el ministerio público, «Mecafé» y Mauricio Funes, tomaron posesión y utilizaron la aeronave que les regaló Jaime Ramón Aparicio Mejía, entre los años 2013 y 2016.
En la vista pública los fiscales acreditaron los viajes familiares que Funes y Menéndez Avelar hicieron a Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, incluso alquilaron el avión por $1,300 la hora.
En el itinerario de vuelo, fueron documentados 16 viajes que Mauricio Funes hizo a seis destinos, entre el 28 de marzo de 2013 al 31 de octubre de 2014, mientras que «Mecafé» efectuó 47 vuelos a siete destinos entre el 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre del año 2016.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
