Judicial
FGR pierde caso judicial que libera a 125 pandilleros del Barrio 18
En un nuevo caso judicial que pierde la Fiscalía General de la República (FGR), el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador dejó en libertad a más de 125 miembros de la pandilla Barrio 18 quienes fueron absueltos del delito de organizaciones terroristas.
De acuerdo con fuentes judiciales, el juzgador en este caso desestimó la declaración de un testigo clave de la Fiscalía, identificado únicamente como “Sócrates”.
Por su parte, la portavoz de la Fiscalía indicó que la resolución del juez será apelada y que existen elementos para demostrar la culpabilidad de los imputados.
Solo esta semana el Ministerio Público ha perdido importantes casos tras no presentar las pruebas suficientes que sustenten las acusaciones.
El pasado jueves, el alcalde del municipio de Ilopango, Adán Perdomo, también fue absuelto de los cargos que se le imputaban relacionados a la apropiación de víveres entregados por el Gobierno.
Tras finalizar la audiencia preliminar, el juez de instrucción determinó sobreseimiento definitivo para el edil del partido ARENA por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública.
El alcalde de Ilopango fue capturado 30 de noviembre del 2020 por agentes de Policía Nacional Civil (PNC), luego de que varias personas denunciaran en las redes sociales el hallazgo, en la sede de ARENA en Ilopango, de paquetes de alimentos repartidos por el gobierno durante la pandemia.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
