Judicial
Sala de lo Constitucional ordena a Hacienda el pago inmediato del Fodes a las alcaldías
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo y ha ordenado al Ministerio de Hacienda que pague inmediatamente el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) a las alcaldías.
El Ejecutivo, a través del ramo de Hacienda, mantenía una deuda de los fondos municipales desde el mes de junio de 2020.
El amparo que ha sido aceptado fue promovido por el alcalde de Santiago Texacuangos, Alberto Estupinián, quien expuso los problemas financieros de la comuna ante el impago del recurso.
En la admisión del recurso la Sala ordena que Hacienda “deberá llevar a cabo de manera inmediata las gestiones administrativas y financieras oportunas orientadas a depositar los fondos necesarios para que el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem) pueda realizar las transferencias de las cuotas del Fodes a todos los municipios del país”.
Los magistrados contemplaron que para que Hacienda no se vuelva a atrasar con el pago se debe incluir las transferencias del Fodes en el calendario de erogaciones que ya tiene definido la Dirección General de Tesorería.
Se debe “consignar en el aludido calendario las fechas asignadas para las transferencias de fondos respectivas, dicho calendario deberá comunicarse al Isdem” e “informado mensualmente a esta Sala mientras dure la tramitación de este proceso”.
También se ordena al presidente del Isdem, Ernesto Muyshondt, que también es alcalde de San Salvador, presentar en un plazo de tres días hábiles cómo se ha gestionado el Fodes en 2020.
El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, había indicado en repetidas ocasiones que el impago del Fodes se debe a que el país ha tenido que hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y a sus consecuencias económicas.
Los ediles y los diputados de la Asamblea Legislativa han criticado ese argumento diciendo que se trataba de razones políticas por las próximas elecciones y para ahogar financieramente a las alcaldías y que no pudieran hacer obras; de esta manera, la comunidad se molestaría con los alcaldes y no votaría por ellos en las elecciones del 28 de febrero.
«Sala de lo Constitucional falla para que el Ministerio de Hacienda deposite de inmediato los fondos FODES, que durante meses ha retenido de manera ilegal y por fines electoreros para perjudicar a las Alcaldías del país», tuiteó Muyshondt al conocer la resolución.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
