Judicial
Marero acepta que cobró remesa exigida con amenazas a muerte y recibe dura condena
Jonathan Alexander Mejía Menjívar admitió voluntariamente que extorsionó a su víctima en el oriente del país, a través de llamadas telefónicas a nombre de una estructura terrorista desde el departamento de La Libertad, por lo que fue condenado a ocho años de prisión.
La fiscal del caso de la Unidad Antiextorsiones de la sede de San Miguel corroboró en el juicio en el Juzgado Segundo de Sentencia con prueba pericial y documental lo dicho por el imputado.
Mejía Menjívar realizó llamadas telefónicas a la víctima con régimen de protección, el 9 de septiembre del año 2017 exigiéndole la entrega de $400.00 bajo a amenazas de muerte.
La víctima se comprometió a entregar solo $100.00, el 15 de septiembre a través del servicio de remesas de una compañía telefónica.
El dinero fue retirado por el imputado media hora después que fue depositado.
El Juzgado 8° de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Brayan Fernando A. M., de 23 años de edad y José Francisco H. G., de 48 años, acusados de robo agravado y lesiones.
Según el requerimiento fiscal, la detención se hizo el 9 de enero, a las 8:00 de la noche, por agentes de la Fuerza Operativa Conjunta Anti criminal, de la Subdelegación Centro Histórico de San Salvador, en la 8ª calle Poniente y 1ª avenida Sur. A José le decomisaron una navaja y un maletín propiedad de la víctima.
La víctima manifestó que momentos antes había estado conversando con su expareja sentimental; pero cuando se retiraban del lugar, un sujeto se acercó a la expareja y le dijo que se fuera con él.
Al ver la negativa, el sujeto realizó una llamada y la víctima escuchó que dio la dirección; luego, llegó una motocicleta con los ahora procesados quienes lo amenazaron, golpearon y robaron.
Judicial
Sala de lo Civil condena por enriquecimiento ilícito al expresidente de CSJ Agustín García Calderón
La Sala de lo Civil condena al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, por enriquecimiento ilícito y debe regresar al Estado $230,863.77, según lo ha confirmado la Fiscalía General de la República.
El 25 de mayo del año pasado los magistrados suplentes de la Cámara Primera de lo Civil lo habían exonerado argumentando que el ministerio público no probó que el expresidente del Órgano Judicial tuvo un incremento patrimonial no justificado entre el 2000 y 2009, años en los cuales García Calderón fungió como presidente de la CSJ.
Los magistrados de la cámara habían dicho que García Calderón tenía capacidad económica para ahorrar y comprar vehículos, agregaron que los fiscales de la Unidad Anticorrupción solo demostraron que fue funcionario público, pero no habían acreditado que tuvo un incremento patrimonial en exceso.
La Fiscalía acudió ante la Sala de lo Civil con una apelación mostrando su inconformidad por la exoneración dictada por la Cámara Primera de lo Civil ya que las pruebas incorporadas en la demanda eran contundentes.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promovió el juicio civil por irregularidades consistentes en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, cobros de seguros de vida pagados con fondos de la Corte Suprema de Justicia y una bonificación de retiro voluntario de la carrera judicial.
Sobre la última irregularidad planteada los fiscales expusieron en la audiencia probatoria que García Calderón pidió el retiro voluntario de la carrera judicial y beneficiarse con un bono de $28,283.64, pese a que no tenía derecho ya que hubo una preclusión del término para el período por el cual fue elegido como magistrado.
El ministerio público señaló que el exmagistrado debió seguir su jubilación apegándose a los requisitos que establece la Ley de la Carrera Judicial. Al recibir el bono hizo fraude de ley ya que los fondos salieron de la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Unidad Anticorrupción el expresidente de la CSJ, alteró el ordenamiento jurídico pues tuvo una conducta delictiva actuó y deshonró el principio de probidad que un funcionario público debe mostrar.
Imagen de referencia
Kevin Alexander Cerritos Barahona, pandillero de la MS, pasará los próximos 18 años tras las rejas de una prisión, tras ser encontrado culpable por los delitos de homicidio simple y tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Según la Fiscalía, la noche del 16 de febrero del año 2021, la víctima caminaba sobre el Bulevar San Bartolo en Ilopango, cuando fue interceptada por Cerritos Barahona, quien comenzó a dispararle, tras el ataque la víctima murió.
«Al cometer el crimen, el delincuente huyó del área, pero fue capturado por elementos de una patrulla, aproximadamente a 500 metros del lugar del atentado y le decomisaron el arma de fuego con la que momentos antes había disparado a su víctima», señaló el fiscal del caso.
Agregó que toda la prueba ofrecida por Fiscalía permitió que el juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador le impusiera 15 años de prisión por el delito de homicidio simple y le sumara tres por la portación ilegal de arma.
