Judicial
Autoridades del Colegio Médico exigen a la FGR dar con el responsable de quién cambio a bebés en el año 2015
La mañana de este martes, el Colegio Médico se pronunció sobre el caso de los bebés que fueron intercambiados en el año 2015 en el Centro Ginecológico debido a que aún se desconoce quién, o quiénes, fueron los responsables del intercambio y por la injusticia cometida contra el doctor Alejandro Guidos.
El profesional de la salud fue absuelto de los cargos de suplantación y alteración de estado familiar, pero autoridades del Colegio Médico piden a la Fiscalía General de la República (FGR) que actúe en este hecho y de con el paradero de los responsables de cambiar al niño Cushworth Casanellas.
Por su parte, el abogado del doctor Guidos, Ernesto Feusier, dijo que su defendido fu sometido a un caso injusto donde le “mancillaron su honor y su prestigio profesional”.
Guidos, quien siempre se consideró inocente de todo, en enero de 2017 presentó ante la FGR una denuncia para saber qué sucedió con el cambio de bebés y la razón de su detención, la cual consideran fue arbitraria.
Para el abogado de Guidos, es preocupante que a pesar de la denuncia impuesta la Fiscalía, la institución no ha hecho absolutamente nada.
“Prácticamente ya tenemos dos años esperando y la Fiscalía no ha hecho nada por encontrar a las personas responsables de dos cosas: una de qué fue lo que pasó con ese cambio de menor, pues todavía no sabemos quiénes son los responsables; y dos, por qué al doctor Guidos los detuvieron y no a las personas que son responsables del intercambio de los niños”, aseguró el abogado.
Por lo anterior, autoridades del Colegio Médico y el propio doctor Guidos, esperan que el titular de la FGR, Douglas Meléndez, y demás fiscales específicos en este tipo de suceso, actúen con prontitud para esclarecer el caso.
Por: El Blog.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
