Judicial
Autoridades del Colegio Médico exigen a la FGR dar con el responsable de quién cambio a bebés en el año 2015
La mañana de este martes, el Colegio Médico se pronunció sobre el caso de los bebés que fueron intercambiados en el año 2015 en el Centro Ginecológico debido a que aún se desconoce quién, o quiénes, fueron los responsables del intercambio y por la injusticia cometida contra el doctor Alejandro Guidos.
El profesional de la salud fue absuelto de los cargos de suplantación y alteración de estado familiar, pero autoridades del Colegio Médico piden a la Fiscalía General de la República (FGR) que actúe en este hecho y de con el paradero de los responsables de cambiar al niño Cushworth Casanellas.
Por su parte, el abogado del doctor Guidos, Ernesto Feusier, dijo que su defendido fu sometido a un caso injusto donde le “mancillaron su honor y su prestigio profesional”.
Guidos, quien siempre se consideró inocente de todo, en enero de 2017 presentó ante la FGR una denuncia para saber qué sucedió con el cambio de bebés y la razón de su detención, la cual consideran fue arbitraria.
Para el abogado de Guidos, es preocupante que a pesar de la denuncia impuesta la Fiscalía, la institución no ha hecho absolutamente nada.
“Prácticamente ya tenemos dos años esperando y la Fiscalía no ha hecho nada por encontrar a las personas responsables de dos cosas: una de qué fue lo que pasó con ese cambio de menor, pues todavía no sabemos quiénes son los responsables; y dos, por qué al doctor Guidos los detuvieron y no a las personas que son responsables del intercambio de los niños”, aseguró el abogado.
Por lo anterior, autoridades del Colegio Médico y el propio doctor Guidos, esperan que el titular de la FGR, Douglas Meléndez, y demás fiscales específicos en este tipo de suceso, actúen con prontitud para esclarecer el caso.
Por: El Blog.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
