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Gobierno realiza sobremuestra de pruebas COVID-19 por segundo día consecutivo en San Salvador
En cumplimiento a lo ordenado por el Presidente Nayib Bukele, por segundo día consecutivo el Ministerio de Salud (MINSAL) está aplicando pruebas de coronavirus en el municipio de San Salvador, para identificar el origen de un posible rebrote de la enfermedad.
Esta mañana, las cabinas de diagnóstico de COVID-19 del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE) se instalaron en la Plaza Salvador del Mundo. Los equipos se han ubicado en distintos puntos de la ciudad capital para facilitar el acceso de la población a las pruebas.
«Estamos verificando la instalación de las cabinas para la toma de muestras PCR. Se están realizando 3,000 pruebas para las personas que se acercan a las diferentes zonas en San Salvador», dijo el ministro de Salud, Francisco Alabi que verificó la jornada la mañana de este jueves.
Este jueves, el personal de primera línea del MINSAL completará un total de 1,000 pruebas PCR de coronavirus en San Salvador. Los tamizajes iniciaron ayer, miércoles 24 de septiembre, en este municipio.
El Presidente Nayib Bukele, desde la semana pasada, instruyó al ministro Alabi a realizar jornadas de sobremuestra de pruebas de COVID-19 en los municipios de Corinto, San Francisco Gotera y Cacaopera, departamento de Morazán; San Miguel; y Santa Rosa de Lima, La Unión; para trazar la trayectoria del virus, por sospecha de una segunda ola.
«Hemos visto cómo se ha identificado en el Oriente del país a través del tamizaje un incremento inusual, todo surgió en una muestra tomada en Corinto en la cual observamos 47 pruebas positivas del tamizaje de 300 pruebas», aseguró el ministro.
Las autoridades de Salud trabajan por identificar el lugar en donde ha iniciado un rebrote. Las pruebas PCR efectuadas en los referidos municipios reflejaron que San Francisco Gotera (Morazán) y Santa Rosa de Lima (La Unión) tienen un considerable aumento en los casos, razón por la cual el jefe de Estado ordenó establecer un cerco sanitario.
El cerco sanitario es una estrategia para la contención del virus. En los municipios con esta medida, el Gobierno está atendiendo a la población con la realización de más pruebas de coronavirus, entrega de Paquetes Alimentarios casa por casa, y suministro de medicamentos para todas aquellas personas que han tenido una PCR positiva.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continuará implementando las medidas necesarias para salvaguardar la vida de los salvadoreños ante la amenaza que representa el virus para su salud.
A 26 años y ocho meses de cárcel fue condenado el violador R. E. R. V., quien fue encontrado responsable de abusar de forma continuada de una adolescente a quien embarazó.
La pena se la impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, en la vista pública realizada por el delito de violación en menor o incapaz agravada.
Según la acusación que presentó la Fiscalía General de la República, el hombre quien convivía en la misma vivienda de la adolescente, aprovechaba cuando la víctima se quedaba sola para consumar los abusos sexuales.
El ministerio público plasmó en el expediente judicial que las constantes violaciones se dieron entre marzo de 2023 y septiembre de 2024 en el municipio de La Libertad Centro.
El caso comenzó a ser investigado cuando la madre llevó a la adolescente a pasar consulta a un centro asistencial, el personal que la atendió informó que estaba embarazada, por lo que el hecho fue denunciado ante las autoridades.
Por el tipo de delito y tratarse de una menor de edad, el expediente llegó hasta la fase de vista pública con reserva total del proceso.
Penas de hasta 81 años de prisión fueron impuestas a 23 terroristas homicidas de la Mara Salvatrucha, que delinquieron entre el 2015 y 2016 en la jurisdicción de Nejapa.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República probó a la jueza dos, del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, que como miembros activos de la célula territorial Nejapa Locos Salvatruchos, consumaron los delitos siguiendo órdenes de cabecillas del Programa Libertad [estructura jerárquica superior].
La mayor condena de 81 años de cárcel fue para William Alexander Castillo Zaldaña, alias «Saiper» y Daniel Adonías Ochoa Carranza, alias «Callejero», por tres casos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
La jueza también encontró responsables de dos homicidios a Jonathan Alexander Huezo Molina y a Jonathan Alexander Sánchez Farfán, alias «Tigre de Nejapa», quienes recibieron 56 años de prisión, además fueron sentenciados por su pertenencia a la Mara Salvatrucha.
El fallo judicial también ordena prisión de 31 años para Edwin Ernesto Ramírez, alias «Snoopy»; Jonathan Alexander Díaz Osuna, alias «Chonta»; Mauricio Alberto Sánchez Mesa, alias «Mystic» y Rodrigo Ernesto Nerio Aragón, alias «Ángel Black», por un caso de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros 15 pandilleros fueron condenados a diversas penas aplicándoles el Código Penal anterior, recibieron cinco años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en homicidio agravado.
Ciro Alberto Alfaro Campos, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por intentar asesinar a su hijo de 17 años, con un arma de fuego.
El hecho ocurrió en la colonia San Juan Buena Vista, jurisdicción de Colón, de La Libertad Oeste, al momento de realizar la verificación del atentado las autoridades encontraron un arma de fuego tipo revólver.
«Según las investigaciones, el detenido llegó en estado de ebriedad a su vivienda con un arma de fuego y amenazó de muerte a su compañera de vida, luego disparó contra el menor de edad», publicó la Policía Nacional Civil luego de arrestar al imputado.
Tras el hecho la PNC fue alertada y acudió de inmediato para atender la emergencia y auxiliar al adolescente quien fue trasladado a un centro asistencial con una lesión de gravedad.
Según la Policía, Alfaro Campos será remitido ante la Fiscalía General de la República por los delitos de intento de homicidio, amenazas agravadas, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego.
El caso será judicializado en el Juzgado de Paz de Colón, sede que definirá la situación jurídica del agresor y el ministerio público definirá si inicia el proceso por los tres delitos o modifica la acusación por otros ilícitos.
