Judicial
Esto declaró la exesposa de Eugenio Chicas sobre el supuesto abuso de la ahijada de ambos: «Los encontré teniendo relaciones…»
La exesposa del Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, ofreció detalles íntimos que comprueban la relación que el exfuncionario tuvo con la ahijada de ambos, cuando esta aún era menor de edad.
En su declaración, la mujer cuenta cómo Chicas comienza a apoyar a la joven, al principio costeando sus estudios y luego contratándola como doméstica, hasta que todo termina en una relación de pareja.
La exesposa de Chicas rindió su declaración y al menos tres páginas de esta se han hecho circular en redes sociales.
Según el testimonio de la mujer, quien reconoce que rompió su matrimonio con Chicas cuando este se relaciona con la menor, no hay duda alguna que el caso se remonta cuando la menor tenía apenas 14 años.
La mujer reconoce la difícil etapa que vivió, pero ha hecho honor a la transparencia, justicia y honestidad por la manera con que habla de lo sucedido sin tapujos y con fechas concretas.
Entérese cómo ocurrieron los hechos:
Eugenio Chicas se defiende y asegura que presionaron a su exesposa
“Yo a ella la respeto mucho por ser la madre de mi hija, pero desconozco qué métodos de presión hayan utilizado, porque la aportación de pruebas inició en mayo (de 2018) y el único testimonio calificado que presentaron hoy viene suscrito con fechas del día de ayer”, comentó el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República.
Chicas indicó, además, que junto a su equipo de abogados defensores presentó un requerimiento en donde solicita un peritaje psicológico y psiquiátrico para Bukele.
El fin de la solicitud de ambos exámenes, según el exfuncionario de Casa Presidencial (CAPRES), es para conocer si Bukele distingue el alcance de sus actos, si sabe distinguir lo ilícito de lo lícito y la realidad de la fantasía.
Tanto Bukele como Chicas se presentaron ante el Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, para presenciar el desarrollo de la audiencia especial de aportación de pruebas en contra del exalcalde de San Salvador, tras ser demandado por el delito de calumnia.
La audiencia tuvo como objetivo que el juez a cargo del caso escuchara el planteamiento de medios probatorios de los abogados, tanto de la parte acusadora como del acusado.
El hecho por el que ha sido acusado Bukele ocurrió el 16 de octubre del año 2017, cuando este se encontraba como invitado en un programa televisivo y durante el desarrollo del mismo expresó que Chicas habría participado en la comisión del delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
