ENTREGA ESPECIAL
ATAQUE SANGRIENTO | Hoy se cumplen 10 años en el que 17 pasajeros fueron carbonizados en un microbús en Mejicanos por disputa de poder entre las pandillas
“Los vecinos recordaban el horror de los gritos. Una señora me dijo que no sabía cómo iba a digerir eso, los gritos de alguien que está siendo calcinado”.
Diez años después, el periodista salvadoreño Eric Lemus recuerda con nitidez los detalles de la noticia que tuvo que cubrir para BBC Mundo el 20 de junio de 2010: la quema de un microbús con pasajeros a bordo en el municipio de Mejicanos a manos de las pandillas.
No es para menos: el ataque acabó siendo una verdadera masacre en la que murieron 17 personas en el interior del transporte o baleados mientras intentaban escapar de las llamas por las ventanas.
Organizado como venganza del Barrio 18 frente a sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13), este atentado está considerado como el más sangriento de las pandillas de El Salvador debido a una crueldad nunca vista hasta entonces contra la población civil.
La conmoción que dejaron aquellas dantescas imágenes fue tal que acabó por marcar la forma en que las autoridades pasaron a enfrentar el problema de las maras en el país desde entonces.
Sus efectos, según expertos, siguen vigentes a día de hoy.
Mejicanos es uno de los municipios más grandes del área metropolitana de San Salvador, golpeado casi a partes iguales por la pobreza y la violencia.
Como tantos otros, está terriblemente fragmentado por la pugna de las distintas pandillas presentes en el pueblo por controlar sus territorios. Y eso marca irremediablemente a quienes viven ahí, tengan poca o nula relación con estos grupos.
El 19 de junio de 2010, un miembro del Barrio 18 conocido como “Crayola” fue asesinado en una balacera en Mejicanos. Sus compañeros escucharon que los responsables habían huido en un microbús de la ruta 47 hacia una de las colonias controladas por la MS-13.
Su venganza apuntó por lo tanto a ese mismo transporte y a esa misma ruta. Era la manera de dejar claro a sus rivales que el crimen no quedaría impune, aunque los pasajeros que acabarían siendo sus víctimas no tuvieran nada que ver.
Al día siguiente, hombres de la 18 dispararon contra un microbús que venía de aquella misma colonia gobernada por la MS-13. Murió una niña y el conductor.
No está claro si este primer ataque fue producto de la desorganización interna de la pandilla o si pretendían distraer la atención de la policía de lo que, minutos después, se convertiría en su atentado más sangriento.
Aquel 20 de junio era domingo y llovía, pero eso no impidió que María Jesús Orellana estuviera vendiendo paletas por la calle, como cada uno de los siete días de la semana.
En temporada de lluvias aprovechaba también para vender paraguas. “Mi mamá se dedicaba a lo que había en cada época”, recuerda su hija Isamar en conversación con BBC Mundo.
Esa misma lluvia fue la que hizo a María Jesús apresurarse a tomar el microbús de la ruta 47 que la llevaría ya de noche de vuelta a casa.
Allí, en la colonia Montreal territorio de la MS-13, vivía con Isamar, de 18 años, y su otro hijo de 20. De su marido apenas sabían nada.
Isamar pasaba el fin de semana en casa de una amiga y su hermano trabajaba de noche, por lo que nadie esperaba en casa. A la mañana siguiente, una prima llamó a la joven para contarle sobre el ataque a un microbús y decirle que no encontraban a su madre por ningún sitio.
“Me preocupé, me regresé a mi casa y empezamos a llamarla por teléfono sin parar”, recuerda. Pero siempre saltaba el buzón.
Otro grupo de pandilleros del Barrio 18, distinto al del primer ataque, había estado esperando al microbús de la ruta 47 en el que viajaba María Jesús. Algunos de ellos ni siquiera alcanzaban la mayoría de edad.
Montaron y obligaron al conductor a desviar su ruta para acercarse al lugar donde había sido asesinado “Crayola”.
Allí dispararon contra la treintena de personas aterrorizadas, que se agolpaban en la parte trasera mientras veían cómo los pandilleros rociaban con gasolina la puerta y el pasillo del vehículo y le prendían fuego.
Los pasajeros a bordo con niños e incluso bebés trataron de escapar desesperados por las ventanas a medida que el microbús era consumido por las llamas. Pero al salir envueltos en humo y fuego, algunos eran ametrallados por pandilleros que los esperaban fuera.
La tragedia no duró más que unos pocos minutos. 17 personas murieron carbonizadas en el mismo lugar o a los pocos días en los hospitales, y otros sufrieron heridas de extrema gravedad.
Carlos Martínez, periodista del diario digital salvadoreño El Faro, cree que el fraccionamiento en la estructura del Barrio 18 y su escasa organización de entonces están detrás de la extraordinaria crueldad de este ataque contra la población.
“No fue una decisión de la estructura nacional de la pandilla sino por la clica (grupo local de la mara). Pasaron solo horas desde la muerte de ‘Crayola’ hasta la venganza, que fue planeada por muchachos jóvenes y de bajo perfil en la jerarquía del grupo”, le dice a BBC Mundo.
“No fue un atentado planeado, fue cosa de horas, un arrebato en caliente en el que se les fue la mano. Tanto así, que los perpetradores del crimen fueron castigados por la propia pandilla, algunos fueron asesinados por llamar tanto la atención y centrar el interés de las autoridades”.
Cuando el periodista Eric Lemus llegó, el microbús aún estaba en llamas y algunas de las víctimas yacían en el suelo.
Recuerda la consternación y el silencio sobrecogedor que reinaban aquel lugar. Algunos vecinos de un edificio cercano le dijeron que estaban en shock tras haber visto y escuchado los disparos y los gritos.
“Cuando vi aquello, se me activaron los chips de la guerra, de cómo cubrir una escena en conflicto. Estábamos en un escenario de guerra de baja intensidad”, le dice a BBC Mundo.
Pero cree que ni la guerrilla ni el ejército que participaron en la guerra civil salvadoreña que le tocó cubrir como periodista décadas antes habrían quemado un autobús con gente en su interior.
“Para nosotros, fue como una ruptura sobre lo que podía ser capaz algo que se podía ver entonces como un grupo marginal. Fue una masacre sin precedentes por el nivel de violencia y brutalidad masiva. El mensaje de crueldad había sido transmitido con éxito”.
Martínez, especialista en pandillas, coincide en que “a día de ahora, este ataque se sigue viendo en El Salvador como que reveló el rostro monstruoso de estas organizaciones criminales”.
Al llegar al lugar del atentado a la mañana siguiente, a Isamar le dijeron que fuera directamente a la morgue para comprobar si allí estaba su madre. Pero ella no perdió la esperanza y la buscó antes por todos los hospitales.
La encontró en una unidad de cuidados intensivos. Tenía el 89% del cuerpo quemado y solo la pudo reconocer, cuenta, por el color azul de las uñas de los pies que ella misma le había pintado la semana anterior.
Un detective le contó que un hombre que habría sobrevivido fue quien ayudó a su madre a salir del microbús, pero que cuando lo hizo, ya tenía las vías respiratorias quemadas.
Los médicos no le daban esperanzas de sobrevivir. Recuerda que, el primer día, su madre tenía unas cinco máquinas conectadas. Al cuarto, ya solo tenía una.
“El mismo detective me llamó para decirme lo que había pasado. Cuando vi la llamada, ya esperaba una mala noticia. Había muerto de un paro respiratorio”.
El sacerdote Antonio Rodríguez, párroco de Mejicanos en aquel entonces, escuchó los balazos desde su propia casa, a solo dos cuadras de la masacre.
Conocido como “padre Toño”, creó una asociación con los familiares de las víctimas para asistirles con ayuda médica, psicológica y becas de educación para quienes habían quedado huérfanos.
Asegura que lo hizo ante el abandono por parte de las autoridades. El entonces presidente salvadoreño, Mauricio Funes, prometió una indemnización de US$2.000 para cada familia que nunca llegó.
“El presidente dijo que, si les daban el dinero, iban a ser víctimas de extorsión. Yo les sugerí que entonces se lo dieran como entrada para una vivienda de protección social, pero el gobierno se negó”, le dice a BBC Mundo.
Ayudar a las víctimas no fue fácil al principio. Al trauma de perder a sus familiares en semejantes circunstancias, pronto se sumó el miedo a sufrir represalias por parte de las pandillas.
“La gente entró en una clandestinidad donde tenía mucho miedo de casa. Nadie quería hablar ni ser identificado, ni como sobreviviente ni como victima. Fue difícil hablar con ellos, todo el municipio quedó conmocionado”.
Isamar corrobora cada palabra del padre Toño. Tras la muerte de su madre, dice que su hermano y ella se quedaron “completamente solos” y que no quería estar en su propia casa por temor a que alguien fuera a hacerles daño.
El miedo aumentó cuando, dos meses después, su hermano decidió irse “de mojado” a Estados Unidos y ella quedó sola. La idea era que ella se reuniría con él un año después, cuando hubiera devuelto el dinero que le habían prestado para viajar.
Pero sus planes cambiaron cuando, al poco tiempo, quedó embarazada de su primera hija. “Pasé un embarazo tan malo que mi hija estuvo desnutrida en mi estómago porque yo nada más que vivía llorando por los recuerdos de mi mamá”, cuenta la joven.
Paradójicamente, el padre de su hija también había sido miembro de pandillas en el pasado. Isamar cuenta que llevaba cinco años alejado de ellas y trabajaba en un programa de reinserción del padre Toño.
“Al principio me dio un poquito de miedo al iniciar la relación, pero él fue la única persona que me ayudó a salir del agujero en el que estaba”, responde a la pregunta de si no tuvo temor por ese pasado en las mismas maras que habían destrozado su familia.
“Él ayudó a que me pusieran un psicólogo y así lo conocí. Yo ya no veía lo que él había hecho en su pasado, yo veía su presente y veía que era una persona diferente”.
Una nueva tragedia volvió a sacudir la vida de Isamar cuando a su pareja la mataron las pandillas en 2013. Fue entonces cuando decidió huir de El Salvador.
Expertos coinciden en que la brutalidad de la masacre de Mejicanos supuso “un antes y un después” en cómo la población salvadoreña pasó a percibir a las pandillas y, sobre todo, cómo las autoridades les hicieron frente desde entonces.
Lemus dice que “se esperaba que el gobierno, por ser de izquierdas (FMLN), buscaría otros métodos disuasorios. Pero el gobierno repitió el “manodurismo” que había hecho la derecha años atrás”.
Martínez coincide en que la masacre impidió “cualquier salida negociada” con las pandillas porque la población “estaba verdaderamente horrorizada” con lo ocurrido. “El presidente se vio en la obligación de mostrar fuerza”, dice.
Ese rechazo de la población salvadoreña a otro tipo de estrategias se vio por ejemplo durante la tregua que, tras un proceso secreto de negociación entre gobierno y pandillas, se tradujo en una importante reducción de asesinatos en el país entre 2012 y 2013.
Según Martínez, “la quema del microbús en la memoria colectiva de la población salvadoreña impidió e impide cualquier salida que no sea de corte policial, militar o punitiva para atender el problema de las pandillas”.
“Los efectos de ese hecho siguen vivos a día de hoy”, opina pocas semanas después de que el actual gobierno liderado por Nayib Bukele endureciera las condiciones de los pandilleros en las cárceles pese a las críticas de organismos de derechos humanos.
“La población de El Salvador es muy anuente a los planes de mano dura”, apunta.
Una de las consecuencias inmediatas del atentado en Mejicanos fue la “Ley de Proscripción de Pandillas” que declaraba ilegales a las maras y convertía en agravante de cualquier delito pertenecer a ellas. Sin embargo, los jueces encontraron en muchos casos de difícil aplicación.
En 2015, la Sala de lo Constitucional declaró a las pandillas como “grupos terroristas”. También englobó en este concepto a “colaboradores, apologistas y financistas” de estas estructuras.
El sacerdote Rodríguez interpreta que, de acuerdo a la Sala, “trabajar por la transformación de las pandillas puede terminar con una persona vinculada a grupos terroristas, lo que cerró la puerta a la reinserción de estos jóvenes”.
En 2014, el religioso fue condenado por los delitos de introducción de objetos ilícitos para los pandilleros en las cárceles y de tráfico de influencias.
Isamar lleva siete años viviendo en España, desde donde atiende a BBC Mundo y donde consiguió formar una familia y tener otras dos hijas.
El año pasado, su hermano fue a visitarla desde EE.UU. y pudo conocer por fin a sus sobrinas. Era la primera vez que se reencontraban en casi nueve años.
Entre los planes de Isamar está el poder estudiar enfermería, pero no contempla regresar a su país. “Me da mucho miedo y también porque creo que sería duro regresar al pasado, recodar todo otra vez”.
Dos de los principales responsables del trágico ataque en el que su madre perdió la vida cumplen condenas de 66 y 410 años de cárcel respectivamente, pero Isamar asegura que nunca les ha guardado rencor.
“Mi mamá era tan buena y sencilla que llegaba a casa y, aunque solo tuviera frijoles, ella te invitaba a comer. Que no se pierda esa esencia de la humildad, que las víctimas siempre sean recordadas y que no queden en el olvido”, pide.
“Y de las personas que lo hicieron, ya que Dios se encargue de ellos”.
ENTREGA ESPECIAL
El rastro de tres millones y un nombre: la filtración que reabre el debate sobre el laudo de Continental Towers
Hay conflictos empresariales que caben en un contrato. Este no es uno de ellos. Lo que empezó como una disputa entre socios por el control de Continental Towers LATAM Holdings —una plataforma de torres de telecomunicaciones con presencia en varios países de América Latina, El Salvador incluido— se convirtió en un litigio de años, con laudos en Nueva York, desacatos, órdenes de captura, extradiciones y una guerra de relatos que viaja de un expediente a un sitio web y de ahí a otra fiscalía.
Una carpeta de transferencias y correos —con sellos de Cayman National Bank, Credit Suisse y Charles Schwab— describe pagos fraccionados “a esta persona Goldstein” en el otoño de 2022. El hallazgo no anula por sí solo un laudo confirmado en Nueva York. Pero obliga a una pregunta que el arbitraje internacional no puede eludir: quién pagó, a quién y por qué, en medio de una guerra por torres de telecomunicaciones en América Latina.
En las últimas semanas, ese relato dio otro giro. Circulan, primero en publicaciones centroamericanas y ahora en una carpeta de doce páginas, documentos que pretenden reconstruir un circuito de dinero entre la Isla de Man, Suiza, Hong Kong y una cuenta en Charles Schwab & Co. El destinatario que aparece escrito en los correos no es un fondo ni una sociedad pantalla. Es un apellido: Goldstein.
Marc J. Goldstein, abogado de Nueva York, presidió el tribunal arbitral de tres miembros que, entre 2021 y 2025, emitió cinco laudos parciales y un laudo final en el caso Telecom Business Solution y otros contra Terra Towers Corp. y otros. Ese tribunal falló, de manera unánime, a favor de los inversionistas minoritarios —filiales de Peppertree Capital y AMLQ Holdings, vinculada a Goldman Sachs— y en contra de Terra Towers y de Jorge Hernández, el empresario que controla al grupo mayoritario.
Los papeles filtrados no prueban, por sí mismos, que Goldstein haya cobrado un soborno. Tampoco “destruyen” de manera automática la validez de los laudos, como han titulado algunos sitios. Un laudo arbitral no cae porque un PDF circule en internet. Cae, si es que cae, cuando un juez competente —en este caso, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que ya confirmó varios de esos laudos— declara fraude, cohecho o parcialidad evidente con el estándar exigente de la Federal Arbitration Act y de la Convención de Nueva York.
Eso no vuelve irrelevantes los documentos. Los vuelve más graves. Porque si son auténticos, obligan a una investigación formal sobre independencia del árbitro. Y si son fabricados, encajan en un patrón que el propio tribunal y el juez Lewis A. Kaplan ya describieron: una campaña para ensuciar al presidente del panel después de que el primer laudo ordenara poner en venta la compañía.
Quién pelea por qué
Continental Towers no es una empresa de escritorio. Opera infraestructura de telecomunicaciones —torres, sitios, contratos de arrendamiento— en una región donde ese activo vale porque concentra espectro, ubicación y flujo de caja. Según reportes del sector, el grupo controla o opera miles de sitios en América Latina, con un pie especialmente grande en Guatemala.
En 2015, inversionistas estadounidenses entraron al capital. Peppertree, a través de Telecom Business Solution LLC y LATAM Towers LLC, y AMLQ Holdings (Cay) Ltd. quedaron con cerca del 45 por ciento. Terra Towers Corp., sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y TBS Management, de Panamá, retuvieron la mayoría, alrededor del 55 por ciento, bajo el control de Hernández. El acuerdo de accionistas incluía una cláusula que, al vencer un período de bloqueo, permitía a los minoritarios forzar la venta de la compañía a un tercero.
Esa cláusula es el origen del arbitraje. Peppertree sostuvo que Terra se negó a contratar al banco de inversión y a poner la empresa en el mercado. Terra respondió que los minoritarios y ciertos ejecutivos habían cometido irregularidades, y que las autoridades de Guatemala, El Salvador y otros países estaban investigando fraudes. El tribunal arbitral, constituido ante el ICDR de la American Arbitration Association, con sede en Nueva York, no compró esa narrativa. En febrero de 2022 ordenó la venta. En agosto de 2022 sancionó a Terra por lo que describió como una campaña para construir “una narrativa falsa de criminalidad” contra el entonces CEO Jorge Gaitán y la COO Carol Echeverría. En marzo de 2025 cuantificó daños por más de 354 millones de dólares, con 25 millones en daños punitivos contra Hernández. En noviembre de 2025 emitió el laudo final.
Mientras tanto, en El Salvador avanza un proceso penal por administración fraudulenta. Hay exejecutivos detenidos en Guatemala cuya extradición pide San Salvador, y órdenes contra tres ejecutivos de Peppertree: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri. Hay expedientes en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Cada uno tiene partes, hechos y jueces propios. Confundirlos con el arbitraje de Nueva York, o con la investigación financiera sobre Goldstein, es el primer error que comete quien quiere un titular limpio y no un mapa.
Lo que dicen los papeles: una cronología de otoño de 2022
El expediente que esta redacción examinó —doce páginas, con tachaduras de nombres, números de cuenta, códigos SWIFT e IBAN— no es un informe pericial. Es un collage de comprobantes de wire y de correos internos. Su valor periodístico está en la secuencia. Su límite está en que no hay, en el dominio público, una certificación bancaria independiente que los autentique página por página. Eso debe decirse antes de citarlos.
Hecha esa salvedad, el relato que construyen es este.
5 de septiembre de 2022: entran 3,47 millones
La primera hoja registra un incoming wire por 3.475.644 dólares. Fecha: 5 de septiembre de 2022. El banco de origen aparece como Cayman National Bank (Isle of Man) Limited. El banco receptor: Credit Suisse AG. Las cuentas, el IBAN británico, el IBAN suizo y los códigos SWIFT están tachados con rectángulos negros. No hay, en esa página, el nombre de un beneficiario final. Solo el corredor: de una entidad de la Isla de Man hacia un banco suizo que, para entonces, ya estaba en la recta final de su absorción por UBS.
12 de septiembre: “a esta persona Goldstein”
Siete días después aparece el documento más comprometedor de la carpeta. Un correo con fecha 12 de septiembre de 2022, 10:41 a.m., enviado desde una cuenta @caymannational.com hacia una cuenta @credit-suisse.com. Los nombres de remitente y destinatario están tachados. El texto, no:
Hello
Thank you for the call. In regards to the 3.4 million we sent last week. Three million is to be distributed in 4-8 payments in USD over six months to this person Goldstein. The transfer dates and amounts are at your discretion. I have attached instructions. Contact me only, no copies.
Regards,
La frase “this person Goldstein” no identifica a Marc J. Goldstein. Tampoco a Joel Goldstein, el nombre que aparecerá más adelante. Identifica un apellido. En un correo bancario que pide no hacer copias, esa vaguedad no es menor: o es un código interno, o es una instrucción deliberadamente opaca, o es un documento armado para que el lector complete el apellido con el árbitro del caso.
El pie de página reproduce el descargo estándar de Cayman National: el correo es confidencial, está dirigido solo al destinatario y el banco se reserva el derecho de no actuar sobre instrucciones financieras recibidas por email. Es el tipo de cláusula que los bancos ponen en todos sus mensajes. No prueba autenticidad. Tampoco la descarta.
30 de septiembre: otros 908.032 dólares
Dos hojas posteriores —casi idénticas— registran un segundo incoming wire: 908.032 dólares, el 30 de septiembre de 2022, otra vez de Cayman National Bank (Isle of Man) Limited hacia Credit Suisse AG. De nuevo, cuentas tachadas. Si se suman las dos entradas visibles hacia Suiza, el total supera los 4,38 millones de dólares en 25 días. El correo del 12 de septiembre hablaba de “los 3,4 millones que enviamos la semana pasada” y de tres millones a distribuir. El segundo wire no está explicado en esa instrucción.
25 y 26 de octubre: Schwab y el Joel Goldstein Trust
Aquí el circuito deja de ser un movimiento entre bancos corresponsales y apunta a un destinatario nominado. Una hoja de “CHF wiring instructions” —fotografía de un documento, con sombras de fotocopia— indica:
- Banco origen: Credit Suisse AG.
- Fecha: 25 de octubre de 2022.
- Monto: 625.045 dólares.
- Cuenta destino: Charles Schwab & Co., Inc.
- Banco beneficiario: Citibank NA.
Al día siguiente, 26 de octubre de 2022, a las 10:14 a.m. EDT, un correo desde @credit-suisse.com hacia @citigroup.com, asunto “Wiring Instructions”, dice:
Dear [tachado],
Sorry for the worries. The destination account is the Joel Goldstein Trust. Schwab account No [tachado]
Best Rgds,
Credit Suisse, AG
Joel, no Marc. El detalle importa. En inglés jurídico y bancario, un trust con nombre de pila no es una metáfora: es un vehículo. Puede ser un fideicomiso familiar, un vehículo de planificación patrimonial, una cuenta de corretaje a nombre de un tercero. Nada en la carpeta demuestra que Marc J. Goldstein sea el settlor, el trustee o el beneficiario del Joel Goldstein Trust. Nada lo descarta. Esa es, precisamente, la pregunta que una unidad de inteligencia financiera tendría que resolver con requerimientos a Schwab y a Credit Suisse, no con un titular.
3 de noviembre: “Stop!”
El 3 de noviembre de 2022, 11:02 a.m., otro correo de @caymannational.com a @credit-suisse.com corta la operación:
Hello
There was a problem with the Goldstein instructions. Stop! I will follow with new instructions.
Regards,
La palabra “Stop!” —con signo de exclamación— es inusual en la prosa burocrática de un banco. Puede ser urgencia real. Puede ser teatro. En cualquier caso, el mensaje admite dos lecturas: o el circuito se trabó y hubo que reencauzarlo, o alguien dentro de la cadena detectó un problema de compliance —nombre, cuenta, coincidencia con una persona expuesta— y frenó el giro.
9 de noviembre: “la situación complicada con el americano”
Seis días después, un correo interno de Credit Suisse, enviado a las 5:41 a.m. EDT desde una cuenta del banco hacia otras dos del mismo dominio, con copia a @caymannational.com, cambia el tono. El remitente se identifica al pie como IWM UK/International, Singapore —banca privada internacional—. El texto:
I am following up on the discussion we had last week concerning this tricky situation with the American. It was nice to talk to you indeed…
I am in receipt of the 2.4 million and will hold the funds in the Hong Kong branch. I will plan to be in London next week.
“This tricky situation with the American.” “Los 2,4 millones.” “Los tendré en la sucursal de Hong Kong.” El correo no nombra a Goldstein. Pero está grapado, en la misma carpeta, a los mensajes que sí lo nombran. Quien armó el dossier quiere que el lector haga la conexión: el americano es el árbitro; los 2,4 millones son el remanente de los 3 millones que debían fraccionarse; Hong Kong y Londres son la logística de una operación que ya no quería dejar huella limpia en Suiza.
Esa conexión es una hipótesis de trabajo. No es una sentencia.
La tabla que el expediente obliga a mirar
Si se ordenan las cifras visibles, sin inventar las que no están, queda este esquema:
| Fecha | Documento | Monto visible | Qué dice |
| 5 sep 2022 | Incoming wire | US$ 3.475.644 | Isle of Man → Credit Suisse |
| 12 sep 2022 | Correo CNB → CS | US$ 3.000.000 (orden) | 4-8 pagos a “Goldstein” |
| 30 sep 2022 | Incoming wire | US$ 908.032 | Isle of Man → Credit Suisse |
| 25 oct 2022 | Instrucción de wire | US$ 625.045 | CS → Schwab / Citibank |
| 26 oct 2022 | Correo CS → Citi | Mismo giro | Joel Goldstein Trust |
| 3 nov 2022 | Correo CNB → CS | — | “Stop!” instrucciones Goldstein |
| 9 nov 2022 | Correo interno CS | US$ 2.400.000 (retenidos) | Hong Kong; “the American” |
Elaboración propia a partir del dossier de 12 páginas examinado por esta redacción. Los montos son los que aparecen impresos; las cuentas y los nombres de operadores están tachados en el original.
La coincidencia temporal que persiguen los investigadores
El borrador de trabajo que circula en redacciones centroamericanas —y que Diario El Salvador resumió el 23 de julio— habla de una unidad especializada en delitos financieros que compara fechas de movimientos con el calendario de laudos. Esa es, de hecho, la única metodología seria en un caso así. No basta con un apellido en un correo. Hace falta superponer el reloj.
El Segundo Laudo Parcial Final se firmó el 12 de agosto de 2022. Goldstein, Mélida N. Hodgson y Richard F. Ziegler lo suscribieron. Ese laudo, de 54 páginas en su versión pública, impuso sanciones a Terra, ordenó el pago de cientos de miles de dólares en costos del tribunal y retrató como artificio la denuncia penal contra Gaitán y Echeverría. Veinticuatro días después entra el wire de 3,47 millones. Siete días más tarde, el correo habla de fraccionar tres millones “a esta persona Goldstein” en un plazo de seis meses.
Seis meses a partir de septiembre de 2022 cubren, grosso modo, hasta marzo de 2023. En ese intervalo el caso no estaba cerrado: había confirmaciones judiciales en el Distrito Sur de Nueva York, nuevos escritos, y la maquinaria de ejecución de la venta. Un esquema de pagos fraccionados —si existió— no tendría que coincidir con un solo fallo. Tendría que coincidir con la vida útil de un tribunal que seguía decidiendo.
Eso es exactamente lo que una investigación financiera busca: no la foto de un soborno, sino la correlación. Origen de fondos. Beneficiario final. Relación entre el pagador y una de las partes. Relación entre el cobrador y el árbitro. Y, sobre todo, si alguna de esas circunstancias debió revelarse al ICDR y a las contrapartes bajo las reglas de independencia y divulgación.
Lo que el expediente de Nueva York ya dijo sobre el soborno
Aquí el reportaje se vuelve incómodo para quienes quieren un villano único. Porque esta no es la primera vez que el apellido Goldstein y la palabra “soborno” aparecen juntos en este caso. Es la segunda, y la primera ya fue litigada.
En marzo de 2022, pocas semanas después del primer laudo parcial, circuló en internet un texto atribuido a un “whistleblower” de Goldman Sachs. Decía que el banco había pagado 250.000 dólares a una cuenta de Goldstein en junio de 2021, el mes de su nombramiento como presidente del tribunal, y que el dinero era, en sustancia, un cohecho. El texto incluía los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del árbitro.
Goldstein lo negó bajo pena de perjurio. El tribunal, en el Quinto Laudo Parcial Final de marzo de 2025, concluyó que la acusación era falsa y que su publicación había sido un acto malicioso atribuible a Hernández. Impuso 25 millones de dólares en daños punitivos, entre otras partidas que sumaron más de 354 millones. El juez Kaplan confirmó laudos sucesivos y, en resoluciones de 2025 y 2026, describió las alegaciones de parcialidad evidente como una repetición de argumentos ya rechazados. En una opinión sobre el laudo final, el tribunal federal escribió que los intentos de anular el award por sesgo del presidente del panel carecían de mérito.
En noviembre de 2025, el propio Goldstein publicó en su bitácora Arbitration Commentaries una nota titulada “The Facts About the Alleged Corruption of Arbitrator Marc J. Goldstein”. Ahí sostiene que no recibió de la matriz de una de las demandantes ningún pago distinto de los honorarios y gastos de árbitro debidamente revelados, y que no tuvo relación ni comunicación con la persona señalada como desembolsadora del supuesto cohecho de 2021.
Ese historial no limpia, por arte de magia, los papeles de 2022 que ahora reaparecen. Un juez puede haberse equivocado. Un árbitro puede haber mentido bajo juramento. Un dossier nuevo puede ser verdadero aunque el anterior fuera falso. Pero un periodismo que ignore el expediente judicial y presente la filtración como la caída inevitable de los laudos está haciendo el trabajo de una de las partes, no el de una redacción.
Las dos publicaciones que anticiparon el dossier
El 17 de agosto, Hora 13 Noticias (h13n.com) publicó “Pruebas de sobornos a árbitro de New York destruye la validez de los laudos en el caso Continental Towers”. El texto reconstruye el mismo circuito —3,47 millones, la orden de fraccionar tres millones, los 625.045 dólares hacia Schwab, el Joel Goldstein Trust, el “Stop!” y los 2,4 millones en Hong Kong— y concluye que los laudos son nulos de pleno derecho, que Goldstein debe ser inhabilitado y que la ejecución sobre los activos de Continental debe revertirse.
Minuto 60 Panamá tituló en la misma línea: “Justicia a sueldo: laudos contra Terra Towers se derrumban tras filtración de pagos clandestinos al árbitro Goldstein”. Diario El Salvador, el 19 de agosto, recogió la tesis con menos cifras y más adjetivos: el supuesto soborno “opaca” la validez de las resoluciones; Goldstein “fue sobornado” para fallar a favor de Peppertree y Goldman Sachs.
Esas piezas hacen un servicio y un daño. El servicio: sacan de la oscuridad una carpeta que, si es genuina, merece fiscalías, no solo columnas. El daño: tratan como hecho consumado lo que es una cadena de indicios no peritados, y dan por “derrumbados” laudos que un juez federal de Estados Unidos ha confirmado. La Convención de Nueva York, que invocan, no opera como un interruptor mediático. El artículo V permite denegar el reconocimiento de un laudo cuando, entre otras causales, la composición del tribunal o el procedimiento se apartaron del acuerdo de las partes, o cuando el reconocimiento sería contrario al orden público del país donde se pide. Eso se litiga. No se declara en un lead.
Hay otro problema de oficio. Ninguna de esas notas responde, con nombre y apellido, una pregunta elemental: quién es el origen de los 3,47 millones. Cayman National Bank (Isle of Man) es un corredor, no un pagador último. Credit Suisse es un puente. Schwab es un destino. El beneficiario final del lado que envía —el cliente que ordenó el wire en la Isla de Man— no aparece. Sin ese nombre, el dossier describe una tubería. No describe un soborno.
Lo que falta para que esto sea un caso, y no un dossier
Una investigación financiera seria, de las que sí cruzan fronteras, tendría que responder al menos cinco preguntas antes de hablar de cohecho arbitral.
Uno. Autenticidad. ¿Los correos salieron de los servidores de Cayman National y de Credit Suisse? ¿Los metadatos, los encabezados, los hashes de los PDF coinciden con archivos nativos? Un collage de capturas con tachaduras es un punto de partida, no un hallazgo.
Dos. Identidad. ¿Quién es Joel Goldstein y qué relación, si alguna, tiene con Marc J. Goldstein? ¿El trust existe en Schwab? En un episodio anterior del mismo litigio, el tribunal dejó constancia de que una pesquisa sobre una cuenta fiduciaria atribuida al árbitro no halló tal cuenta. Esa historia no se borra. Se verifica otra vez.
Tres. Originador. ¿Qué cliente de Cayman National Bank (Isle of Man) mandó los 3,47 millones? ¿Es una parte del arbitraje, un afiliado, un intermediario, un tercero sin nexo? El cohecho exige un dador y un tomador. Hoy el dossier tiene un tomador presunto y un dador invisible.
Cuatro. Contraprestación. Los honorarios de un presidente de tribunal en un arbitraje ICDR de esta envergadura no son secretos para las instituciones que los administran. El ICDR registra depósitos y desembolsos. Si los 625.045 dólares —o los tres millones— coinciden con honorarios legítimos, el escándalo se desinfla. Si no coinciden, y no fueron revelados, el problema se agranda.
Cinco. Nexo decisorio. Aunque el dinero exista y el apellido coincida, falta demostrar que una decisión concreta del tribunal —la orden de venta, las sanciones de agosto de 2022, los 354 millones de 2025— fue comprada. Los tres árbitros firmaron en unanimidad. Hodgson fue nombrada por Terra. Anular un laudo unánime por el supuesto vicio de uno de los tres exige un listón alto: no basta la sospecha; hace falta la evidencia que mueva a un juez federal.
Mientras esas cinco preguntas no tengan respuesta en un expediente, lo responsable es decir lo que hay: una filtración grave, una coincidencia de apellido y de calendario, un patrón offshore que incluye Isla de Man, Suiza, Hong Kong y una casa de bolsa estadounidense, y un conflicto de control corporativo que ya produjo procesos penales en cuatro países y un juicio de ejecución en Manhattan.
Por qué el caso no cabe en Nueva York
El atractivo del arbitraje internacional es, en teoría, la neutralidad: un panel privado, una sede acordada, un laudo exportable. El riesgo, cuando el activo está en tierra latinoamericana y las partes se odian, es que el laudo se convierta en un artefacto que una jurisdicción no reconoce y la otra ejecuta.
En las Islas Vírgenes Británicas, sede de la matriz de Continental, equipos legales vinculados a Terra preparan —según el material de trabajo de esta investigación— acciones para cuestionar la validez y los efectos de los laudos. El argumento que se proyecta no es solo el de la parcialidad. Es el de la extralimitación: que el tribunal habría dispuesto sobre infraestructura y operaciones sujetas a regulaciones de telecomunicaciones de países que no fueron parte del compromiso arbitral. Ese planteo tampoco anula nada por el hecho de formularse. Pero explica por qué el caso “salió” de Nueva York.
En El Salvador, el expediente penal por administración fraudulenta vive una vida paralela. Los fiscales no están juzgando a Goldstein. Están juzgando, o persiguiendo, a ejecutivos. Mezclar ambos procesos es útil para la propaganda y tóxico para la prueba. Un juez salvadoreño no confirma ni vacía un laudo del ICDR. Un juez de Manhattan no absuelve ni condena por administración fraudulenta en San Salvador. La conexión es política y narrativa: la misma compañía, los mismos apellidos, dos teorías del caso que no pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo.
Una teoría dice: Hernández y Terra sabotearon la venta, fabricaron denuncias, acosaron a árbitros y a ejecutivos, y ahora reciclan una acusación de soborno que ya fue desestimada. La otra dice: Peppertree y sus aliados compraron un tribunal, usaron el laudo como ariete para tomar una empresa latinoamericana y dejaron a los fundadores a merced de un procedimiento extranjero. Los papeles de septiembre-noviembre de 2022 son el intento más reciente de hacer prevalecer la segunda teoría. El expediente del juez Kaplan es el muro más alto que esa teoría ha encontrado hasta ahora.
El estándar que sí importa
En Estados Unidos, la Federal Arbitration Act permite vaciar un laudo cuando hay “evident partiality” del árbitro o cuando el award se obtuvo por corrupción, fraude o medios indebidos. La jurisprudencia del Segundo Circuito —el que revisa al Distrito Sur de Nueva York— ha sido consistentemente restrictiva: el sesgo tiene que ser claro, no inferido del simple hecho de que una parte perdió. La Convención de Nueva York, en paralelo, deja a cada Estado la puerta del orden público.
Eso significa dos cosas a la vez. Primera: si una fiscalía o una unidad de inteligencia financiera demuestra que Goldstein recibió fondos ocultos de una parte, o de un intermediario de una parte, durante el procedimiento, el edificio de los laudos se agrieta de verdad. No en un portal. En un tribunal. Segunda: mientras esa demostración no exista, ejecutar la empresa, bloquear la venta o desacreditar en bloque a Hodgson y a Ziegler —que también firmaron— es una operación política vestida de reportaje.
Hay un tercer estándar, menos jurídico y más profesional. Un árbitro internacional vive de su reputación de independencia. Goldstein lo sabe: lleva años escribiendo sobre arbitraje. Precisamente por eso, la aparición de un trust con su apellido —aunque el nombre de pila no coincida— en una cadena Isle of Man–Credit Suisse–Schwab, en las semanas posteriores a un laudo controvertido, no es un asunto que pueda despacharse con un comunicado. Tampoco con una filtración anónima. Exige, de bancos y de autoridades, la trazabilidad que los propios correos dicen querer ocultar: “Contact me only, no copies.”
Coda
Las torres de Continental Towers seguirán emitiendo señal aunque este dossier sea auténtico o sea un montaje. Lo que no puede seguir emitiendo, sin costo, es la ficción de que el arbitraje internacional es un recinto inmune a la política, al dinero opaco y a la guerra sucia entre socios.
Los documentos de septiembre a noviembre de 2022 merecen ser peritados, no canonizados. El laudo de Nueva York merece ser defendido o atacado con prueba, no con adjetivos. Y las fiscalías de El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica merecen que nadie use sus expedientes como eco de un conflicto que se decide, para bien o para mal, en otra latitud.
Entre el wire de 3,47 millones y la frase “tricky situation with the American” hay un relato. Entre ese relato y un soborno demostrado hay un abismo de diligencia. Esta nota se queda en el borde de ese abismo, donde debe quedarse un periódico: con los papeles sobre la mesa, con el expediente judicial a la vista, y con la única certeza que el caso permite por ahora. Alguien movió millones en nombre de un Goldstein, en el otoño en que un Goldstein decidía el destino de una empresa latinoamericana. Quién, para quién y a cambio de qué es, todavía, el trabajo que falta.
NOTA DE MÉTODO Y USO DE LAS PRUEBAS
Aquí compartimos una breve guía de dónde entra cada pieza del PDF en esta nota, para quien desee ampliar con estos documentos y entender toda la investigación:
Archivos en PDF para consultar
Páginas 1 del PDF. Wire del 5 de septiembre de 2022 por US$ 3.475.644. Se cita en el subapartado “5 de septiembre de 2022: entran 3,47 millones” y en la primera fila de la tabla.
Páginas 2 y 3. Correo del 12 de septiembre y descargo de Cayman National. Es el corazón de la pieza. Va citado íntegro en “12 de septiembre: a esta persona Goldstein”. El descargo se menciona para no presentar el correo como un acto notarial.
Páginas 4 y 6. Wire duplicado del 30 de septiembre por US$ 908.032. Se usa en el subapartado correspondiente y en la tabla. La duplicación sugiere que el dossier fue armado con copias, no con un expediente bancario continuo.
Página 5. Instrucción de wire del 25 de octubre por US$ 625.045 hacia Charles Schwab / Citibank. Se describe en “25 y 26 de octubre”.
Página 7. Correo de Credit Suisse a Citi que nombra el Joel Goldstein Trust. Es la única identificación de un destinatario. Debe ir siempre con la advertencia de que Joel no es Marc.
Página 8. Correo del 3 de noviembre (“Stop!”). Cierra el tramo operativo y abre la hipótesis de un problema de compliance.
Páginas 9, 10 y 12. Descargos de Credit Suisse (Hong Kong / Singapur). No aportan hechos nuevos; sirven para geolocalizar la cadena en Asia y para no recortar el documento.
Página 11. Correo del 9 de noviembre sobre “the American” y los 2,4 millones retenidos en Hong Kong. Es el cierre narrativo del dossier y debe editarse con el mismo cautela que el correo del 12 de septiembre: sugiere, no demuestra.
Fuentes abiertas contrastadas para esta nota: laudos parciales del ICDR (caso 01-21-0000-4309); resoluciones del juez Lewis A. Kaplan en Telecom Business Solution, LLC et al. v. Terra Towers Corp. et al., 1:22-cv-01761 (S.D.N.Y.); bitácora de Marc J. Goldstein en lexmarc.us (11 de noviembre de 2025); coberturas de Inside Towers, Wireless Estimator y Global Arbitration Review; piezas de Hora 13 Noticias (17 de agosto de 2026), Diario El Salvador (23 de julio y 19 de agosto de 2026) y el material de trabajo de Minuto 60 Panamá.
ENTREGA ESPECIAL
Mujer de 84 años sobrevive tres días bajo los escombros tras terremoto en Indonesia
Una mujer de 84 años fue hallada con vida tres días después de que un fuerte terremoto destruyera por completo su vivienda en una isla de Indonesia, informó este miércoles un funcionario local, mientras el número de fallecidos por el sismo aumentó a 73.
Más de 900 personas resultaron heridas y cerca de 60.000 fueron desplazadas tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sábado las aguas frente a la isla indonesia de Flores, según la Agencia de Mitigación de Desastres (BNPB).
La vivienda de Paulina Pobi, ubicada en una pequeña isla al norte de Flores, fue una de las cientos de casas destruidas por el terremoto. La mujer quedó sepultada bajo las paredes de bambú que colapsaron durante el movimiento telúrico.
Pobi permaneció bajo los escombros hasta que su familia regresó a buscarla el martes. Inicialmente, sus familiares creían que había sido rescatada y trasladada a un refugio.
«Estaba como paralizada, no podía moverse ni hablar, así que su familia recién la encontró el cuarto día», declaró a la AFP el funcionario local Rudolfus Riba.
Riba indicó que la mujer se encontraba en buen estado de salud y no sufrió lesiones. «Solo estaba un poco débil porque llevaba días sin comer ni beber nada», explicó. «Parece irreal, casi como un milagro», agregó.
Desde el sábado se han registrado más de 3.000 réplicas, de las cuales al menos 86 fueron lo suficientemente fuertes como para ser percibidas por los residentes, según la agencia geológica BMKG.
Los constantes movimientos telúricos han provocado que muchas personas tengan demasiado miedo de regresar a sus viviendas. La BNPB informó que desde el sábado se han distribuido casi 400 toneladas de ayuda, incluidos alimentos, agua y medicamentos.
Indonesia registra terremotos con frecuencia debido a su ubicación en el denominado «Anillo de Fuego» del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica que se extiende desde Japón, atraviesa el sudeste asiático y cruza el océano Pacífico.
En 2004, un terremoto de magnitud 9,1 ocurrido frente a la costa de Sumatra provocó un tsunami que dejó unas 220.000 personas fallecidas en toda la región, incluidas aproximadamente 170.000 en Indonesia.
En medio de los escombros y la tragedia en Cali, una historia de esperanza conmovió a la comunidad luego de que Bomberos de Cali rescataran con vida a un perrito que permaneció atrapado durante más de 24 horas.
De acuerdo con el relato, al sentir la presencia de los rescatistas, el animal comenzó a ladrar repetidamente, como si intentara alertarlos de que se encontraba bajo los escombros y necesitaba ayuda.
Los equipos de rescate, junto con miembros de la comunidad, trabajaron para llegar hasta el lugar donde permanecía atrapado y finalmente lograron sacarlo con vida y ponerlo a salvo.
La mirada del perrito, marcada por el miedo, pero también por la esperanza, se convirtió en uno de los momentos que recuerdan que, en medio de una tragedia, cada vida importa.
El animal permaneció más de 24 horas entre los escombros antes de volver a estar a salvo y recibir nuevamente el contacto de las personas que participaron en su rescate.
