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El Control Territorial permite que productores cultiven sin el temor de ser asediados por pandillas
En las administraciones de ARENA y el FMLN, las pandillas y los grupos criminales afectaron a la población salvadoreña, y el sector agropecuario no estuvo exento de los terroristas, que provocaron luto, dolor migración y miles de hectáreas de tierra quedaron ociosas debido a que estos criminales agredían a los productores y los extorsionaban para dejarlos trabajar. Entre esos afectados estuvo Felipe, un productor de cítricos del occidente del país, a quien los pandilleros le asesinaron a su hermano cuando se dirigía a sus labores cotidianas, porque se atrasó con el pago de la extorsión. La víctima era técnico graduado de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA).
«Ahí asesinaron a mi hermano como consecuencia de la violencia que vivimos en tiempos anteriores. Ahí lo emboscaron», relata el productor.
Otro familiar del técnico dijo: «Para que me lo hayan matado a él, era porque aquí no se podía salir a los terrenos porque ahí andaban rondando los mareros».
El familiar agregó que su hermano le comentó que los terroristas lo contactaron y le exigieron $5,000 para no atentar contra su vida o la de otros parientes. La víctima entregó el dinero; sin embargo, los mareros lo asesinaron.
«La razón por la que lo asesinaron fue por la maldita renta [extorsión]», lamentó el hermano. Agregó que a raíz de esa pérdida dejaron de producir la tierra y los demás familiares migraron hacia Estados Unidos.
Otra afectada por los grupos terroristas fue Lucila, una productora de flor de jamaica. A ella y su familia los mareros les quemaron entre 10 y 15 manzanas de terreno cada año como medida de presión para que pagaran la extorsión. «He sido una mujer que he estado en los últimos 12 años luchando, porque ha sido muy doloroso uno de mujer enfrentarse a esta situación delincuentes y este tipo de situaciones que no has llevado a empobrecernos, en el área agrícola», aseguró la agricultora.
Lucila lamentó que en las administraciones anteriores no podía controlar sus cosechas. «Es como un desgaste económico y cada año teníamos ese mismo problema porque no teníamos protección del Gobierno y no podíamos denunciar ante las autoridades», dijo.
Para fortuna de Lucila, Felipe y miles de agricultores esa situación comenzó a cambiar con la llegada del presidente Nayib Bukele, que desde junio de 2019 implementó el Plan Control Territorial (PCT) y garantizó que los productores volvieran a cultivar las tierras.
El agro se reactivó aun más con la puesta en marcha del combate frontal contra las maras, con lo que los pandilleros cesaron el acoso a los agricultores debido a que la Policía Nacional Civil (PNC) junto con la Fuerza Armada han detenido a más de 65,000 terroristas de las diferentes pandillas.
«Señor ministro, si un día mira al presidente en persona dígale de mi parte muchas gracias por esto que hace. Si no fuera por el régimen de excepción, nosotros no estuviéramos contando la historia. Nos vino a ayudar en un 90 % tanto en agricultura, comercio y todo nos ha ayudado bastante. Aquí se mira el apoyo que es el humanitario», enfatizó el productor.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, ha externado que ahora ya tienen más agricultores y ganaderos en aquellas tierras que fueron abandonadas o que eran campamentos de esas plagas (mareros) que ahora se maquillan y huyen.
«Da tristeza saber que mientras en las zonas urbanas los pandilleros mataban a una persona solo por ir a otra colonia, en el campo las asesinaban solo por recoger sus naranjas, mandarinas y demás cosechas. Espero en Dios, todos sean capturados», expresó Domínguez.
Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.
La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.
«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.
En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.
La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.
Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.
«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.
Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.
Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.
En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.
El transporte público en El Salvador entrará en una nueva etapa de control y modernización con la implementación de sistemas de GPS y videovigilancia en todas las unidades a escala nacional, una medida que busca mejorar la seguridad, la transparencia y la eficiencia operativa del servicio, informó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, en entrevista Punto105.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto ya fue adjudicado y cuenta con orden de inicio, por lo que durante el transcurso de este año comenzarán las primeras instalaciones en buses y microbuses.
Asimismo, aseveró que la meta es ambiciosa, ya que buscan equipar aproximadamente 9,500 unidades de transporte colectivo, así como instalar tecnología en unas 5,000 paradas de autobuses en el Área Metropolitana de San Salvador. Se prevé que el proceso concluya en el primer semestre de 2027.
Uno de los principales aportes del sistema será la generación de información en tiempo real sobre el funcionamiento del transporte público, un aspecto que históricamente ha sido limitado.
«El sistema permitirá saber si las unidades están prestando el servicio, qué rutas siguen y con qué frecuencia circulan. Esto prácticamente viene a abrir una caja negra que ha existido durante años en el transporte público», señalaron las autoridades.
Además del control operativo, el proyecto también apunta a fortalecer la seguridad. La instalación de cámaras permitirá disuadir y registrar delitos dentro de las unidades, especialmente robos, al contar con evidencia visual en tiempo real.
Otro elemento clave es el monitoreo de la velocidad. A través del GPS, las autoridades podrán calcular la velocidad de circulación de las unidades, lo que facilitará la detección de excesos y contribuirá a mejorar la seguridad vial.
Las autoridades destacan que el uso de tecnología permitirá optimizar recursos, evitando la necesidad de supervisión física constante. «No es eficiente asignar una persona por cada unidad; la tecnología permite verificar el cumplimiento de normas de manera más efectiva», explicaron.
Este proyecto se enmarca en una serie de esfuerzos por modernizar el transporte público, en paralelo a iniciativas del sector privado, como la conformación de consorcios de empresarios, que buscan mejorar la eficiencia operativa mediante economías de escala.
