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APES pide a Fiscalía que actúe por informe de supuesto acoso gubernamental a periodistas, pero no se pronuncia por denuncias de violencia sexual en El Faro
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió a la Fiscalía General de la República que investigue las denuncias de los periodistas que aparecen en el informe de la Asamblea Legislativa sobre el supuesto acoso de funcionarios de gobierno, sin embargo, no actúa de la misma manera en casos como las denuncias de violencia sexual de periodistas en el periódico digital “El Faro” o los despedidos masivos e injustificados registrados a los largo de el año en La Prensa Gráfica o El Diario de Hoy.
La presidenta de la gremial, Angélica Cárcamo, aseguro que siguen pendientes de los casos de hurtos a periodistas y que “no es posible que la Fiscalía tenga un papel tan pasivo al respecto”.
La APES es la principal gremial de periodistas que existe en el país, sin embargo, carece de representatividad en el espectro de medios de comunicación de El Salvador, al grado que en la elección de sus cargos de dirección siempre desfilan los mismos rostros, con el agravante que en la mayoría de sus miembros no han ejercido el periodismo.
El pasado mes de julio se conoció sobre el caso de una periodista del periódico digital El Faro, quien señaló a uno de sus compañeros de trabajo, Carlos Martínez, que bajo efectos del alcohol, intentó violarla en una fiesta organizada en una casa ubicada en el lago de Coatepeque, en Santa Ana; sin embargo la APES no se pronunció sobre este caso en específico, sino, lo abordó de manera general ante este fenómeno que enfrentan las periodistas en los medios de comunicación.
Tampoco lo ha hecho en relación a los despidos masivos de periodistas registrados durante los últimos 15 años en La Prensa Gráfica y El Diario Hoy, donde la crisis que enfrentan por la caída de sus ventas, han tenido que recortar sus planillas o los salarios de sus colaboradores. Sin embargo emitió un comunicado cuando se registro la suspensión de contratos en medios estatales, mostrando la parcialidad con la que actúa en algunos casos donde se violan los derechos de los periodistas salvadoreños.
Cuatro pandilleros fueron condenados a 50 años de cárcel cada uno, por un feminicidio cometido en el distrito de Ilopango, San Salvador Este, así resolvió el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador.
Los condenados son Ricardo Adalberto Cruz, alias zurdo; Marco Antonio Andrés Meléndez, alias spoky; Cristian Xavier Calderón Belloso, alias cricri, y Cristian Ángel Andrés, alias cusu.
La Fiscalía General de la República logró demostrar con prueba documental, pericial y testimonial que los pandilleros cometieron el delito en el 2022.
La investigación determinó que, aproximadamente a las 9:00 p.m., uno de los hombres llegó a la casa de la víctima, quien era una estudiante que residía en la comunidad La Campiña, y debido a la amistad que había entre ambos, ella aceptó salir con él.
«Minutos después, mientras caminaban juntos, llegaron los otros tres y, sin mediar palabra, la golpearon a puño cerrado. Por medio de la fuerza, la hicieron subir a un automóvil y se fueron en dirección a la carretera de Oro. El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente, tirado en una canaleta de la carretera, con un disparo en la cabeza».
Los delincuentes huyeron de la escena, pero tres de ellos fueron capturados en flagrancia posteriormente.
En la investigación también se reveló que la víctima había comenzado a sufrir represalias de la estructura debido a la amistad que tenía con una joven vinculada sentimentalmente a un miembro del grupo terrorista.
Fuentes judiciales explicaron que durante la vista pública se acreditó, a través de activación de antenas telefónicas, que la joven salió de su casa y se reunió con uno de los agresores. Además, el ataque y el momento en que se la llevaron por la fuerza fueron vistos por testigos que identificaron a cada uno de los agresores.
El ministerio público explicó que, a excepción de Andrés, los imputados están recluidos en centros penitenciarios desde donde conocieron la pena carcelaria impuesta.
Los cuatro condenados también están a la espera de otros procesos por su vinculación por agrupaciones ilícitas, al ser integrantes de la pandilla 18 Sureños.
La Asamblea Legislativa autorizó ayer, con 57 votos, la ratificación de un contrato de préstamo para la instalación masiva de luminarias led en ejes viales estratégicos a escala nacional.
Se trata de un préstamo por $23.7 millones otorgado por la empresa AGM El Salvador, firmado el pasado 29 de abril tras la autorización de los legisladores el día 15 del mismo mes, con el que se intervendrán con iluminación tramos críticos en algunas de las carreteras más transitadas del territorio, bajo un modelo de financiamiento de préstamo por la empresa contratista.
El proyecto prioriza la seguridad de los conductores y la eficiencia energética a través de la instalación de luminarias led, las cuales serán desplegadas en puntos estratégicos de la carretera Troncal del Norte, desde San Salvador hasta Apopa.
Además, en la autopista Este-Oeste, conocida como carretera de Oro, en el tramo que conecta a Apopa con el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
Asimismo, incluye la cobertura completa del periférico Claudia Lars y la ruta entre el redondel de Sacacoyo y el puerto de Acajutla, para asegurar que los principales corredores logísticos del occidente y el Área Metropolitana se encuentren iluminados adecuadamente, con ello se reducirá el riesgo de accidentes de tránsito.
De acuerdo con el detalle del decreto aprobado, para ejecutar el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas invertirá $26.4 millones y la empresa contratista otorgará un préstamo en especie por $23,785,985.87, mientras que el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor del contrato.
Según el dictamen 215, emitido por la comisión de hacienda y especial del presupuesto del congreso, «mediante decreto legislativo 550 esta Asamblea autorizó al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o funcionario que designare suscribiere en nombre del Estado un convenio de préstamo en especie con la empresa contratista por el monto antes señalado».
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el fallecimiento del magistrado Rubén Alvarado, electo titular del organismo para el periodo 2024-2027.
Mediante un comunicado de prensa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó sus condolencias por la muerte de Francisco Rubén Alvarado Fuentes, electo magistrado titular de ese organismo para el periodo 2024-2027.
Alvarado fue electo de la terna propuesta por el partido FMLN a la Asamblea. Fue secretario para asuntos legislativos y jurídicos de la Presidencia de la República entre 2014 y 2019. Previamente fue director de Migración (2009-2012), y diputado suplente por el FMLN en las legislaturas 2003-2006 y 2006-2009. También fue asesor jurídico del TSE (1999-2008).
El partido de izquierdas rindió honor al magistrado, destacando labor profesional. Alvarado dijo en su entrevista de postulación que no formaba parte del instituto político desde 2019.
Tras la muerte del magistrado, asumiría el cargo su suplente, René Amilcar Claros, quien ha fungido como director de Capacitación y Educación Cívica del TSE y ha participado en 15 eventos electorales (desde 1998 a 2024).
Durante su entrevista de postulación en la Asamblea Legislativa, Claros propuso cambios a la estructura del tribunal y la implementación del voto electrónico a nivel nacional.
