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Internacionales

Pandillero salvadoreño y su compañera de vida son sentenciados a cadena perpetua por torturar y asesinar a niño de 10 años

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La madre del pequeño Anthony Ávalos y su novio fueron sentenciados este martes a pasar el resto de sus vidas en la cárcel por el asesinato del menor de 10 años, que murió en 2018 en California, tras sufrir una serie de abusos y torturas.

El juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Sam Ohta, condenó a Heather Barron, de 33 años, y Kareem Leiva, de 37, sin posibilidad de libertad condicional.

El caso causó conmoción en Estados Unidos debido a la brutalidad con la que el menor fue tratado antes de su muerte. Según detallaron los fiscales en el juicio contra la pareja, Anthony había sido golpeado en la cabeza, quemado con cigarrillos, se le había negado agua y comida e incluso se le obligó a arrodillarse por horas.

El mes pasado, ambos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado con tortura en un juicio sin jurado. También fueron declarados culpables de abusar de otros dos niños en su casa de Lancaster.

Pero no fue hasta este martes que el juez de la Corte Superior, Sam Ohta, los condenó a ambos después de escuchar las emotivas declaraciones de los familiares y amigos del niño.

«Los monstruos deben estar en una jaula», «espero que el resto de tu vida te sientas culpable», «torturaste a este niño y le quitaste la vida» y «perdimos un pedazo de nuestro corazón», expresaron con lágrimas miembros de la familia paterna de Anthony, quienes vistieron de negro como si estuvieran en un funeral, en la audiencia condenatoria este martes. Ellos le pidieron al juez que les impusieran el máximo castigo posible.

El juez calificó a Anthony Avalos como un “niño indefenso” que depende de su madre para sus necesidades básicas.»En cambio, Athhony fue torturado y asesinado», subrayó Ohta.

Estos son los cinco momentos que marcaron el caso de Anthony Ávalos:

El 20 de junio de 2018, los agentes del condado de Los Ángeles acudieron a la casa de Anthony tras una llamada al 911 en la que reportaban la caída de un menor.

Anthony no tenía pulso ni respiraba cuando llegaron los paramédicos. Los médicos no pudieron reanimarlo y fue trasladado al UCLA Mattel Children’s Hospital, donde fue declarado muerto al día siguiente.

En su reporte, los médicos dijeron que estaba severamente desnutrido y deshidratado.

Los paramédicos que acudieron a la escena, entre lágrimas, relataron tiempo después, durante el juicio, lo que encontraron al llegar a la casa del menor: «el niño tenía los ojos hundidos, podías contar sus costillas, sus rodillas tenían llagas, parecía muerto”, dijo el bombero Ronald Watts.

Luego de que las autoridades sospecharon de maltrato, iniciaron una investigación. La autopsia fue una de las herramientas clave para poder arrestar a su madre y su padrastro.

El reporte forense mostró señales de abuso prolongado en todo el cuerpo del menor. Su piel estaba magullada y quemada de pies a cabeza. Estaba completamente deshidratado y sus riñones habían dejado de funcionar por completo. El documento también mostró que tenía un traumatismo contundente en la cabeza.

Barron y Leiva fueron detenidos en 2018 y han permanecido en la cárcel desde esa fecha sin derecho a fianza.

Kareem Ernesto Leiva es un indocumentado nacido en El Salvador, y ha sido identificado como un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). Según documentos judiciales, golpeó a otro recluso y, anteriormente, enfrentó cargos de violencia doméstica en 2010 y 2013.

Tras la muerte del menor y el reporte de los médicos, las autoridades comenzaron a investigar y a buscar a los responsables. Los fiscales alegaron que el niño fue asesinado intencionalmente mediante tortura.

Las pruebas señalaron que Anthony, durante años, había sido golpeado y azotado de manera rutinaria junto con otros niños, lo habían tirado repetidamente sobre su cabeza, aplastado contra el piso o los muebles, había sufrido quemaduras con cigarrillos y en ocasiones le negaron agua y comida o lo alimentaron a la fuerza.

La Fiscalía dijo también que Leiva rociaba salsa picante en la cara de los niños; los obligó a pelear entre sí, y el “perdedor” era castigado por él.

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También se acusó a la pareja de obligar a Anthony a arrodillarse sobre arroz seco crudo en un piso de concreto todos los días durante tanto tiempo que a menudo sangraba. Mientras estaba arrodillado, los dos adultos también lo golpeaban.

También en el juicio, dos de los ocho hermanos de Anthony, Destiny, de 13 años y Rafael, de 12, dieron más detalles de la crueldad a la que eran sometidos.

Destiny dijo que la pareja impedía a los menores que salieran de sus cuartos, los cuales incluso tenían alarmas por si se atrevían a hacerlo. Al estar encerrados, tenían que orinar en la alfombra en ocasiones.

Inicialmente la Fiscalía de Los Ángeles había pedido la condena de muerte contra los acusados, pero tras la llegada del fiscal George Gascón, que está en contra de la pena capital, se rebajó la solicitud de sentencia a cadena perpetua.

Durante el juicio, el abogado defensor de Barron argumentó que Leiva abusaba de ella y que la madre “no podía evitar” que su pareja lastimara a los niños.

La Fiscalía mostró evidencia que también la inculpa a ella, como el audio de su llamada al 911, el video de la cámara en el uniforme de un policía que llegó a su casa y la grabación de la entrevista que le hicieron los detectives.

El año pasado, el condado de Los Ángeles acordó pagar $32 millones para resolver una demanda presentada por el padre del niño y sus tres hermanos por su muerte.

La demanda alegó que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado desestimó 13 informes de acusaciones de abuso que involucraban a Anthony de parte de familiares, maestros, consejeros e incluso la policía. La agencia nunca trató de sacar al niño de la casa.

A raíz del acuerdo, el departamento dijo que había tomado “medidas significativas para mitigar el riesgo de daño a los niños” y se comprometió a continuar con los cambios necesarios para rectificar sus errores.

La muerte de Anthony despertó gran indignación en Los Ángeles por las similitudes con el caso de Gabriel Fernández, de 8 años, que murió en mayo de 2013 a causa de las torturas que recibió de su madre y el novio de esta.

El Departamento de Servicios para Niños y Familias también vigilaba el caso de Gabriel.

Pearl Fernández, madre de Gabriel, fue condenada a cadena perpetua tras declararse culpable. Isauro Aguirre, novio de la mujer, fue sentenciado a muerte por el asesinato del niño.

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Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala

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Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.

El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.

Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.

En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.

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La OMS declara Uganda libre de ébola

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Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.

«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.

La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».

Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.

El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.

El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.

Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.

Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.

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Irán ejecutó a más de 500 personas en lo que va de 2026, afirma ONG

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Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.

La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.

Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.

«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.

Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.

El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».

«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.

Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».

El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».

La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.

Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.

Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».

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