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MASACRE | Ataque aéreo del ejército deja al menos 80 muertos en un concierto en Myanmar
El bombardeo aéreo contra los asistentes a un festival de música el domingo en el norte de Myanmar, que provocó entre 50 y 80 víctimas mortales, es la última prueba de la escalada de violencia de la junta militar birmana y de su supuesta “desesperación” por mantener el poder.
Era el turno de Aurali, un famoso cantante de la etnia minoritaria kachin, cuando el domingo por la noche cuatro aviones de combate del ejército birmano transformaron un festival de música en una masacre, matando e hiriendo a decenas de civiles, en el que se considera como el peor ataque aéreo desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Aurali sucumbió al fuego de artillería en el escenario, según el portal Kachin News, mientras conmemoraba el 62° aniversario de la fundación de la Organización para la Independencia de Kachin (KIO), en una región lindante con China controlada por una guerrilla de la etnia homónima que lleva décadas enfrentada al ejército birmano.
“Para los militares, toda la población kachin está conectada con la KIO (que tiene un brazo armado, el Ejército para la Independencia de Kachin), de modo que no distinguen entre civiles y rebeldes”, dice un portavoz del Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés).
El NUG, formado en parte por miembros del gobierno civil de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, derrocado en 2021 por los militares, condenó rápidamente el ataque por parte del que tilda de “ejército terrorista”.
Horrific reports of 60 killed & 200 injured by Burmese military airstrikes on a music festival in Kachin State last night. We are trying to confirm details.
— Burma Campaign UK (@burmacampaignuk) October 24, 2022
We renew our call for aviation fuel sanctions to try to help stop these attacks.
Footage from WeChat. pic.twitter.com/l8BoX1kAcb
“Es posiblemente una táctica movida por la desesperación: cuanto más fuerte ataquen a la población, creen que antes se rendirán”, dice este portavoz desde el exilio, quien considera que el Ejército “está perdiendo terreno frente a los rebeldes y ya solo les queda utilizar sus fuerzas aéreas, de las que no dispone ningún grupo”.
Un análisis prácticamente imposible de verificar desde Myanmar, dado que el país ha quedado sometido a un semi apagón informativo desde el golpe, con una renovada persecución a disidentes, periodistas y un sistema de telecomunicaciones disfuncional que lo mantiene a oscuras.
Más aún en los lugares atacados: la localidad de Hpakant, donde ocurrió el bombardeo, se encuentra cercada y las telecomunicaciones cortadas, confirman fuentes desde el terreno que guardan el anonimato, que aseguran que los militares no permiten que los heridos sean trasladados a hospitales cercanos.
“Se habla de entre 50 y 80 fallecidos, pero es una cifra que previsiblemente va a crecer, porque hay muchos heridos graves y no pueden ser atendidos”, dicen estas fuentes.
El ataque, en general uno de los más cruentos desde que los militares se instalaron en el poder, poniendo fin a una década de transición democrática, ha sido condenado por representantes diplomáticos de diversos países, entre ellos Australia, España, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, así como varias ONG.
En un inusual comunicado, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) expresó hoy su “grave preocupación” por la reciente escalada de violencia en Myanmar e hizo un “llamamiento urgente a todas las partes involucradas” a tomar “medidas concretas”.
La declaración del grupo (formado por Myanmar, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia y Brunéi) se produce en la víspera de su reunión de emergencia este jueves en Yakarta para estudiar la situación en Myanmar.
En ella se espera que se revisen los cinco puntos de consenso alcanzados en abril del año pasado por los mandatarios de la ASEAN y el líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, entre los que se encuentra el “cese inmediato de la violencia” contra civiles.
Condena internacional
Un objetivo que, a tenor de lo ocurrido el domingo, parece difícil de alcanzar, entre críticas a la ASEAN y a la comunidad internacional por la falta de acción ante un conflicto con visos de enquistarse.
El golpe de Estado militar ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica, abriendo una espiral de violencia con nuevas milicias civiles, entre ellas el brazo armado del NUG, que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Desde el 1 de febrero de 2021, cerca de 2.400 civiles han muerto en manos de las fuerzas de seguridad birmanas, según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Myanmar.
“Durante más de un año y medio, la junta ha perpetrado graves abusos contra millones de personas que se oponen a su mando, cometiendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”, advierte en un comunicado sobre el ataque aéreo del domingo la organización Human Rights Watch (HRW).
“¿Cuánto más -añade HRW- tiene que subir el contador de muertes para que los gobiernos del mundo impongan medidas que impacten en el comportamiento de la junta?”.
José Luis Pereira, secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese municipio, fue atacado cerca de las 17H00 locales (23H00 GMT) mientras se encontraba en un restaurante, detalló la fiscalía.
Esa institución halló el viernes pasado armas y cartuchos en dos fincas de ese mismo poblado, en el que el director de la policía municipal fue asesinado el 15 de abril.
A principios de este mes, hombres también mataron a un policía de la localidad en su casa y en febrero desaparecieron ocho agentes junto con el chofer que los trasladaba hacia Guadalajara, capital estatal.
Los restos de cuatro de los uniformados aparecieron en bolsas de plástico en una carretera días después.
Luego del secuestro, el gobierno estatal tomó el control de la policía de Teocaltiche y acusó a la institución de haber sido infiltrada por el crimen organizado.
En la región opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las mafias más poderosas de México designada como «terrorista» por Estados Unidos.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una polémica estrategia antidrogas con apoyo militar, la tasa de homicidios de México se triplicó hasta 24 por cada 100.000 habitantes.
El país registra más de 120.000 desaparecidos y el estado de Jalisco encabeza la estadística nacional con más de 15.000 casos.
En video quedó registrado el momento en que un supuesto pastor de una iglesia evangélica desató su furia contra un miembro de la congregación que se negaba a dar el diezmo.
En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa cómo el hombre golpea violentamente al feligrés con una silla en pleno culto.
Posteriormente, otros miembros de la iglesia auxiliaron a la víctima, quien resultó con lesiones graves en el rostro a causa del impacto.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió en una iglesia de Colombia y ha generado conmoción y rechazo entre numerosos creyentes.
En Colombia un pastor de una iglesia se enfureció con una oveja porque este dijo que no pagará diezmos, muestra la bestialidad con la que se ha impuesto la religión desde siempre pic.twitter.com/odu3grVp1C
— Luis Barranco (@BarrancoAnaya) April 28, 2025
Al menos 16 puntos permanecen bloqueados este lunes en Guatemala por manifestantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que protesta contra el aumento salarial aprobado para los diputados. Los legisladores recibirán hoy su tercer pago con ajuste, tras la medida avalada en noviembre de 2024.
Aunque la junta directiva del Congreso anunció a finales de marzo la suspensión del aumento mediante un acta, posteriormente aclaró que dicha decisión debía ser ratificada por el pleno, con al menos 81 votos de los 160 diputados que lo integran. Hasta el momento, no existe una disposición oficial para revertir el incremento.
Los asambleístas pasaron de devengar GTQ 29,150 (unos 3,784 dólares) a GTQ 66,300 (aproximadamente 8,607 dólares). De acuerdo con medios locales, su tercer salario elevado será entregado este lunes.
Los 23 diputados de Semilla —el partido con el que Bernardo Arévalo ganó la presidencia— no apoyaron la iniciativa cuando fue presentada. Sin embargo, medios como República señalan que la aprobación habría formado parte de una negociación con la oposición para avalar la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, buscando frenar procesos penales en su contra.
«El Gobierno debe recordar que el pueblo lo defendió y al pueblo debe servir», compartió Codeca en su cuenta oficial de X.
Además del aumento salarial, los manifestantes reclaman por el alza en el precio de la canasta básica, exigen que no se privatice el agua, piden frenar los desalojos y solicitan la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el domingo un amparo provisional para garantizar la libre locomoción durante las protestas. Aunque avaló el derecho a la manifestación, la corte subrayó que no debe «interrumpirse el ejercicio de los derechos de la demás población, en cuanto a su libertad de locomoción y movilidad, así como el acceso a servicios de transporte comercial y de personas».
