Internacionales
La Conversión Coercitiva que viola los Derechos Humanos es un Problema Internacional
Seúl, Corea del Sur, 15 de diciembre, el Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR) de Italia y Derechos Humanos sin Fronteras (HRWF) de Bélgica acogió un seminario sobre derechos humanos titulado «Intolerancia y Discriminación Contra Nuevos Movimientos Religiosos: un Problema Internacional».
Esta conferencia, se dedicó a la protección de los derechos de las minorías religiosas a los que se dirigen los grupos mayoritarios, en particular en el contexto de situaciones anti-derechos humanos, como la conversión forzada que se produce en otros países y en su mayoría en Corea.
La conversión forzada, también conocida como «desprogramación» o «persecución religiosa», es una cuestión social que causa violaciones de los derechos humanos mediante el secuestro y la detención de los miembros de grupos religiosos etiquetados como «sectas» por sus oponentes con el fin de obligarlos a abandonar su fe.
Más de 80 participantes, entre expertos de la ley, periodistas y representantes de la sociedad civil, examinaron la situación actual de conversión forzada y discutieron soluciones para defender la libertad de fe y los derechos humanos que se han convertido en la norma de la comunidad internacional.
«Los desprogramadores coreanos son pastores especializados de las iglesias principales, la mayoría de ellos presbiterianos,» dijo Massimo Introvigne, sociólogo italiano y director general de CESNUR, destacando que la conversión forzada se lleva a cabo a nivel general.
«Las protestas que conmemoran a las víctimas de la conversión forzada se mencionaron en el Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa de 2019, incluidas las violaciones de la libertad religiosa en el año 2018. Sin embargo, hubo nuevos casos de desprogramación incluso después de su muerte,» él criticó.
En cuanto a la estrategia para resolver este fenómeno, Willy Fautré, Fundador y Director de HRWF dio varias sugerencias; señalando la responsabilidad del liderazgo de la Iglesia Presbiteriana que tolera, respalda e incluso alienta tal práctica; desarrollar la promoción en las Naciones Unidas y en las organizaciones que defienden la libertad de religión; ensuciando a aquellos que animan a las personas a perpetrar un acto de secuestro y confinamiento.
El 24 de julio, una carta abierta, firmada por la HRWF y otras 14 ONG internacionales, fue enviada al presidente surcoreano Moon Jae In que decía lo siguiente: «Corea del Sur bien podría ser el último país democrático en el mundo donde la desprogramación todavía es tolerada» y pidió al Presidente que «investigue en profundidad las acusaciones de desprogramación forzada, poner fin a esta práctica desagradable y hacer que los responsables asuman la responsabilidad.»Corea del Sur también fue elegida para servir en el 5o mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que la nación declaró «participar en los esfuerzos internacionales para responder a las crisis de derechos humanos en todo el mundo». Los participantes instaron al gobierno coreano a responder a la cuestión de la conversión forzada que sigue amenazando los derechos humanos de su pueblo.
Con información de Irvin Garcia / Coordinador de Medios en Latino América, Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
