La jueza Amy Coney Barrett, a quien el presidente, Donald Trump, planea nominar este sábado a la Corte Suprema, goza del respaldo del movimiento conservador, y es una de las preferidas de los evangélicos y los activistas antiaborto para ocupar el cargo que quedó vacante tras la muertede la magistrada Ruth Bader Ginsburg hace una semana.

Barrett, de 48 años, es jueza de un tribunal de apelaciones federal y ha sido conservadora en temas como el aborto y el papel del Gobierno en la salud. En caso de ser confirmada sería la magistrada más joven en la Corte Suprema, donde los cargos son vitalicios. Su presencia consolidaría una sólida mayoría conservadora de seis votos frente a tres de magistrados progresistas.

Antes de unirse a la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, Barrett trabajó brevemente como abogada y luego enseñó durante 15 años en la facultad de derecho de Notre Dame, de donde es egresada.

Trump la nominó a su actual puesto hace tres años; de ser designada y confirmada por el Senado, sería la magistrada con menos experiencia en una corte.

“Es la combinación perfecta de una jurista brillante y de una mujer que lleva a la corte un argumento que es potencialmente contrario a las opiniones de las juezas que actualmente ejercen”, declaró al diario The New York Times Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony List, una organización antiaborto.

El derecho al aborto

Las opiniones de Barrett, una católica devota miembro de varios grupos antiaborto, y su filosofía jurídica respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, han atraído mucha atención y tienen el potencial de llevar al país a un debate nacional altamente polarizado.

En 1973, la decisión de la Corte Suprema en el caso de Roe vs. Wade legalizó el aborto en el país. Desde entonces, ha habido muchos desafíos a la sentencia en las cortes, pero esta ha prevalecido, sentando un importante precedente.

Durante su audiencia de confirmación en 2017, Barrett dijo que no desafiará la decisión desde una corte de apelaciones: “No tendría interés como jueza de una corte de apelaciones en desafiar ese precedente. Sería vinculante”.

Sin embargo, como profesora de derecho, Barrett escribió en 2013 en la revista Texas Law Review un artículo en el que estaba de acuerdo en que un precedente no podía estar por encima de la interpretación de la Constitución.

“El deber de un magistrado [de la Corte Suprema] es hacia la Constitución y por ende es más legítimo aplicarla según su mejor entendimiento que un precedente que claramente cree que está en conflicto con esta”, escribió Barrett.

Como jueza de apelaciones Barrett se mostró a favor de restringir el acceso de las mujeres al aborto legal.

Durante una conferencia en la Universidad de Jacksonville en 2016, reporta el New York Times, la jueza Barrett dijo que Roe v. Wade establecía el derecho al aborto de las mujeres y que no era probable que eso cambiara, aunque sí podría cambiar la manera en que los estados restringen el acceso a ese derecho.

“Creo que la cuestión de si la gente puede tener abortos a muy largo plazo, ya saben, cuántas restricciones se pueden poner en las clínicas, creo que eso cambiaría”, señaló.

En 2018, defendió una decisión judicial en Indiana que prohibía los abortos que se basaban exclusivamente en el sexo o la discapacidad en un feto. Una corte de apelaciones dictaminó que esa ley estaba en conflicto con el precedente de la Corte Suprema.

El año pasado, Barrett siguió el precedente de la Corte Suprema y defendió una ley en Chicago que protege a las mujeres que ingresan a las clínicas de aborto de interacciones no deseadas con manifestantes y consejeros.

Con una posible nominación de Barrett, los votantes evangélicos confían que tendrán mayores posibilidades de revocar el caso Roe vs Wade y así terminar con el aborto legal en el país.

Inmigración

Barrett votó a favor de mantener la regla de carga pública de la Administración Trump, que permite denegar la residencia permanente a los solicitantes a los que el Gobierno considera que pueden depender de prestaciones públicas, como cupones de alimentos o ayudas para vivienda.

El Séptimo Circuito bloqueó la capacidad de la Administración para hacer cumplir su interpretación de la regla de carga pública en Illinois. Barrett escribió que la definición del Departamento de Seguridad Nacional no es “poco razonable”, especialmente considerando que “el texto del estatuto actual fue enmendado en 1996 para aumentar la determinación de la carga pública”.

Armas

También en el Séptimo Circuito, Barrett alegó que la Segunda Enmienda no prohíbe necesariamente poseer un arma a los condenados por delitos graves. También declaró una ley de Wisconsin que prohíbe tener armas a cualquier persona condenada por un delito grave, incluso si no ha sido condenada por un delito violento, como inconstitucional.

“Los cuerpos legislativos tienen el poder de prohibir que las personas peligrosas posean armas. Pero ese poder se extiende sólo a las personas que sean peligrosas”, escribió Barrett.