Internacionales
Guatemala, con aumento de 36.2 % en las extorsiones
Las extorsiones en Guatemala aumentaron un 36.2 % en el primer bimestre del año respecto a los primeros dos meses de 2024. Las familias viven agobiadas por las cuotas mensuales que deben entregar a los pandilleros. La situación es complicada en el país, cuando los funcionarios de los centros penales facilitan favores a los internos y hay reportes de que estos operan extorsiones desde el interior de las prisiones.
Las estadísticas del informe sobre extorsiones del Observatorio de Violencia de la organización Diálogos indican que este año hubo 4,871 extorsiones, mientras que el año pasado, al cierre de los dos meses, hubo 3,576.
Los departamentos con mayores denuncias de extorsiones son Guatemala, Escuintla, San Marcos, Chimaltenango, Jutiapa y Alta Verapaz.
Pese a los operativos, allanamientos y detenciones de líderes de pandillas, las extorsiones incrementan cada año. Las denuncias de los primeros dos meses de 2025 se acercan al cierre de hace una década. El 2015 cerró con 5,151 extorsiones, pero el año pasado hubo un total de 25,151, la cifra más elevada de los últimos 10 años. El 2023 finalizó con 18,096 extorsiones, siendo la segunda más alta.
Cansados de esta situación, pobladores de la Ciudad Peronia, zona 8 del municipio de Villa Nueva, Guatemala, salieron el jueves pasado a las calles para marchar por la paz. Un día antes, la Fiscalía había revisado la documentación de los conductores para prevenir actividades delictivas.
«El objetivo principal de esta acción es fortalecer la seguridad de los pasajeros y con[1]ductores y prevenir delitos como la extorsión», afirmó la Fiscalía.
La semana pasada, la Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala presentó una denuncia ante el ministerio público (Fiscalía) contra Mario Rolando Tax Charuc, director del Centro de Detención Preventiva para Hombres Restauración Constitucional, conocido popularmente como Pavoncito, por los delitos de extorsión e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con la institución, existe evidencia de que el director otorgaba beneficios a los integrantes de la pandilla MS-13 dentro de la prisión a cambio de dinero. También lo responsabiliza de los ilícitos que ocurren dentro de las instalaciones, como la construcción de casas y apartamentos de lujo, revelaron medios de comunicación local.
Algunas viviendas incluso están equipadas con electrodomésticos.
El viernes, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión llevó a cabo una requisa en la cárcel y localizó un radio transmisor, cable de fibra óptica, dispositivos de almacenamiento, boletas de depósitos bancarios, números de cuentas bancarias, listados con números telefónicos y la identificación del grupo criminal White Fence.
«El radiotransmisor era utilizado por los privados de libertad para recibir información desde las afueras del centro carcelario cuando se aproximaban las autoridades, ya sea del ministerio público o de la Policía Nacional Civil», compartió la Fiscalía.
Guatemala se encuentra en una situación crítica con los homicidios y extorsiones que lideran las pandillas.
Disponible en Google Play y en la App Store de Apple, la aplicación «Public Safety by Everbridge» requiere una dirección de correo electrónico para registrarse.
La palabra clave «World Cup NJ» permite suscribirse a alertas específicas, enviadas directamente en el idioma del teléfono.
«Es la forma más rápida para nosotros de llegar a los aficionados, a los visitantes, tanto internacionales como nacionales», explica David Sierotowicz, encargado de coordinar las fuerzas de seguridad de Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, y de la vecina Nueva York.
Varias otras ciudades estadounidenses sede del Mundial, que se inician en dos semanas, el 11 de junio, también recurren a esta aplicación.
Con ocho partidos en el MetLife Stadium, incluida la final, el 19 de julio, y más de un millón de visitantes esperados, la región se enfrenta a un desafío «sin precedentes», reconoce el teniente coronel de la Policía Estatal de Nueva Jersey, David Sierotowicz.
Al evento futbolístico se suman las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos el fin de semana del 4 de julio.
«No tenemos margen de error y no vamos a cometer errores», aseguró el jueves Sierotowicz durante una visita al centro de coordinación de las fuerzas de seguridad, situado en Nueva Jersey.
Entre las principales preocupaciones destacaron la gestión de las multitudes y de los desplazamientos —los organizadores dan prioridad al transporte público—, los ataques con drones y la trata de personas, objeto de una importante campaña de sensibilización.
«Ninguna amenaza creíble» pesa, en cambio, «al día de hoy», sobre la región y el Mundial por la guerra en Oriente Medio, según él.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha indicado en redes sociales que la policía de inmigración (ICE) estará implicada en operaciones contra la falsificación o la trata de personas.
Pero Sierotowicz precisó que sus agentes no estarán «específicamente» en el MetLife Stadium.
En Nueva York, en particular, los agentes policiales locales (NYPD) estarán «muy presentes sobre el terreno», informó el coordinador del departamento de policía de la ciudad, Robert Gault.
Internacionales
La Casa Blanca califica de «total invención» un proyecto de acuerdo anunciado en TV iraní
La Casa Blanca arremetió el miércoles contra un supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión estatal iraní, calificándolo de «total invención».
El informe iraní citaba un borrador de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que, según afirmaba, incluía un compromiso de Estados Unidos de levantar el bloqueo naval contra Irán y retirar sus fuerzas de la región del Golfo.
«Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que ‘difundieron’ es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN», dijo la Casa Blanca a través de la red X.
Poco probable la reanudación de la guerra
Irán también estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques estadounidenses y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.
«La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos», dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.
«No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores», dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.
La declaración fue pronunciada un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.
La gobernadora del estado mexicano de Chihuahua (norte), la opositora María Eugenia Campos, denunció este miércoles una persecución por parte del oficialismo por el caso de agentes de la CIA que estuvieron en un operativo antidrogas en su jurisdicción.
La política del conservador Partido Acción Nacional (PAN) acudió a la sede de la fiscalía general mexicana en la capital para declarar sobre este suceso, que se conoció después de que dos agentes del servicio de inteligencia estadounidense murieran en un accidente de tránsito el 19 de abril pasado en Chihuahua.
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, recuerda que la lucha antidrogas compete exclusivamente al gobierno federal y que los agentes de la CIA no habían notificado su presencia como corresponde según los acuerdos de colaboración con Estados Unidos.
Campos dijo que, como opositora, «la persiguen con todo el peso del aparato del Estado», mientras que a políticos del oficialismo acusados por Estados Unidos de nexos con el crimen «les dan impunidad absoluta».
La justicia estadounidense pidió a finales de abril pasado la captura con fines de extradición de diez políticos del oficialismo, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, a quienes acusa de estar vinculados con la banda criminal de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
