Desde marzo del 2022 al 31 de diciembre, bajo el régimen de excepción, 84,260 integrantes de pandillas, entre jefes y colaboradores, fueron capturados, según el último reporte brindado por el Gabinete de Seguridad Ampliado.

En el mismo período, las autoridades también han logrado debilitar a las pandillas con la incautación de 10,438 vehículos, más de 21,616 celulares y 4,548 armas de fuego.

«Estos datos respaldan el trabajo durante el régimen de excepción, lo que ha convertido a nuestro país como el más seguro del Hemisferio Occidental. Estamos en camino de ser el país más seguro del mundo y vamos a seguir trabajando por los salvadoreños, quienes nos dan el respaldo para seguir adelante» ha dicho, el ministro de Defensa, René Merino Monroy.

El funcionario asegura que, «el régimen de excepción es la herramienta adecuada para enfrentar este problema que no se había resuelto con las medidas previas. Con el Plan Control Territorial y sus fases, el régimen marcó una diferencia abismal».

Merino indicó que esta medida ha permitido combatir frontalmente a las mara, reducir delitos y proteger la vida de los salvadoreños. Además, parte de la estrategia para combatir las pandillas fue debilitar su financiamiento, lo cual implicó un trabajo conjunto e investigativo con instituciones clave como la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil.

De igual forma, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro ha reiterado en varias ocasiones que con el régimen de excepción, por primera vez en la historia las autoridades de Seguridad se pusieron un paso por delante de la criminalidad y se ha logrado frenar su accionar delictivo a nivel nacional.

«Un estudio sobre lo que había pasado en El Salvador en los últimos 40 años, nos llevó a tomar medidas ordinarias como el Plan Control Territorial y extraordinarias como el régimen de excepción, que no es más que una guerra frontal en contra de la organización criminal», dice el titular de Seguridad.

El régimen inició el 27 de marzo de 2022 cuando, el presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó a los legisladores aprobar la medida constitucional tras una ola de homicidios perpetrados por pandilleros entre el 25 y el 27 de marzo de dicho año, que ascendió a 87 crímenes contra la vida.

El régimen de excepción consiste en la suspensión de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 7, 12, 13 y 24 de la Carta Magna.