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3 años de servicio comunitario para ciudadano alemán por adopción ilegal de una bebé
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó al alemán Nils Sjard Schultz, en procedimiento abreviado, a tres años de prisión, los cuales serán suplantado por 144 jornadas de utilidad pública, por los delitos de suplantación y alteración del estado familiar en perjuicio del Estado Familiar de una niña y por falsedad ideológica, en la Fe Pública.
Por este mismo caso ya fue condenada su esposa Claudia Esperanza Aguilar Garza, a tres años de prisión por los mismos hechos.
En 2016, él y su esposa tuvieron contacto con Nicole Guerrero, de nacionalidad costarricense, mediante una página de adopción de bebés, en la que al tener contacto con Guerrero les indicó que no quiere tener a su bebé, porque su mamá se molestaría si se daba cuenta de su estado por lo que quería darla en adopción, a lo que Aguilar Garza le manifestó que era empleada de Relaciones Exteriores en El Salvador y que junto a su esposo, le podrían dar un hogar estable a su hija.
Guerrero manifestó que Aguilar Garza le envió una carta en la que el Estado de El Salvador, le otorgaba una pasantía, lo que según su dicho era falsas, con dicha carta le dijo a su madre que viajaría a El Salvador y que el Estado salvadoreño pagaría su estadía.
Posteriormente, el ahora condenado dijo que le alquilaron un apartamento para ella y su novio, que también viajó desde Costa rica; la pusieron en control de embarazo y los mantuvieron el tiempo que estuvieron en el país.
En agosto de 2016, la trasladan hacia el hospital Pro Familia donde dio a luz a su hija, sin embargo dijo llamarse Claudia Esperanza Aguilar Garza porque es lo que supuestamente habían acordado con la imputada y el esposo de ésta.
Ocho días después. El alemán hizo el retiro de la niña de dicho nosocomio, haciéndose s pasar como el padre biológico de la menor, debido a que la madre de la niña estaba en depresión postparto y bajo medicamentos.
El juzgador en su falló dijo que se la acción de los dos delitos cometidos por el ahora condenado había sido una sola, pero que respetaba el acuerdo establecido por las partes, por lo tanto fue condenado por los dos delitos, pero dicha condena la cumplirá realizando 144 jornadas de utilidad públicas, las cuales serán interpuestas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) graduó a 162 mujeres participantes del programa de atención educativa bajo modalidades educativas alternas como bachilleres, en la opción general. Todas culminaron satisfactoriamente su proceso formativo a través de la opción semipresencial y la estrategia de Prueba de Suficiencia.
«Este acto representa mucho más que la entrega de un diploma es la afirmación que la educación transforma vidas, abre oportunidades y fortalece el camino hacia la autonomía económica y el empoderamiento personal», manifestó la presidenta de Isdemu, Yanci Salmerón de Artiga.
Las tituladas provienen de distintos departamentos del país, entre ellos Santa Ana, San Salvador, La Libertad, La Paz, Cuscatlán, San Vicente y Morazán. La culminación de sus estudios de bachillerato representa un elemento clave para ampliar sus posibilidades de inserción laboral, emprendimiento y desarrollo.
Esta iniciativa forma parte del proyecto de «Empoderamiento económico de las mujeres en El Salvador», el cual es financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
La ceremonia de graduación se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio de Educación (Mined), la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) del Ministerio de Relaciones Exteriores y el despacho de la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de Gobierno
El Vicario Episcopal de Comunicaciones del Arzobispado de San Salvador informó este lunes, que la Congregación Episcopal recibió una denuncia de un presunto delito de abuso sexual de menores contra el Presbitero Edgar Lisandro Winter Coronado.
«Esta Curia inmediatamente ha procedido a imponer medidas cautelares, y a iniciar el debido proceso jurídico, conforme al Derecho Canónico», informó la Arquidiócesis de San Salvador en el comunicado oficial.
La autoridad católica informó que en determinado momento darán la resolución que la iglesia católica dicte sobre este caso en contra del sacerdote quien es el párroco de la Parroquia Santa María de la Encarnación San Marcos.
En un caso similar, a inicios de este año, Jesús Orlando Erazo Gálvez, exsacerdote de la parroquia de San Cristóbal, fue condenado como ausente a 14 años de prisión en julio de 2024 por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán por abuso sexual en contra de una menor de edad.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador inició una audiencia única abierta en contra de siete personas acusadas de los delitos de estafa y agrupaciones ilícitas en el caso relacionado con la Corporación Argoz S.A. de C.V. que afectó a miles de personas en todo el país.
De acuerdo a la Fiscalía, estas personas se dedicaban a la venta ilegal de lotes en Sonsonate y Santa Ana, sin contar con los permisos para hacerlo. Cientos de víctimas pagaron por los inmuebles, pero nunca recibieron las escrituras.
«Entre los procesados están Rodrigo y Natalia Gómez Farfán, además de Leticia Farfán, a quien se le atribuye el delito de lavado de dinero tras hallarle más de $297,000.00», informó la Fiscalía.
Según la investigación fiscal, la estructura de estafa venía operando a nivel nacional desde 1995, creando sociedades para lotificar propiedades. Miles de personas engañadas han denunciado que terminaron de pagar los terrenos, pero no recibieron ninguna cancelación o algún documento que los acredite como titulares de la propiedad.
En este mismo caso, en agosto de 2025, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador de Soyapango, ordenó detención para 16 personas. La audiencia de imposición de medidas fue para 12 acusados presentes y cuatro prófugos. Entre los detenidos están: Balmoris Escalante García, auditor y contador de las sociedades, Reina Marina Cardona de Escalante, Natalia Gómez Farfán, Berta Coralia Ramírez Ponce y Gabriel Alejandro Rivera Gómez.
Cuando fueron arrestados el 24 de julio de 2025, la Fiscalía les decomisó $34,420 en efectivo.
El expediente fiscal detalla que la estructura introdujo en el sistema financiero salvadoreño grandes cantidades de dinero no justificadas.
El ministerio público ha determinado que la lotificadora ha defraudado con un monto de $46,271,000,49 a miles de personas de 11 departamento del país.
Desde la intervención de la Fiscalía en el 2023, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Vivienda, han logrado regularizar 76,056 lotes de los afectados por la empresa Argoz. Esto equivale a $760.5 millones recuperados.
