Internacionales
El Chapo Guzmán ofreció 50 millones de dólares y empresas de Sinaloa a agente, a cambió de su libertad
Era el 8 de enero de 2016 y un oficial de la ahora extinta Policía Federal (PF) realizó en Los Mochis, Sinaloa, una detención fortuita que llevaría al llamado juicio del siglo: arrestó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien se había protagonizado una espectacular fuga de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y a su jefe de sicarios Orso Iván Gastélum, El Cholo.
El día que El Chapo Guzmán fue detenido por tercera ocasión, el agente de la División de Seguridad Regional, al que por razones de seguridad se identifica como Tiburón tenía la asignación de realizar tareas de vigilancia en la carretera Los Mochis-Navojoa cuando recibió la orden de estar la pendiente de un auto Focus rojo que había sido robado y que probablemente se dirigía a ese punto.
Tal como se lo habían advertido, vislumbró el auto y le puso el alto sin saber que a bordo viajaban Guzmán Loera y El Cholo, del cártel de Sinaloa, quienes habían logrado burlar el cerco de la Marina escapándose por una alcantarilla.
«Comandante dígame qué quiere, pero ya écheme la mano (…) es más, le dejo 50 millones de dólares para que no vuelva a trabajar nunca en su vida”, le habría dicho El Chapo Guzmán al agente, según el diario Milenio, que tuvo acceso a las declaraciones de Tiburón, que forma parte de un recuento de historias de éxito, heroísmo, tragedia y sobrevivencia acumuladas en el blog de la PF, que desapareció este primer día del año para dar paso a la Guardia Nacional.
Ante la negativa del agente, El Cholo Iván también intentó intervenir a favor del Chapo al decirle al oficial “comandante, traigo al patrón, échenme la mano”.
Sin embargo, Tiburón los esposó y los subió a la patrulla y junto con su compañero los llevó a los dos a un hotel mientras llegaban los refuerzos.
“Ayúdeme y no va a volver a trabajar. Comandante, dígame qué quiere pero ya écheme la mano”, le dijo Guzmán Loera quien le ofreció como regalo, además del dinero, empresas que tenía en Sinaloa.
“Ahorita, espérese. Ahorita vemos qué hacemos”, le habría señalado el oficial, ante lo cual como respuesta recibió un “comandante, no se vale. Tanto huir y tanto dinero para que usted venga y me entregue. No se vale”.
Sin embargo, las súplicas tampoco conmovieron al agente de la PF quien le habría respondido con un tajante “también entiéndame, estoy haciendo mi trabajo. Nadie me dijo que ahí venía usted. Yo soy policía y estoy haciendo mi trabajo. No vaya a creer que alguien me avisó”.
El resto de la historia es de todos conocida, Guzmán Loera y El Cholo Iván fueron entregados a la Marina y enviados a cárceles de máxima seguridad.
Poco después de un año, en enero de 2017, el Chapo fue extraditado a Estados Unidos donde protagonizó el llamado “juicio del siglo” en el que fue juzgado por 10 cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.
Recibió una sentencia de cadena perpetua e inmediatamente fue recluido en la prisión ADX Florence, conocida como la más segura y brutal de Estados Unidos, donde sus abogados asegura, que permanece en condiciones inhumanas que han deteriorado su estado de salud, ya que sólo puede salir de su celda una hora al día para tomar el sol dentro de una jaula en el patio de la prisión y como no habla inglés, son pocas las personas con las que puede tener contacto verbal.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
