Política
César Ríos: “Ahora tenemos una diáspora más interesada en otro dinamismo político»
César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), habló esta mañana de lunes del fortalecimiento de la diáspora salvadoreña, sus derechos y tradiciones.
El representante de AAMES hizo una reseña de los origines de los corredores salvadores en la nación norteamericana y destacó el arduo trabajo de los connacionales para impulsar la economía de El Salvador y la economía local en los Estados Unidos.
“Los salvadoreños han hecho una ardua labor, eso es muy visible y ha llevado a un reconocimiento de esa productividad y en Estados Unidos reconocen esa productividad”, aseguró César Ríos.
Mencionó también la importación de las nuevas generaciones dentro de la diáspora salvadoreña, en la que destaca el papel que juegan en la toma de decisiones tanto en el ámbito tecnológico, político y social.
“Ahora tenemos una diáspora más interesada en otro dinamismo político, más electoral con una visión de ocupar puestos de elección popular y que va hacer más importante. Nuestros políticos en El Salvador aprendieron a respetar a los salvadoreños en el exterior”, aseguró el invitado de la entrevista de El Salvador Today de diario Digital Cronio.
Ríos se refirió también a la falta de condiciones en El Salvador para aquellos compatriotas que emigraron en la década de los 80´s a EE.UU., y que hoy desean retornar al país a vivir de sus frutos.
“Se necesita de mucha política pública porque El Salvador todavía no tiene incentivos financieros y fiscales. Ellos no pueden recibir aquí el dinero de su retiro, no pueden tener la asistencia médica que tiene en Estados Unidos después del retiro. Hace falta profundizar en esos intereses de la población nuestra que se quiere venir “, puntualizó César Ríos.
El director de AAMES recomendó la generación de programas especiales orientados a la inserción financiera de las familias probes que reciben remesas para que éstas sean utilizadas en inversiones y no solo en consumo.
“Estas familias empezarían a tener otras expectativas de capital y tendrían acceso a herramientas financieras y créditos bancarios”.
En el tema de inmigración César Ríos fue claro al señalar que el tema de las deportaciones al país viene de las fronteras y no del interior de Estados Unidos, esto debido a la recuperación de la economía que se están dando en la nación norteamericana post pandemia del COVID-19.
“Los nativos americanos no quiere regresar a trabajar porque no tienen las condiciones, entonces son los migrantes los que están ocupando esos puestos de trabajo”, reiteró Ríos.
El invitado aprovechó además para hablar de las oficinas creadas en Guatemala y Colombia como centros de migrantes las cuales buscan frenar la inmigración irregular hacia Estados Unidos tras la finalización del Título 42.
“Ahora ponen el miedo creíble de forma virtual con el uso de una aplicación por un teléfono y hay muchas opiniones sobre eso que no están de acuerdo y hay amenazas. Si cruzar la frontera te agarran y te deportan inmediatamente”, cito Ríos.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
