Dice @RevistaFactum que el objetivo era conseguir ilegalmente el ROS para afectar al ex Presidente Flores. El ROS no fue obtenido en forma ilegal y lo que acaba incriminando a Flores fue el recorrido de los fondos Taiwán en el sistema financiero. El ROS solo fue un referente
Judicial
CASO ROS – Acusan a expresidente Funes, un ex fiscal y un periodista por revelar información que llevó a Francisco Flores a los tribunales
La FGR presentara requerimiento ante los juzgados y de llegar a ser condenados podrían ser sancionados de cuatro a seis años de prisión.
El expresidente de la República, Mauricio Funes, y otros dos fueron acusado por revelar el reporte que Estados Unidos emitió sobre el expresidente Francisco Flores y que lo llevó a los tribunales acusado de extraer las donaciones provenientes de Taiwán.
Según la documentación entragada al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Funes junto a Diego Balmore Escobar Portillo y Lafitte Fernández Rojas, son señalados por la revelación del Reporte de Operaciones Sospechas (ROS) que dio inicio a un proceso judicial en contra de Flores.
El ROS fue el documento con el cual Funes se valió para señalar irregularidades de la administración Flores, algo que lo hizo llegar hasta la Asamblea Legislativa en donde se creó una comisión especial para evaluar el desvío de la donación de $10 millones.
FGR presentó requerimiento en Juzgado 5o de Paz de SS., contra Mauricio Funes, Diego Escobar y Lafitte Fernández, por la divulgación del ROS. Declaraciones del fiscal del caso. pic.twitter.com/VhFUch9ylK
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 4 de enero de 2019
La presión política y mediática provocó que el arenero aceptara que dicho monto fue recibido, algo que le valió para permanecer detenido hasta su muerte en febrero de 2016 sin ser condenado.
A Funes, Escobar Portillo y Fernández Rojas se les atribuyen los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, según la Fiscalía General de la República (FGR), podrían ser sancionados con cuatro a seis años de prisión.
En febrero de 2015, Funes colocó un tuit donde respondía las razones por las cuales había hecho público el informe «para destapar la forma cómo gobiernos de ARENA se apropiaban de fondos públicos y los trasladaban a bolsillos privados», señaló. La acción fue aplaudida por sus seguidos, uno de ellos el político, Walter Araujo, quien ahora es uno de sus principales detractores.
A finales de 2018, la revista Factum reveló una serie de audios que marcaban una reunión entre Funes, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, su hermano, Herbert Saca y el empresario, Miguel Menéndez, para exponer juridicamente a Flores.
Según este medio el ROS fue obtenido de manera ilegal pero Funes, desde su cuenta de Twitter, señaló el 19 de diciembre que este había sido conseguido de forma legitima «que acaba incriminando a Flores fue el recorrido de los fondos Taiwán en el sistema financiero. El ROS solo fue un referente», dijo.
Mauricio Funes@FunesCartagena
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Fiscalía El Salvador@FGR_SVA las 2:00 pm Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activos presentará requerimiento en el Juzgado 5o. Paz en contra de Carlos Mauricio Funes Cartagena, Diego Balmore Escobar Portillo y Lafitte Fernández Rojas por la revelación del ROS. 1
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TOMADO DE EL SALVADOR TIMES
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
Judicial
Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador
Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
