Un aspirante a fiscal general en 2012 es acusado por su exesposa de agredir sexualmente a sus dos hijos, de tres y cinco años, respectivamente. Sin embargo, el caso aún no ha encontrado resolución, pese a que ya han pasado más de cinco años desde que se interpuso de la denuncia, que la madre de los menores contó en exclusiva a El Salvador Times.

Camila (nombre cambiado por protección) comenzó a congregarse en 2007 en una iglesia evangélica, donde buscó apoyo tras un matrimonio fallido. Fue ahí que conoció a Carlos M., un pastor que como profesión obtuvo el título de abogado de la República, tras haber estudiado en una universidad privada Ciencias Jurídicas, de donde se graduó en 1993.

El también fundador de una iglesia en Santa Ana, en ese momento de 43 años de edad, logró conquistar el corazón de la mujer dos años menor que él, quien ya tenía a su lado a dos hijos procreados en su relación anterior.

Sin dudarlo, Carlos M. se casó con Camila y adoptó a los dos menores de edad. Con el paso del tiempo, la pareja procreó a dos hijos más, Julián y María (nombres también cambiados), esta última sería la menor de la familia.

“Yo lo veía a él predicando. Se presentó como una buena persona”, comentó Camila en exclusiva a El Salvador Times, quien declaró que en ese momento se consideraba triste y vulnerable por el fracaso de su primer matrimonio.

Luego de cinco años, en el que hubo la misma cantidad de separaciones, el matrimonio no funcionó por lo que ambos decidieron divorciarse, pese a que los feligreses cristianos aconsejaban a la mujer no hacerlo, pues caería en “pecado” debido a que eso “no era bien visto por Dios”.

Este proceso llevó a que Julián (de cinco años) y María (de tres) fueran “compartidos” entre ambos padres. El Juzgado 15° de Paz otorgó un régimen de visita tras un proceso de violencia intrafamiliar, por lo que cada 15 días Carlos M. llegaría a traer a los dos niños para llevarlos consigo a su casa, ubicada en una exclusiva residencial de San José Villanueva, en La Libertad.

“Él siempre iba a traer a los dos niños a mi casa”, explicó la madre de los menores de edad afectados por la separación de sus padres biológicos.

El año en que se separaron –en el 2012-, el sujeto buscó ser el fiscal general de la República, luego de que el 28 de marzo presentara su currículo ante la comisión política de la Asamblea Legislativa, cuando participó en el proceso de elección al cargo para el periodo 2012-2015.

Ansiedad, agresividad y berrinches, los comportamientos que despertaron sospechas

Según la versión de la madre, desde el 2012, Carlos M. llegaba a la vivienda de su expareja para pasar a traer a Julián y a María. Un año después, Camila notó un comportamiento extraño en la niña: cada vez que llegaba su padre lloraba, hacía berrinches y temblaba de temor.

“No quiero irme”, dijo en más de una ocasión la menor de edad, mientras abrazaba con fuerza a su madre. El intento de aferrarse a ella siempre fue en vano. Carlos M. siempre se la llevaba a su vivienda de San José Villanueva junto a su hermano Julián.

Según el relato de la madre, la noche del 2 de noviembre de 2013, Camila estaba poniéndole una pijama a su hija y cuando la estaba cambiando escuchó la frase que derrumbó su vida por completo: “mami, mi papi me toca”.

Una serie de cuestionamientos por parte de la mujer hizo que la niña le señalara la zona a la que se refería y supuestamente señaló su área genital. Por ello, tomó su teléfono celular y grabó en video lo que la pequeña víctima decía.

La madre la llevó a una psicóloga para que le ayudara a saber qué era lo que estaba pasando, pero la niña no contó mucho, pues dijo que le daba pena relatar lo sucedido a otra persona. La profesional le sugirió a la progenitora afectada que recurriera a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciaran las investigaciones.

Tras hacer una serie de conclusiones, en donde supuestamente recordó haberle encontrado pornografía al hombre e incluso fotografías de orgías, la afectada tomó el consejo.

El 8 de noviembre de ese 2013, seis días después de las declaraciones de la niña, Camila interpuso la denuncia en contra de su exesposo bajo el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Este crimen está contemplado como tal en los artículos 161 y 162 del Código Penal.

“No me gusta que mi papá ni sus amigos me toquen”

La acusación en contra de Carlos M. tomó más fuerza cuando la madre afectada lo culpó de supuestamente de haber agredido también a su hijo de cinco años de edad, el niño que junto a María iba forzadamente a la casa de su progenitor.

“No me gusta que mi papá ni sus amigos me toquen”, fue otra de las frases que Camila dice que escuchó por parte Julián, quien supuestamente señaló su área genital como el lugar donde el papá lo tocaba.

Además, la madre asegura que al igual que María el comportamiento del niño también fue similar. La agresividad, la hiperactividad, los llantos repentinos y la negatividad de irse junto a su padre estuvieron presentes antes de que le diera detalles a su madre.

Supuestamente, el menor detalló que el hombre los desnudaba en la vivienda situada en San José Villanueva, en su oficina (un bufete de abogados) o en la casa de una de las tías de los menores.

La atención psicológica que recibió el menor derivó en un peritaje, que supuestamente habría señalado que el menor mostraba una conducta sexual inapropiada y no acorde a su edad, según lo descrito por su madre.

La denuncia en el CONNA contra la madre

Según la madre, el acusado al ver el proceso legal en su contra decidió interponer el 7 de febrero de 2014 una denuncia en el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) contra la madre de Julián y María y contra los dos hijos adoptivos de este.

El hombre acusó a Camila de causar violencia psicológica contra sus dos hijos biológicos; mientras dijo que los dos hijos adoptados –mayores- maltrataban a los pequeños.

Según la madre, un peritaje de trabajo social indica que el sujeto tiene una inclinación hacia la pornografía y que además tiene un carácter de agresividad.

De acuerdo a Camila, con la denuncia del CONNA, el sujeto buscaba obtener la custodia total de los niños, pero la institución lo condenó administrativamente, luego de concluir en un informe que las supuestas víctimas habían sufrido acciones por parte de su padre y que estas atentan para su desarrollo.

Un proceso detenido

Pese a que los dichos de los dos menores son contundentes y la madre ha interpuesto la denuncia respectiva, el caso casi cinco años después sigue estancado.

La madre cuenta que el caso ha sido archivado en dos ocasiones, tras haber iniciado en los Juzgados de Zaragoza y Santa Tecla, ambos municipios de La Libertad.

De hecho, en el caso del ribunal 1° de Sentencia del Centro Judicial Integrado tecleño declararó inadmisible la acusación en contra de Morales M.

Por eso se decidió abrir el caso penal, pero bajo una acusación privada, en donde la FGR autoriza convertir en acción privada la acción pública. Ahora, el caso ha pasado al Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador.

Actualmente, el Tribunal 6° de Sentencia resguarda desde hace un año el extenso expediente que comprende de 10 piezas.

Por: El Salvador Times