Judicial
A juicio 22 pandilleros por violación y homicidios
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” dio a conocer su resolución contra 132 imputados, acusados, en su mayoría, por organizaciones terroristas; dos homicidios agravados, violación sexual y agresión sexual agravada, privación de libertad, atentado contra la libertad agravada, amenazas con agravación especial entre otros.
La jueza procesó a 58 imputados de 132, debido a que el resto se encuentran en centros penales de máxima urgencia, sin embargo, no hubo internet para poder hacer los enlaces respectivos en esos lugares; para ellos habrá una audiencia a realizarse dentro de unos días. La jueza esolvió enviar a juicio a 22 imputados por delitos como organizaciones terroristas, homicidios agravados.
Asimismo, hubo 35 sobreseimientos provisionales y uno definitivo; no obstante la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que hará uso de su derecho a presentar un recurso de apelación, por lo tanto hay efecto suspensivo, lo que significa que mientras el proceso pasa a la cámara especializada los imputados conservan su actual situación jurídica.
Entre los hechos por investigar hay unos tales como la violación de una mujer de 42 años, dos homicidios agravados, privaciones de libertad entre otros ilícitos. Dentro de las investigaciones se informó que los procesados operaban en la zona de San José Villanueva, La Libertad, desde 2015 hasta diciembre de 2017, año que fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Dentro de los hechos, se les procesa por el homicidio en Luis Alfonso Alfaro Granados, quien era miembro de una Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO). Varios de los facinerosos creyeron que era informante de la PNC y por eso lo mataron. El otro de los crímenes fue en Juan Antonio Portillo Urillas. A él lo mataron por ser miembro de la pandilla contraria. Ambos hechos se registraron en el mismo municipio.
De igual forma, los acusados también están involucrados en una violación sexual en una homosexual, ya que aparentemente era parte de una estructura diferente a la de ellos, mientras que a la otra mujer está desaparecida y cuyo cuerpo no ha sido encontrado. Ambas víctimas tenían 42 años al momento de ser abusadas. Esto fue en diciembre de 2015 en el sector de San José Villanueva.
Mientras que a Margarita Elizabeth Flores Hernández la atacaron con corvos, luego de haber sido víctima de atentado contra la libertad agravada. El cadáver tampoco ha sido ubicado. Asimismo, se dedicaban a amenazar a los habitantes de la zona y a planificar otros hechos como extorsiones entre otros ilícitos penales.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
