El creador de contenido hondureño Urías Lobo fue capturado este miércoles en Danlí, departamento de El Paraíso, después de que circulara ampliamente un video en el que aparece junto a otro influencer mientras un menor es rapado a cambio de 500 lempiras.

La detención fue reportada por medios nacionales y publicaciones locales de la zona. El caso comenzó como una polémica en redes sociales, generó rechazo público y posteriormente llevó al Ministerio Público a abrir diligencias para determinar si los hechos podrían constituir una conducta penalmente sancionable.

En el video aparece Urías Lobo junto al creador conocido como “Soy Rosel”, mientras participan en una dinámica en la que el menor recibe 500 lempiras a cambio de que le corten el cabello. La situación generó críticas debido a que el niño se encontraba en una condición de vulnerabilidad y el momento fue grabado y difundido en redes sociales.

La controversia aumentó luego de conocerse que el menor habría señalado que utilizaría los 500 lempiras, equivalentes a unos 20 dólares, para adquirir alimentos. A partir de entonces, el caso comenzó a ser cuestionado desde la perspectiva de una posible vulneración de los derechos de un niño al utilizar su necesidad económica para generar contenido.

Posteriormente, Urías Lobo volvió a protagonizar una escena similar, esta vez cortándole el cabello a otro hombre a cambio de 500 lempiras, pese a reconocer que no sabía realizar el procedimiento. La nueva publicación generó más críticas en redes sociales y, poco después, el creador de contenido fue detenido en Danlí, en medio de las diligencias abiertas por el caso.

El Ministerio Público inició diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo la grabación y la participación de las personas involucradas. Entre las figuras legales mencionadas en torno al caso se encuentra el trato degradante, aunque corresponde a la Fiscalía establecer qué hechos pueden acreditarse y si existen elementos suficientes para formular una acusación.

La captura de Lobo no equivale por sí sola a una declaración de culpabilidad. El proceso deberá determinar bajo qué figura fue detenido, cuáles son los hechos que se le atribuyen y qué decisión adopta posteriormente un juez. Hasta la publicación de la información, no había sido posible localizar un comunicado oficial del Ministerio Público o de la Policía Nacional que detallara públicamente todos los aspectos jurídicos de la detención.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) también reaccionó al caso y advirtió que la difusión de imágenes, videos o información de menores en contextos sensibles puede afectar su dignidad, privacidad y bienestar emocional. La institución recordó que medios de comunicación, creadores de contenido y ciudadanía deben evitar publicaciones que permitan identificar directa o indirectamente a niños en situaciones que puedan revictimizarlos.