Judicial
Presentan peritajes por presunta corrupción del exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez
La Fiscalía General de la República presentó dos informes periciales en el proceso penal instruido en contra del exministro de Obras Públicas contra David Gutiérrez Miranda, acusado de peculado (apropiarse de fondos públicos).
El exfuncionario es señalado de haber pagado más de $13 millones por trabajos no ejecutados a una empresa constructora que ganó el proyecto tramo II del Bulevar Monseñor Romero, denominado al principio Diego de Holguín.
«Gutiérrez autorizó anticipos y pagos mensuales en el diseño y construcción de la obra, la cual no fue terminada.
Con estas evidencias, se busca demostrar que David Gutiérrez Miranda actuó con negligencia al no supervisar que la obra se construyera en el tiempo estipulado y realizó pagos indebidos a la empresa constructora», destaca el ministerio público en su cuenta oficial de la red social X.
Según la Fiscalía con esas acciones ilegales el exfuncionario causó afectaciones financieras al Estado. Uno de los peritajes es un análisis técnico documental que en su momento autorizó el extinto Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador con el cual se establece los daños ocasionados al proyecto fase dos durante el período que David Gutiérrez fungió como ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Antonio Saca.
La pericia técnica estuvo a cargo de tres ingenieros que tiene la calidad de peritos permanentes por ser empleados de una entidad estatal.
Gutiérrez Miranda está con medidas alternas a la detención emitidas por el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador cuando realizó la audiencia inicial.
La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción la Fiscalía ha plasmado en el expediente que los hechos ocurrieron entre diciembre del 2005 hasta enero de 2007 cuando autorizó pagos por obras no realizadas en el diseño y construcción de la apertura del bulevar.
Los fiscales han indagado que se pagó a la constructora del tramo II del Bulevar Diego de Holguín a pesar de que la obra no se terminó. El proyecto estaba para 420 días, al pasar el 50% de ese tiempo la obra tuvo 20% de avance y la empresa no fue sancionada por incumplir el contrato.
Según el ministerio público el exministro causó un perjuicio económico al Estado por negligencia y omisión de sus funciones como titular de esa secretaría del Estado.
La fase II del proyecto estuvo paralizada varios meses, pero el Ministerio de Obras Públicas siguió pagando por avances de la obra, al asocio temporal Copreca-Linares, que era representado por el prófugo guatemalteco Jesús Hernández Campollo.
La Fiscalía dijo en el dictamen de acusación que David Gutiérrez, pagó $13,723,132. 60, dinero que tendría que cancelar a través de una responsabilidad civil. Las anomalías iniciaron a ser investigadas el 24 de mayo del 2010, por una denuncia recibida, por acciones fuera de la ley en la ejecución del proyecto que fue otorgado en la modalidad llave en mano, es decir que no podía hacerse ninguna modificación.
Judicial
Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos
La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.
La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.
#Antinarcóticos | Este día, la @FGR_SV, en coordinación con la @PNCSV, realiza prueba de campo, registro y clasificación de más de 1,300 kilos de cocaína incautada a dos ecuatorianos el pasado 17 de julio.
Esta droga, valorada en aproximadamente $34 millones, será destruida en… pic.twitter.com/raZ9cvDVCA
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 18, 2026
Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.
Judicial
Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador
El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.
Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.
Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.
La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.
Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.
El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.
Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.
El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
