Judicial
Presentan peritajes por presunta corrupción del exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez
La Fiscalía General de la República presentó dos informes periciales en el proceso penal instruido en contra del exministro de Obras Públicas contra David Gutiérrez Miranda, acusado de peculado (apropiarse de fondos públicos).
El exfuncionario es señalado de haber pagado más de $13 millones por trabajos no ejecutados a una empresa constructora que ganó el proyecto tramo II del Bulevar Monseñor Romero, denominado al principio Diego de Holguín.
«Gutiérrez autorizó anticipos y pagos mensuales en el diseño y construcción de la obra, la cual no fue terminada.
Con estas evidencias, se busca demostrar que David Gutiérrez Miranda actuó con negligencia al no supervisar que la obra se construyera en el tiempo estipulado y realizó pagos indebidos a la empresa constructora», destaca el ministerio público en su cuenta oficial de la red social X.
Según la Fiscalía con esas acciones ilegales el exfuncionario causó afectaciones financieras al Estado. Uno de los peritajes es un análisis técnico documental que en su momento autorizó el extinto Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador con el cual se establece los daños ocasionados al proyecto fase dos durante el período que David Gutiérrez fungió como ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Antonio Saca.
La pericia técnica estuvo a cargo de tres ingenieros que tiene la calidad de peritos permanentes por ser empleados de una entidad estatal.
Gutiérrez Miranda está con medidas alternas a la detención emitidas por el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador cuando realizó la audiencia inicial.
La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción la Fiscalía ha plasmado en el expediente que los hechos ocurrieron entre diciembre del 2005 hasta enero de 2007 cuando autorizó pagos por obras no realizadas en el diseño y construcción de la apertura del bulevar.
Los fiscales han indagado que se pagó a la constructora del tramo II del Bulevar Diego de Holguín a pesar de que la obra no se terminó. El proyecto estaba para 420 días, al pasar el 50% de ese tiempo la obra tuvo 20% de avance y la empresa no fue sancionada por incumplir el contrato.
Según el ministerio público el exministro causó un perjuicio económico al Estado por negligencia y omisión de sus funciones como titular de esa secretaría del Estado.
La fase II del proyecto estuvo paralizada varios meses, pero el Ministerio de Obras Públicas siguió pagando por avances de la obra, al asocio temporal Copreca-Linares, que era representado por el prófugo guatemalteco Jesús Hernández Campollo.
La Fiscalía dijo en el dictamen de acusación que David Gutiérrez, pagó $13,723,132. 60, dinero que tendría que cancelar a través de una responsabilidad civil. Las anomalías iniciaron a ser investigadas el 24 de mayo del 2010, por una denuncia recibida, por acciones fuera de la ley en la ejecución del proyecto que fue otorgado en la modalidad llave en mano, es decir que no podía hacerse ninguna modificación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
