Judicial
Presentan peritajes por presunta corrupción del exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez
La Fiscalía General de la República presentó dos informes periciales en el proceso penal instruido en contra del exministro de Obras Públicas contra David Gutiérrez Miranda, acusado de peculado (apropiarse de fondos públicos).
El exfuncionario es señalado de haber pagado más de $13 millones por trabajos no ejecutados a una empresa constructora que ganó el proyecto tramo II del Bulevar Monseñor Romero, denominado al principio Diego de Holguín.
«Gutiérrez autorizó anticipos y pagos mensuales en el diseño y construcción de la obra, la cual no fue terminada.
Con estas evidencias, se busca demostrar que David Gutiérrez Miranda actuó con negligencia al no supervisar que la obra se construyera en el tiempo estipulado y realizó pagos indebidos a la empresa constructora», destaca el ministerio público en su cuenta oficial de la red social X.
Según la Fiscalía con esas acciones ilegales el exfuncionario causó afectaciones financieras al Estado. Uno de los peritajes es un análisis técnico documental que en su momento autorizó el extinto Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador con el cual se establece los daños ocasionados al proyecto fase dos durante el período que David Gutiérrez fungió como ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Antonio Saca.
La pericia técnica estuvo a cargo de tres ingenieros que tiene la calidad de peritos permanentes por ser empleados de una entidad estatal.
Gutiérrez Miranda está con medidas alternas a la detención emitidas por el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador cuando realizó la audiencia inicial.
La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción la Fiscalía ha plasmado en el expediente que los hechos ocurrieron entre diciembre del 2005 hasta enero de 2007 cuando autorizó pagos por obras no realizadas en el diseño y construcción de la apertura del bulevar.
Los fiscales han indagado que se pagó a la constructora del tramo II del Bulevar Diego de Holguín a pesar de que la obra no se terminó. El proyecto estaba para 420 días, al pasar el 50% de ese tiempo la obra tuvo 20% de avance y la empresa no fue sancionada por incumplir el contrato.
Según el ministerio público el exministro causó un perjuicio económico al Estado por negligencia y omisión de sus funciones como titular de esa secretaría del Estado.
La fase II del proyecto estuvo paralizada varios meses, pero el Ministerio de Obras Públicas siguió pagando por avances de la obra, al asocio temporal Copreca-Linares, que era representado por el prófugo guatemalteco Jesús Hernández Campollo.
La Fiscalía dijo en el dictamen de acusación que David Gutiérrez, pagó $13,723,132. 60, dinero que tendría que cancelar a través de una responsabilidad civil. Las anomalías iniciaron a ser investigadas el 24 de mayo del 2010, por una denuncia recibida, por acciones fuera de la ley en la ejecución del proyecto que fue otorgado en la modalidad llave en mano, es decir que no podía hacerse ninguna modificación.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
