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El rugido de la vulgaridad como liturgia del poder- Lisandro Prieto Femenía

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“La verdad no teme al diálogo; quien la practica no necesita el insulto para sostenerse” (Cortina, A., 1994, Ética mínima: para la vida cotidiana, p. 27).

La política posmoderna exhibe en nuestros días un fenómeno cuyo significado histórico exige una disección rigurosa, extensa y crítica: la conversión de la comunicación pública en un espectáculo sistemático de la ofensa. No se trata de un exabrupto accidental, un rasgo de personalidad o una simple falta de decoro, sino que esta transformación revela una mutación ontológica en la conducción del Estado y en la percepción de las instituciones públicas. Al sustituir el argumento por la injuria y el debate por la descalificación procaz, se ha instaurado una práctica política que instrumentaliza la vulgaridad como una técnica deliberada de dominación. Este recurso tampoco es azaroso, sino que responde a las demandas de una sociedad totalmente rota que, en su hastío institucional y fatiga democrática, ha dejado de valorar la sensatez para premiar la contestación reactiva. El espacio de lo común se convierte así en un territorio de guerra simbólica donde la verdad es el primer sacrificio en el altar de una eficacia política medida en términos de impacto emocional y mediático.

Observamos la materialización de este diagnóstico en la apertura del 144| período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, un evento que funcionó como el escenario predilecto para la exhibición de esta nueva liturgia. Allí, la palabra presidencial no buscó la articulación de un proyecto colectivo ni la convocatoria a la unidad nacional, sino la demolición moral y existencial de un adversario que está bastante flojo de papeles. Al calificar a los representantes legislativos y gobernadores como “ladrones”, “estafadores”, “asesinos” o “golpistas”, y referirse al propio recinto parlamentario como un “nido de ratas”, el orador desplaza la política desde la administración de la complejidad hacia la estética de la crueldad rentable en términos de márketing político. En este escenario, la vulgaridad funciona como un activo político de alta rentabilidad porque en un tejido social fragmentado por el resentimiento y la anomia, el insulto es decodificado- falsamente- como un signo de “coraje”, “transparencia” y “autenticidad”. Se valora la capacidad de infligir daño simbólico al “otro” por sobre la solvencia para gestionar la cosa pública, transformando la violencia retórica en el único combustible de una legitimidad que ya no se construye mediante el consenso deliberativo, sino a través del show de la degradación institucional.

Para comprender la naturaleza hiperreal de este fenómeno patético, Jean Baudrillard ofrece una perspectiva desoladora pero precisa sobre la disolución de “lo político”. Lo que presenciamos en el estrado no es política en el sentido clásico de la gestión de lo común, sino su simulacro, es decir, una puesta en escena donde el grito y el insulto sustituyen a la acción real. Baudrillard sostiene que hemos entrado en una fase donde el signo ya no representa una realidad, sino que la precede y la constituye, en lo que él denomina la “precesión de los simulacros”. En este sentido, el berrinche presidencial es una “obscenidad” en términos baudrillardianos: la exposición total y cruda de lo que debería permanecer en la esfera de lo privado (el odio, el impulso ciego, el exabrupto) para saturar el espacio público hasta volverlo irrespirable. Asimismo, el autor afirma con contundencia que “lo obsceno es lo que pone fin a toda mirada, a toda imagen, a toda representación. No es lo que se oculta, sino lo que se exhibe con demasiada proximidad, lo que no deja lugar a la escena” (Baudrillard, J., 1978, Cultura y simulacro, p. 74). Al llamar “ratas” a los legisladores, se rompe la escena política de la representación- basada en el respeto a la investidura y la alteridad- y se instala la obscenidad de un poder que sólo sabe mostrarse a través del impacto violento, anulando cualquier profundidad deliberativa y dejando al ciudadano en un estado de fascinación hipnótica ante el desastre.

Esta puesta en escena del agravio revela, fundamentalmente, una profunda infantilización de la política. Un presidente que se expresa a través de arrebatos de enojo perpetuo, los gritos y los insultos- gestos propios de la etapa pulsional del desarrollo- no es más que la metáfora de una inmadurez sistémica en la que está embebida una sociedad que ha abandonado el ejercicio del pensar. Neil Postman, en su análisis sobre la degradación del discurso público, advertía que cuando la política se convierte en una extensión del espectáculo, el contenido desaparece en favor del impacto visual y emocional primario. Puntualmente, nos dice que “cuando un pueblo se confunde con una audiencia y sus asuntos públicos en un vodevil, entonces la nación está en peligro; la cultura muere porque la gente no sabe de qué se ríe ni por qué ha dejado de pensar” (Postman, N., 1991, Divertirse hasta morir, p. 161). Pues bien, en la actualidad, el grito presidencial es el aplauso que reclama una sociedad minorizada que prefiere la gratificación inmediata de la ofensa- el “berrinche” que castiga al enemigo- antes que el esfuerzo laborioso, lento y racional de la argumentación crítica. La madurez política, que implica reconocer la complejidad y la legitimidad del disenso, ha sido canjeada por una catarsis adolescente que confunde la agresión con la fortaleza.

A este escenario se suma un abismal quiebre generacional, moral y político que fractura la experiencia compartida de la realidad. Mientras la juventud del siglo XXI, criada en la inmediatez de las redes y la lógica del trolling, parece haber asimilado estas expresiones como formas legítimas de “disrupción” o “rebeldía” contra un sistema percibido caduco, quienes hemos habitado este mundo por más de tres décadas asistimos a esta naturalización con una complejidad que raya la angustia. No se trata de una resistencia conservadora al cambio, sino de una incomprensión de fondo ante la caída de los diques éticos del lenguaje. Para Baudrillard, ésta es la era de la “disolución de lo social”, donde los vínculos se vuelven transparentes, gélidos y puramente operativos e instrumentales. La violencia verbal ya no causa escándalo porque se ha convertido en una “hiperrealidad” mediática donde el dolor del otro no se siente como real. También, según Zygmunt Bauman, esta desconexión produce una fractura política donde “la comunicación electrónica permite que la agresión fluya sin el freno que antes imponía el reconocimiento del rostro del otro” (Bauman, Z., 2005, Ética posmoderna, p. 184). Esta perplejidad ante la violencia naturalizada nos deja inmovilizados: la sensación de no entender nada no es falta de inteligencia, sino la orfandad de no reconocer ya los códigos éticos de la sensatez que sostenían la convivencia mínima.

Complementariamente, para Hannah Arendt, esta degradación es el fin de la política como espacio de aparición y libertad. Si el lenguaje se reduce a insultos y descalificaciones zoológicas, la pluralidad humana desaparece bajo el peso de la etiqueta estigmatizante. Arendt sostuvo que la política es el ámbito donde los sujetos, a través del habla, revelan quiénes son en su singularidad. Cuando el discurso pierde su función persuasiva y se convierte en fusilamiento simbólico, la acción política se empobrece. Como ella misma señala, “dondequiera que la relevancia del discurso se halle en juego, la cuestión se convierte en política por definición, pues es el discurso lo que hace del hombre un ser político” (Arendt, H., 1996, La condición humana, p. 179). Así, el discurso que animaliza al opositor bajo el rótulo de “ratas” o “parásitos” atenta contra la propia posibilidad de la acción humana, reduciendo la pólis en un desierto de odio donde sólo impera el monólogo de un soberano que ha renunciado a la palabra para abrazar el rugido.

Pierre Bourdieu refuerza la precitada lectura al explicar el concepto de “violencia simbólica”, esa forma de dominación que arranca sumisiones a través de creencias socialmente inculcadas y categorías de percepción impuestas desde el poder. La vulgaridad organizada no es un desborde emocional, sino una forma de acumulación de capital simbólico que impone una visión del mundo donde el pensamiento es tildado, inmediatamente de complicidad. El autor explica que “la violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas” (Bourdieu, P., 1996, Sobre la televisión, p. 22). En la Argentina del año 2026, esta técnica se manifiesta como una liturgia de odio que consolida un poder que ya no requiere de la persuasión, sino de la claudicación del interlocutor ante la fuerza del estigma masivo.

A este análisis añadimos también la perspectiva de Byung-Chul Han sobre la “infocracia” y la crisis de la verdad. Han sostiene que el régimen de información digital ha destruido la estabilidad de lo real, permitiendo que el afecto y la indignación sustituyan al juicio reflexivo. En una sociedad rota, la vulgaridad es el vehículo perfecto para la viralización del odio, porque “la crisis de la verdad es ante todo una crisis de la comunidad. La verdad es un lazo social. Se basa en una praxis comunicativa. Hoy, la verdad se desintegra en información, en noticias que se consumen y se desechan” (Han, B-C., 2022, Infocracia, p. 34). Esta desintegración es la que hace que los recursos discursivos decadentes y violentos sean rentables, puesto que ya no importa la veracidad de la acusación (“asesinos”, “golpistas”), importa que impacto emocional sea total y que mantenga a la audiencia en un estado de movilización permanente contra el fantasma del enemigo.

Esta mutación del lenguaje político socava los fundamentos de la democracia deliberativa de Jürgen Habermas. Para él, la legitimidad sólo puede emanar de un proceso de entendimiento mutuo basado en pretensiones de validez compartidas. Cuando la comunicación se rige por la injuria proferida desde la magistratura nacional, se rompe el “mundo de la vida” y se coloniza la palabra mediante el poder instrumental. Habermas nos advierte que “el concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio de entendimiento sin más, en el que los hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte de su mundo de la vida, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo” (Habermas, J., 1981, Teoría de la acción comunicativa, p. 45). El rugido del insulto fractura este horizonte común, reemplazando la búsqueda del acuerdo por una imposición que desprecia tanto la investidura de las instituciones como la lógica mínima de la sensatez.

En este contexto de orfandad discursiva y parálisis moral, la ética pública reclama una respuesta que no puede ser un mero decoro burgués o un formalismo vacío. Justamente por ello, Adela Cortina subraya la necesidad de una “razón cordial” que reconozca la dignidad del otro como un sujeto con razones válidas, incluso en el conflicto más enconado. La normalización de la injuria produce un empobrecimiento del lenguaje cívico que imposibilita la construcción de políticas justas, ya que “el insulto desactiva la posibilidad de comprender y, por tanto, de construir políticas justas” (Cortina, A., 1994, Ética mínima, p. 121). La cortesía política es, en rigor, la última salvaguarda de la paz social frente a la barbarie de la descalificación totalizadora.

Finalmente, queridos lectores, nos queda decir que esta decadencia nos sitúa ante una encrucijada que es tanto política como ontológica. Si aceptamos que la esfera pública sea el escenario donde triunfa quien más y mejor humilla porque “dice las cosas de frente”, habremos claudicado ante una forma de barbarie que prefiere el impacto del grito frente a la solidez de la verdad. La perplejidad que nos causa la violencia sistematizada es la señal de que algo fundamental en nuestra civilización se ha roto definitivamente.

A partir de lo precedentemente expuesto, cabe plantearnos las siguientes interrogantes para la reflexión. ¿Es posible sostener un sistema democrático cuando la palabra ha sido despojada de su función comunicativa y reducida a un proyectil de odio? ¿Hasta qué punto la fascinación por el “líder enojado” oculta una renuncia colectiva a la responsabilidad de pensar la complejidad del presente? ¿Cómo vamos a reconstruir el respeto y la sensatez en una sociedad que ha encontrado en la vulgaridad una forma de entretenimiento y en la humillación ajena una forma de justicia? ¿Estamos ante el fin de la política como diálogo para entrar en una era de simulacros de furia que sólo encubren nuestra incapacidad de imaginar un futuro común? ¿Cómo habitamos, en definitiva, la angustia de un mundo donde el respeto ya no es un código compartido, sino el residuo de una civilización que se desvanece ante el grito del berrinche soberano?

Referencias bibliográficas

Arendt, H. (1996). La condición humana (R. Gil Novales, Trad.). Editorial Paidós. (Obra original publicada en 1958).

Baudrillard, J. (1978). Cultura y simulacro (P. del Carril, Trad.). Editorial Kairós.

Bauman, Z. (2005). Ética posmoderna (H. Cardoso, Trad.). Siglo XXI Editores.

Bourdieu, P. (1996). Sobre la televisión (G. Castro, Trad.). Editorial Taurus.

Cortina, A. (1994). Ética mínima: para la vida cotidiana. Alianza Editorial.

Habermas, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa (M. Jiménez Redondo, Trad., Vol. 1). Editorial Taurus.

Han, B-C. (2022). Infocracia: La digitalización y la crisis de la democracia (J. Chamorro Mielke, Trad.). Editorial Taurus.

Postman, N. (1991). Divertirse hasta morir: El discurso público en la era del espectáculo (V. Goldstein, Trad.). Editorial de la Tempestad.

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Analizando el contraste entre la hispanidad y la modernidad liberal

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Por: Lisandro Prieto Femenía

“La Hispanidad no es un mero accidente geográfico o histórico, sino una vocación universal, una forma de entender y ordenar la vida política y social”

Miguel Ayuso, La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto (2014), p. 12.

Comienza octubre y, antes de empezar a soportar barbaridades en los medios, se me hace necesario ofrecer esta humilde reflexión. Hemos escuchado un millar de veces esta sentencia: “la historia siempre la redacta y la cuenta el vencedor”, y sí, es cierto, porque aquellos cuyas ideologías han prevalecido, suelen velar verdades incómodas y construir relatos que justifican ciertos paradigmas. Como ya hemos proclamado en otras oportunidades, la persistencia de la Leyenda Negra sobre la conquista española es un ejemplo paradigmático de cómo una narrativa, nutrida desde los albores de la modernidad, ha logrado arraigarse en el imaginario colectivo, eclipsando la riqueza y la complejidad de la hispanidad. Esta operación ideológica no fue fortuita; constituyó, en rigor, una de las primeras campañas formales de guerra psicológica y de desprestigio geopolítico de la historia humana, diseñada por las potencias emergentes del norte de Europa para erosionar el prestigio de la monarquía hispánica. Para comprender un poco mejor esta trama, la mirada de un excelentísimo pensador como Miguel Ayuso resulta invaluable. Su agudo discernimiento sobre los males de la modernidad liberal y su reivindicación de la tradición hispánico-cristiana nos ofrecen una mirada crítica para reinterpretar no sólo el pasado, sino también las implicaciones del presente.

Ayuso, figura prominente del pensamiento tradicionalista, no se limita a realizar una revisión histórica, sino que su análisis es una profunda crítica a los cimientos ideológicos que moldearon el Estado moderno, y con él, la forma en que se ha interpretado la aventura transatlántica de España. Para él, el liberalismo, con su énfasis puesto únicamente en el individuo atomizado y un contractualismo desprovisto de ligazones naturales y trascendentes, ha disuelto la noción de una verdadera comunidad política. Frente a la visión organicista aristotélico-tomista, en la que el ser humano es por naturaleza un ser social emparejado con cuerpos intermedios (gremios, municipios, familias y reinos), el liberalismo hobbesiano y lockeano impuso una ficción antropocéntrica basada en el egoísmo utilitario. Como bien lo explicita en su obra titulada “La constitución cristiana de los Estados”, “el liberalismo desvertebra la sociedad, haciendo de la suma de individuos la única realidad política admisible, sin atender a los cuerpos intermedios o a las relaciones comunitarias naturales” (Ayuso, 2008, p. 57). Esta “atomización” es crucial, pues contrasta vivamente con la visión orgánica de la sociedad que subyacía en la monarquía hispánica, que buscaba integrar, aunque con normales imperfecciones, a diversas realidades en un todo armónico bajo principios trascendentes.

Frente a la despersonalización y el utilitarismo del Estado liberal, Ayuso postula la hispanidad como una comunidad política natural y enraizada en el derecho natural y el derecho público cristiano. Esta concepción se opone diametralmente a la visión de una “tabula rasa” sobre la cual se construirían sociedades ex novo, propia del pensamiento ilustrado y luego liberal. Mientras que el proyecto anglosajón en Norteamérica se inclinó por el desplazamiento y la segregación de los nativos, partiendo de una lógica de apropiación de tierras vacías para individuos que buscaban su fortuna, la empresa española incorporó una dimensión misional y de integración. La Corona, influenciada por juristas y teólogos, debatió sin cesar sobre la condición del indio, llegando a reconocer su humanidad y sus derechos inalienables (discusión que en Inglaterra jamás se dio, por cierto). Conviene destacar aquí la trascendencia insoslayable de la Escuela de Salamanca, con figuras tutelares como Francisco de Vitoria (Relectio de Indis) y Domingo de Soto, quienes sentaron las bases primigenias del derecho internacional moderno. Eventos inéditos en las anaglifas de la historia universal, como la Junta de Valladolid (1550-1551), llevaron a la Monarquía a paralizar sus conquistas para discernir sobre la justicia de sus títulos y el trato debido a los aborígenes. El mestizaje, tanto biológico como cultural, lejos de ser una anécdota, fue un pilar fundamental de la nueva sociedad hispanoamericana, una realidad que no encuentra parangón en otras conquistas de la historia de la humanidad.

La concepción de Ayuso pone el foco en que la hispanidad no fue un mero conglomerado territorial, sino una civilización con una vocación universalista, impulsada por principios católicos. Esta vocación se manifestó en la fundación de universidades, hospitales y ciudades, y en la temprana promulgación de leyes para la protección de los indígenas. Las estructuras virreinales no actuaban simplemente como “colonias” de extracción sumisa, sino como reinos e instituciones con personalidad jurídica propia, reflejadas en las Leyes de Indias y en instituciones como la Real Audiencia o los Cabildos, garantizando incluso cátedras universitarias en lenguas vernáculas como el quechua y el náhuatl. Mientras la modernidad liberal europea comenzaba a gestar las ideas de la segregación racial y el positivismo jurídico que justificaría, siglos después, la exclusión de minorías en sus propios territorios -recordemos que la integración educativa de afroamericanos en Estados Unidos no se concretó sino hasta mediados del siglo XX-, la monarquía hispánica ya había establecido marcos legales que, aunque a los ojos de presente pueden acusarse de imperfectos, al menos reconocían la dignidad de todos sus súbditos, independientemente de su origen étnico. Al respecto, José Antonio Escudero, en su estudio sobre el derecho indiano, resalta que “la preocupación de la Corona por el buen tratamiento de los indios y por su evangelización fue constante, dando lugar a una legislación casuística de una magnitud sin precedentes” (Escudero, 2005, p. 112). Esta preocupación, emanada de una concepción teocéntrica de la justicia, dista bastante de la fría racionalidad utilitarista que caracterizaría a las demás potencias coloniales, cuya máxima fue y sigue siendo “cuánto tienes, cuánto vales” y la adoración de un billete verde en lugar de una cruz.

La imposición del Estado liberal no fue un simple cambio de régimen, sino que representó una ruptura epistémica y ontológica para los vastos territorios que conformaban el reino español. Lo que se presentó como un proceso emancipador de “independencia” fue, en no pocas ocasiones, la disolución forzada de una unidad orgánica y policéntrica, dando paso a la fragmentación de una comunidad civilizatoria que se extendía desde Ushuaia hasta California. Ayuso, en su ardua e incisiva crítica a la Modernidad, ha sostenido con vehemencia que el liberalismo, al desmantelar las estructuras naturales de la sociedad y sustituirlas por un contrato social abstracto, minó los fundamentos de la verdadera comunidad política. Para él, “el Estado liberal es el resultado de la atomización social y la consiguiente despolitización de la vida pública, donde los lazos naturales de pertenencia son reemplazados por una agregación de individuos desvinculados” (Ayuso, 2011, p. 89). Esta intencional disgregación, importada acríticamente, contrastaba totalmente con la concepción hispánica de un orden jerárquico y orgánico, donde los cuerpos intermedios y las leyes divinas y naturales daban cohesión al conjunto.

Asimismo, el precitado desmembramiento no fue un fenómeno natural, sino la consecuencia directa de la importación de modelos políticos ajenos, diseñados bajo premisas individualistas y contractualistas opuestas a la tradición hispánica. La promesa de libertad y progreso, vehiculizada por las nuevas élites criollas imbuidas del pensamiento ilustrado y liberal, se tradujo paradójicamente en una era de caudillismo, guerras civiles y una inestabilidad crónica que aún resuena en el presente. Los siglos XIX y XX son testigos de las consecuencias devastadoras de esta imposición foránea. La disolución política derivó en la creación de múltiples repúblicas, muchas veces con fronteras artificiales, que rápidamente se vieron envueltas en conflictos fratricidas por cuestiones territoriales, aduaneras o ideológicas. Esta división, lejos de fortalecer, debilitó estructuralmente a los nuevos Estados, haciéndolos vulnerables a la injerencia de potencias externas que veían en la fragmentación hispanoamericana una oportunidad fantástica para consolidar su propia hegemonía económica, política y cultural. Como bien señala Vicente Gonzalo Quesada en su obra sobre la historia de la América del Sur, “la desintegración política, consecuencia del influjo de las ideas liberales y de la ambición de los caudillos, dejó a estas naciones a merced de los intereses extranjeros, incapaces de forjar una verdadera unidad de propósitos” (Quesada, 1876, vol. II, p. 345). En este punto, la crítica de Ayuso se vuelve muy pertinente, ya que al comprender que la debilidad de estos nuevos Estados radicaba precisamente en su origen desvinculado de las raíces históricas y sociales de los pueblos que pretendían representar, inaugurando un ciclo de ingobernabilidad y dependencia que dura hasta nuestros días.

El legado de esta fractura es un continente dividido, empobrecido y en constante conflicto interno. La promesa de prosperidad liberal, se trocó en la consolidación de oligarquías, la explotación de los recursos naturales en beneficio de metrópolis externas, y una persistente desigualdad social orquestada intencionalmente. Los sistemas educativos, herederos de la narrativa de la Leyenda Negra y de la glorificación de la “independencia” disgregadora, han perpetuado una visión que ignora la profunda herida que supuso la disolución de la unidad. Hoy, los territorios que otrora compartieron un mismo idioma, una misma fe, una misma moneda (como el Real de a ocho, primigenia divisa de cambio global) y un mismo marco jurídico-político, se encuentran segregados por fronteras aduaneras, visiones nacionalistas estrechas y, en muchos casos, por un empobrecimiento endémico que contrasta con la inmensa riqueza natural de la región. En pocas palabras, la imposición del modelo liberal, que desestructuró la organicidad hispánica, puede ser vista, en retrospectiva, no como el amanecer de la libertad, sino como el inicio de una era de vulnerabilidad y fragmentación cuyas cicatrices son visibles todavía en la América hispánica contemporánea.

Llegando a este punto de la reflexión, queda claro que la Leyenda Negra no es sólo una tergiversación histórica, sino que representa un arma ideológica gestada en el seno de la modernidad liberal para desacreditar un modelo de civilización alternativo. Al presentar a España como el epítome de la crueldad y el genocidio, se buscaba no sólo justificar la propia expansión de otras potencias, sino también eclipsar los principios de comunidad, tradición y derecho natural que el imperio hispánico, con todas las falencias que pudo tener, intentó encarnar. La pervivencia de esta leyenda nefasta en la currícula de los sistemas educativos actuales tampoco es casual, porque responde a la hegemonía de una visión del mundo que prefiere la anulación de lo diferente a la comprensión de lo complejo.

Es fundamental reconocer que la expansión y la imposición de ciertos modelos hegemónicos no siempre se manifiestan a través de la ocupación militar directa o la anexión territorial. Si bien la historia registra episodios de invasión con ejércitos y cañones, la influencia y el control pueden ejercerse de maneras más sutiles y, a menudo, más perdurables. El caso de la influencia anglosajona en Hispanoamérica ofrece un contrapunto crucial a la narrativa de la conquista española. A excepción de episodios como la contienda por las Islas Malvinas, la dominación británica no se concretó primariamente mediante la invasión militar masiva de territorios americanos, sino a través de un dominio económico y cultural estratégicamente orquestado.

Este predominio se materializó en la imposición de restricciones comerciales y productivas que limitaban el desarrollo autónomo de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Mediante acuerdos comerciales leoninos y la consolidación de deudas externas, se configuró una dependencia económica que ahogó la posibilidad de una industrialización propia y diversificada. Paralelamente, se desplegó una eficaz agenda cultural que, a lo largo del tiempo, ha permeado las instituciones, los sistemas educativos y los medios masivos de comunicación. Esta agenda no sólo promovió una visión particular del progreso y la civilización, sino que también ha dictado -y en muchos casos, sigue dictando- lo que se considera políticamente correcto, estableciendo paradigmas de pensamiento y comportamiento que invisibilizan o deslegitiman otras cosmovisiones, incluyendo la propia herencia hispánica. Esta forma de “invasión invisible” ha demostrado ser extraordinariamente efectiva en moldear identidades y en perpetuar dependencias que trascienden la ausencia de una ocupación militar formal. En la posmodernidad, esta hegemonía ha derivado en la imposición del constructivismo social atómico y la ingeniería cultural anglosajona. Sólo alcanza con explicitar que, entre tantas agendas culturales impuestas, la agenda LGBT y el movimiento WOKE no fueron fundados en Lima, Santiago, Buenos Aires o Asunción, sino en naciones donde se habla la lengua inglesa y francesa, actuando como la continuación refinada del mismo proyecto individualista y desvinculante que ataca las raíces tradicionales de los pueblos.

En definitiva, queridos lectores, queda claro que en un mundo globalizado que tiende a homogeneizar y a disolver las identidades, la reflexión de Miguel Ayuso nos interpela de manera crucial: ¿estamos condenados a aceptar la historia que nos ha sido impuesta, o tenemos la responsabilidad de desenterrar las capas de silencio y tergiversación que ocultan la verdadera esencia de nuestra herencia? ¿Acaso la crítica a la modernidad liberal, tan lúcidamente expuesta por Ayuso, no nos ofrece una clave para comprender no sólo el pasado, sino también los desafíos contemporáneos que enfrenta la noción misma de comunidad y pertenencia? Pues bien, caros amigos, la desmitificación de la Leyenda Negra no es un mero ejercicio de revisionismo, sino un acto de honestidad intelectual que busca reconciliarnos con nuestra compleja identidad y abrir caminos hacia una comprensión más profunda de la humanidad misma.

Referencias Bibliográficas

  • Ayuso, M. (2008). La constitución cristiana de los Estados. Ediciones Criterio Libros.
  • Ayuso, M. (2011). El concepto de Estado en la Monarquía tradicional. Ciudadela Libros.
  • Ayuso, M. (2014). La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto. Marcial Pons.
  • Escudero, J. A. (2005). Curso de Historia del Derecho: Fuentes y grandes instituciones. Editorial Colex.
  • Gullo, M. (2021). Madre Patria: Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Espasa.
  • Quesada, V. G. (1876). La vida intelectual en la América del Sur (Vol. II). Imprenta de Mayo.
  • Vitoria, F. de. (1934). Relectio de Indis (L. Getino, Ed.). Imprenta de San Esteban. (Obra original publicada en 1539).

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Rusia-Ucrania, una guerra civil azuzada por intereses externos

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Viví siete años en la extinta Unión Soviética, donde estudié un año de ruso entre Moscú y Rostov del Don, y residí seis años en Kiev con prácticas de ingeniería agronómica en Dushambe (República de Tayikistán, Asia Central), Sochi (en el mar Negro) y en las afueras de Kiev, en un koljoz, granja colectiva, que producía maíz y trigo.

Ucrania era un remanso de paz para los estudiantes extranjeros becarios que gozábamos de todas las facilidades; una sociedad sin discriminación racial y sin conflictos étnicos. Estuve casado varios años con una ciudadana soviética cuyo padre, ruso, era un alto funcionario en la sección de la producción de leche y carne de la República Socialista Soviética de Ucrania, y cuya madre, ucraniana, era maestra. Mi esposa era rusa y en casa se hablaba ruso, la madre además hablaba el ucraniano.

Tanto en Kiev como en toda Ucrania el idioma oficial y dominante era el ruso, el ucraniano era el segundo idioma oficial. Pese a que en minoritarios círculos estaba ya la llama del nacionalismo ucraniano y del separatismo, estos eran irrelevantes.

Al igual que en toda la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Ucrania era un crisol de nacionalidades y etnias procedentes de las más de 150 nacionalidades de las 15 repúblicas soviéticas. Este fue el paisaje idílico de la Unión Soviética cuando me trasladé a Alemania Occidental, donde residí 25 años.

Allí, el 9 de noviembre de 1989, presencié la caída del muro de Berlín y el comienzo de una nueva etapa histórica para los países de Europa Oriental, debido a la implosión de la Unión Soviética y al colapso del llamado socialismo real.

El Pacto de Varsovia, la alianza militar del campo socialista, se autodisolvió. Lógico hubiese sido que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se autodisolviera, pero ocurrió lo contrario.

A pesar de las promesas que George Bush padre (EE. UU.), Margaret Thatcher (Reino Unido), Helmut Kohl (Alemania Occidental) y François Mitterrand (Francia) le hicieron al último presidente de la URSS Mijáil Gorbachov, de que la OTAN no se extendería ni un milímetro hacia el este, más allá de las por entonces fronteras de la OTAN, a partir de 1990 hasta nuestros días la OTAN pasó de tener 16 a 32 Estados miembros, la mayoría del Este Europeo, y con fronteras cercanas a Rusia. Ello constituye una amenaza militar a la seguridad nacional de Rusia, rodeada de bases militares estadounidenses y de la OTAN.

Es en este contexto cuando surge la problemática de Ucrania, donde la OTAN y EE. UU. propiciaron un golpe de Estado en 2014 contra el presidente ucraniano prorruso Víktor Yanukovich, e instalaron gobiernos nacionalistas prooccidentales que propugnan por el ingreso de Ucrania en la OTAN y la Unión Europea. Un cruce de líneas rojas con la política de seguridad de Rusia que tendría en sus fronteras, a escasos metros, los misiles y bombarderos de la OTAN que podrían atacarla, en segundos.

A partir de 2014 Europa Occidental y EE. UU. propiciaron en Ucrania un nacionalismo fanático y un sentimiento antirruso incitando al Ejército ucraniano a atacar a la población rusa de la región del Donbas (Donetsk, Zaporoshie, Jerson y Lugansk) y que condujo a que Rusia reincorporara a su territorio la península de Crimea (de mayoría rusa e históricamente perteneciente a Rusia, pero «regalada» en 1954 por el secretario general del Partido Comunista de la URSS a Ucrania).

La escalada de violencia antirrusa del Donbas llevó a que en febrero de 2022 sus cuatro regiones se declararan independientes y solicitaran su anexión a la Federación rusa, para lo cual esta desató una operación militar especial que dura hasta el presente.

Más que un conflicto entre naciones, en Ucrania existe una guerra civil, pues Rusia y Ucrania (conocida como Pequeña Rusia antes de la Revolución de 1917) constituyen un mismo pueblo y una misma sangre con una misma base lingüística y religiosa, pues son pocas las diferencias entre el ucraniano y el ruso, y entre la Iglesia ortodoxa rusa y ucraniana. Guerra civil que lleva más de dos millones de bajas en ambos bandos y siete millones de emigrados.

Occidente, sobre todo Inglaterra y Alemania, han manipulado las ilusiones de Ucrania de pertenecer a Occidente y el acceso al bienestar de Europa Occidental, cuando solo están siendo utilizados para desgastar y destruir a la Federación rusa. Ucrania jamás será parte de la Unión Europea, de la OTAN, ni de Occidente por una razón de peso: son eslavos. Al igual que los rusos. Ese mismo pueblo eslavo al cual por siglos históricamente Europa Occidental ha tratado de destruir. Desde las invasiones suecas y de los caballeros de las órdenes de Livonia y Teutonia, derrotados por Alexander Nevsky en el siglo XI, pasando por las invasiones de Napoleón Bonaparte y Adolfo Hitler en siglos recientes.

Vuelvo la vista al presente y me parece increíble que dos pueblos hermanos se estén autodestruyendo como marionetas guiadas por titiriteros externos. Rusia ha demostrado históricamente una invencible capacidad de resistencia que le ha hecho salir adelante y derrotar al enemigo a pesar de encontrarse en las más difíciles circunstancias.

Las actuales visitas a Moscú y Kiev de los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, así como del secretario de Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher, para buscar una solución política al conflicto, son esperanzadoras. No tanto por voluntad política de los europeos, sino por el pragmatismo de Trump que prefiere hacer negocios (la reconstrucción de Ucrania) y no la guerra, y por el cansancio de cuatro largos años de cruenta confrontación entre Rusia y Ucrania, que ponen los muertos.

El hecho de que los emisarios personales de Donald Trump hayan sido recibidos personalmente por Vladímir Putin en su oficina del Kremlin significa que ambos están retomando «el espíritu de la cumbre de Alaska», celebrada en Anchorage el 15 de agosto de 2025, que fue el primer cara a cara entre los dos mandatarios desde la operación rusa en 2022, y el primer encuentro con Putin durante su segundo mandato, donde Trump buscó negociar un acuerdo para poner fin al conflicto, sin la participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

No hay duda de que estas negociaciones directas entre ambas potencias, teniendo en cuenta que la guerra arancelaria con China se ha vuelto prioridad para EE. UU., pueden llevar a una paz duradera en Europa Oriental y a un adiós a las armas.

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Opinet

Bukele marca un antes y un después y la oposición sigue sin propuestas, sostiene el Círculo Siglo XXI

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El Salvador atraviesa una transformación política y social que rompe con el rumbo de los gobiernos anteriores, sostiene el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI en su boletín número 54, correspondiente al 21 al 28 de septiembre de 2026. La publicación presenta una valoración favorable de la gestión de Nayib Bukele y plantea que la seguridad, la educación y la salud constituyen los pilares de un proceso que denomina “reinvencionismo social”: una forma de reorganizar las prioridades del Estado para responder a las necesidades ciudadanas.

Uno de los señalamientos más contundentes del boletín apunta a los partidos tradicionales, a los que describe como organizaciones debilitadas por la falta de liderazgo, renovación y propuestas concretas. Según sus análisis, la oposición concentra sus esfuerzos en rechazar las decisiones del Gobierno, sin explicar cómo financiaría o ejecutaría sus propias alternativas. Desde esa lectura, el Círculo anticipa un escenario favorable al oficialismo en las elecciones de 2027 y sostiene que sus adversarios necesitan recuperar credibilidad y construir un proyecto nacional convincente.

Más allá de la disputa política, la publicación propone evaluar la gestión pública por los resultados que recibe la población. Como ejemplo, relata el caso de Los Toles, en Ahuachapán, donde contrasta las calles de tierra y lodo observadas durante la celebración de la independencia de 2025 con una carretera pavimentada y una nueva escuela un año después. El propio análisis introduce una precisión: construir infraestructura no garantiza por sí solo mejores aprendizajes. El siguiente reto consiste en comprobar si esas inversiones ayudan a completar los estudios y ampliar las oportunidades de los alumnos.

La tecnología ocupa otro lugar destacado. El boletín defiende la incorporación de la inteligencia artificial a la educación, acompañada de controles y un uso adecuado, y cuestiona que sus riesgos justifiquen abandonar las herramientas digitales. También destaca la formación continua como una vía para fortalecer las posibilidades laborales. En materia económica, plantea que la capacidad del Estado para anticiparse, planificar y ejecutar políticas puede marcar diferencias frente a dificultades externas, como las variaciones del mercado petrolero.

La seguridad y la identidad nacional completan los principales ejes de esta edición. El Círculo interpreta las muestras de apoyo a policías y militares durante el desfile del 15 de septiembre como una expresión de agradecimiento por la recuperación de la tranquilidad. Asimismo, propone rescatar la palabra “mara” en su sentido de grupo de amigos, desligándola de su asociación con las pandillas. Ambos planteamientos reflejan la tesis central de la publicación: que los cambios atribuidos al actual Gobierno también están modificando la convivencia y la manera en que los salvadoreños perciben su país.

 

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