Internacionales
El mundo se dirige hacia un calentamiento de entre 2,5 °C y 2,9 °C
Al ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero, el mundo se dirige hacia un aumento de su temperatura media de entre 2,5 ºC y 2,9 ºC este siglo, cerca del doble del objetivo ideal, advirtió la ONU el lunes.
Según el informe anual de emisiones de gases de efecto invernadero, las naciones del G20 deben acelerar imperativamente su transición energética y aumentar sus recortes de emisiones.
La temperatura media del planeta ya está 1,2 ºC por encima de la que tenía en la era preindustrial, explicó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su informe.
Publicado poco antes de una nueva conferencia del cambio climático (COP28, del 30 de noviembre al 12 de diciembre), el texto es un nuevo grito de advertencia.
Este año está previsto que sea el más cálido de la historia, y el informe señala que «el mundo está siendo testigo de una aceleración perturbadora en el número, velocidad y escala de récords climáticos superados».
«Esfuerzos ambiciosos y urgentes»
El informe anual señala que para reducir las emisiones lo suficientemente rápido como para evitar impactos catastróficos, «se requieren esfuerzos ambiciosos y urgentes de todos los países para reducir el uso de combustibles fósiles y la deforestación».
La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, instó a las naciones del G20, responsables de aproximadamente el 80% de las emisiones, a que lideren las reducciones globales de emisiones. Algunas, advirtió, están en «modo pausa».
«Es absolutamente crítico que el G20 intensifique sus esfuerzos», dijo a la AFP.
El informe del PNUMA examina la diferencia entre las emisiones que aún serán enviadas a la atmósfera según los planes de descarbonización de los países y lo que la ciencia dice que se necesita para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
Este acuerdo de 2015 estableció que los países acordaron limitar el calentamiento global «muy por debajo» de +2 ºC, y si posible, a +1,5 ºC.
Para 2030, las emisiones globales deberán ser un 28% inferiores a lo que sugieren las políticas actuales para mantenerse por debajo de los 2 ºC, y un 42% inferiores para el límite más ambicioso de +1,5 ºC.
«Tenemos mucho trabajo por hacer porque en este momento no estamos donde deberíamos estar», dijo Andersen.
Según el Acuerdo de París, los países deben presentar planes de reducción de emisiones cada vez más amplios, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o NDC.
El PNUMA calcula que la implementación completa de las NDC para 2030, sin tener en cuenta el apoyo externo, daría un 66% por ciento de probabilidad de que la temperatura media de la Tierra aumente en 2,9 ºC para 2100.
Si no se toman en cuenta las promesas de reducción de emisiones, el mundo se encamina irremediablemente hacia más de +3 ºC.
Los científicos advierten que un calentamiento a estos niveles podría convertir a vastas regiones del planeta en prácticamente inhabitables para los humanos y provocar puntos de inflexión irreversibles en la tierra y los océanos.
Las NDC «condicionales», que dependen de financiamiento internacional, probablemente reducirían el aumento a +2,5 ºC durante este siglo, según el informe.
El PNUMA dijo que si se cumplieran en su totalidad todas las NDC condicionales y las promesas a largo plazo de emisiones netas cero, aún sería posible limitar el aumento de temperatura a 2 ºC.
Pero advirtió que actualmente estas promesas de emisiones netas cero no se consideran creíbles, ya que ninguno de los países más contaminantes del G20 ha reducido las emisiones de acuerdo con sus propios objetivos.
Incluso en el escenario más optimista, la posibilidad de limitar el aumento de temperatura a +1,5 ºC es ahora solo del 14%.
La Organización Meteorológica Mundial acaba de señalar que los niveles de los tres principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, rompieron récords el año pasado.
El PNUMA preconiza NDC más ambiciosos, y para ello deben ser actualizados de aquí a 2025.
Andersen se considera optimista ante la COP28, a pesar de las divisiones causadas por la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra entre Israel y Hamás.
«Los países y las delegaciones comprenden que, independientemente de estas profundas divisiones que existen y que son innegables, el medio ambiente no espera y el clima ciertamente no lo hará», dijo.
«No se puede presionar el botón de pausa», advirtió.
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
La Policía de Guatemala capturó este miércoles a siete integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes son señalados de estar involucrados en el asesinato de 17 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en zonas boscosas entre 2025 y 2026.
De acuerdo con la Policía, los cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas o bolsas plásticas y abandonados en cuatro distintos escenarios. Las autoridades vinculan estos hechos con la rivalidad entre pandillas.
Los detenidos fueron capturados en una colonia ubicada en la periferia oeste de la capital guatemalteca, un sector controlado por grupos criminales. Los sospechosos son acusados de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, secuestro y asesinato. Entre los capturados se encuentra una mujer, quien enfrenta cargos por asociación ilícita.
Según la investigación, los detenidos también estarían relacionados con el abandono de ocho cuerpos en octubre pasado. Estos fueron encontrados envueltos en bolsas plásticas debajo de un puente de una carretera ubicada al este de la capital.
El hallazgo ocurrió el mismo día en que Marco Antonio Villeda asumió como ministro de Gobernación de Guatemala, luego de la destitución de su antecesor, Francisco Jiménez, en medio de una crisis política provocada por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel.
De los 20 pandilleros que escaparon, ocho han sido recapturados y uno fue localizado sin vida.
La MS-13 y el Barrio 18 son señalados como los principales grupos vinculados con la violencia criminal en Guatemala. Ambos son considerados organizaciones «terroristas» por Guatemala y Estados Unidos.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 17.3 por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
El gobierno de Dinamarca propondrá prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas y centros de educación secundaria, como parte de una medida que busca limitar el tiempo que los niños y jóvenes pasan frente a las pantallas, anunció este jueves la primera ministra Mette Frederiksen.
«Este gobierno propone una prohibición total de los celulares», declaró Frederiksen durante una rueda de prensa.
La medida se aplicaría tanto dentro de las aulas como en los patios de recreo y abarcaría a los estudiantes desde primero de primaria hasta el final de la educación secundaria.
El anuncio se produjo poco después de que se conociera el último informe internacional PISA, que refleja un descenso en los resultados de los jóvenes daneses.
Con una puntuación de 478, Dinamarca se ubicó justo por debajo de la media europea, de 482 puntos.
«Los resultados en lectura, matemáticas y ciencias son los peores jamás registrados», afirmó el ministro de Educación, Magnus Heunicke, tras conocerse los resultados el martes.
Por su parte, Frederiksen consideró que los resultados están estrechamente relacionados con el nivel de conexión de los niños y jóvenes en el país.
«Los adultos hemos permitido que los niños y los jóvenes pasen demasiadas horas al día frente a una pantalla», lamentó la primera ministra.
El gobierno danés ya había estudiado anteriormente legislar sobre esta situación. Sin embargo, el proyecto no llegó a debatirse en el Parlamento y únicamente contemplaba obligar a los consejos escolares a establecer normas para convertir sus centros educativos en espacios libres de celulares.
