Judicial
Asamblea avala reestructuración de juzgados
Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los juzgados, la Asamblea Legislativa reformó, con 62 votos, la Ley Orgánica para la creación, conversión, y supresión de sedes judiciales en los municipios de Atiquizaya, Tejutla, San Sebastián y San Francisco Gotera.
Las enmiendas se realizaron a solicitud de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y para garantizar un sistema efectivo que contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho.
“El objetivo de estas disposiciones es redistribuir los recursos con los que ya cuenta el Órgano Judicial y así generar un ahorro para el Estado”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
Las reformas incluyen la creación del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, que tendrá las competencias para conocer procesos y diligencias laborales y los regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Mientras que el Juzgado de Primera Instancia de Tejutla se convertirá en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango con residencia en la ciudad de Tejutla y el Juzgado Segundo de Paz de del mismo municipio se convertiría en el Juzgado de Instrucción con la competencia para conocer de los procesos y diligencias que le remitan los Juzgados de Paz de los municipios de Tejutla, La Palma, Nueva Concepción, San lgnacio, Agua Caliente, La Reina, Citalá y El Paraíso.
Asimismo, el Juzgado Segundo de Paz de Atiquizaya pasará a ser el Juzgado Segundo de Instrucción de Ahuachapán y el Juzgado Primero de Paz de Atiquizaya cambiaría su nominación a Juzgado de Paz de Atiquizaya.
Otra enmienda contempla la conversión del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente y la supresión del Juzgado Segundo de Paz de San Sebastián.
La legisladora Merlos aclaró que ninguno de los empleados de los juzgados perderá su trabajo debido a estas modificaciones.
“Los jueces y personal de los juzgados convertidos y suprimidos mantendrán su plaza y salarios. Gozarán de todas las prestaciones que poseen como empleados del Órgano Judicial, ya que serán reubicados en tribunales de la misma localidad”, sostuvo la parlamentaria.
Fernando F. G., de 50 años, profesor de tercer ciclo en un Centro Escolar de San Martín, intentó seducir a una alumna de 12 años. El sujeto, además, le había dicho que se la llevaría a vivir con él.
Esta situación inició desde marzo pasado. En octubre, el hombre convenció a la menor para salir. En un momento que se encontraron a solas, el sujeto le realizó tocamientos, a los que la víctima se negó.
La madre de la víctima, debido a la preocupación de que su hija había vuelto tarde de estudiar, la presionó para que le dijera lo que sucedía, fue así como la niña le manifestó lo que había pasado. Luego de la denuncia el hombre fue detenido con orden administrativa el pasado martes.
Por este hecho, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín llevó a cabo la audiencia inicial, en la que resolvió que Fernando F., pase a instrucción con la detención provisional, por haber indicios de haber cometido el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada.
Más de 30 años de cárcel recibió un terrorista de la Mara Salvatrucha (MS-13) que se dedicaba a lavar dinero, informó la Fiscalía General de la República (FGR), esta tarde de lunes.
Se trata de Cristian Roberto Calderón Molina, quien fue condenado por los delitos de tráfico ilícito, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la FGR, Calderón fue detenido el 23 de junio de 2022, en una vivienda en Santa Ana, donde se le incautaron 390.6 gramos de marihuana, 10,607.24 dólares en efectivo, un vehículo y tres celulares que no tenían origen legal.
Tras la condena, autoridades manifestaron que ahora los criminales ya no saldrán impunes por sus delitos y todos pagarán con cárcel.
Por la desaparición de su compañera de vida, es enjuiciado en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Fermín Eduardo Arévalo Rivas, a quien la Fiscalía General de la República acusa por el delito de privación de libertad.
La víctima fue privada de libertad el 22 de julio de 2018 y desde ese día su familia nunca supo de ella. Testigos han dicho a las autoridades que fue Arévalo Rivas quien se la llevó.
El hecho ocurrió en la carretera hacia el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador, según la denuncia que fue interpuesta, en ese sector el imputado la interceptó y pasaron días, semanas y meses sin tener información de ella.
El procesado ya tiene una condena de 10 años de cárcel por los delitos de tenencia, portación de armas de guerra y tráfico Ilegal de armas de fuego.
En una vista pública realizada en julio de 2023, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo encontró responsable de transportar municiones y una granada.
Durante el juicio, el fiscal del caso fue contundente al señalar que el 5 de julio del 2021, agentes de la Policía Nacional Civil que realizaban un patrullaje en zona de Los Condominios Libertad Obrera, de Ilopango observaron al imputado que portaba una mochila.
Al mismo tiempo notaron que se comportaba de manera sospechosa y que al verlos intentó huir, pero la intervención inmediato permitió detenerlo.
Cuando lo registraron descubrieron que transportaba una granada conocida como de práctica, regular cantidad de municiones para diferente calibre y varios cargadores para arma de fuego.
