Judicial
$5.2 millones reclama la Fiscalía a exfuncionarios acusados de enriquecimiento ilícito
Más de $5 millones suman las demandas por enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado en lo que va de 2024 ante distintas cámaras contra cinco exfuncionarios de los dos gobiernos del FMLN y un exdiputado de ese partido político.
De acuerdo con datos del ministerio público, las demandas presentadas en lo que va de este año ascienden a $5,298,715.02.
Las acusaciones se enmarcan en la guerra contra la corrupción que el presidente Nayib Bukele anunció el 1.º de junio de 2023, cuando señaló la importancia de atacar ese flagelo en todos los niveles y destacó que, gracias a las reformas aprobadas por la pasada Asamblea Legislativa, los delitos de corrupción no prescriben, ya que no importa cuando se han cometido.
«Declaramos la guerra contra la corrupción. Así como actuamos contra los pandilleros actuaremos contra los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. No importa si robó hace uno, cinco o 30 años, porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben», afirmó el gobernante en esa oportunidad. Estos son los cinco acusados por la Fiscalía en lo que va de este año.
Una de las cantidades más grandes que la FGR pretende que se reintegre al Estado son $3,892,095.46, fortuna con la que el ex secretario privado de la presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar se habrían enriquecido ilícitamente.
El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión de Mauricio Funes entre 2009 y 2014. El caso se presentó en mayo ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, donde se le reclama el monto de $3,541,407.87 por 44 irregularidades en depósitos en efectivo y en cheques de cuentas de ahorro por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.
La demanda incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien le señalan 11 inconsistencias en depósitos en cuenta de ahorro, la adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85; y a su hija, Mariana Cáceres Flores, se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74.
El ministerio público informó que el proceso civil se basa en el informe de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó este año un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.
El segundo monto más alto demandado es $572,015.22 y se le reclama al exministro de Turismo Napoleón Duarte y su grupo familiar. Duarte Durán fungió como ministro de Turismo, director del Concejo Salvadoreño del Café y presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), cargos que desempeñó entre 2009 y 2019.
El reporte fiscal indica que al exfuncionario se le reclama el monto de $126,083.98 por 21 irregularidades que no justificó en depósitos bancarios, pago de tarjetas de créditos y diferencias entre los ingresos y los egresos.
En cuanto a su esposa, María Cristina Benítez de Duarte, se le demanda por $79,344.53, producto de cuatro irregularidades relacionadas con depósitos a plazo, adquisición de vehículo y diferencia negativa en sus gastos e ingresos.
En lo que respecta a su hijo, José Napoleón, responderá civilmente por 23 irregularidades equivalentes a $218,904.74. También, su hija, María Cristina, enfrenta la demanda por nueve irregularidades que no justificó y suman $64,919.42.
Y su otro hijo, Juan Carlos, está demandado por 15 irregularidades por $82,762.55. Los hijos del demandado no justificaron compras de automóviles, pagos de tarjetas de créditos y depósitos bancarios
Judicial
Condenan a tres hombres a 20 años de prisión por homicidio agravado en Santa Ana
Tres hombres fueron condenados a 20 años de prisión por homicidio agravado en el departamento de Santa Ana, tras un proceso judicial relacionado con la muerte de una persona.
La sentencia establece la responsabilidad penal de los tres acusados por su participación en el crimen, considerado un delito grave por la legislación salvadoreña.
El caso se suma a los procesos judiciales desarrollados en Santa Ana para esclarecer hechos violentos y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.
Con esta resolución, los tres hombres deberán cumplir las penas impuestas por la justicia salvadoreña.



Judicial
Condenan a 25 años de cárcel a hombre que atacó con arma blanca a su expareja en Mejicanos
José Alexander Hernández Vásquez fue condenado a 25 años de prisión por intentar asesinar a su expareja en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro. El sujeto fue declarado culpable de feminicidio agravado en grado de tentativa.
Según las investigaciones, el condenado mantuvo una relación de cinco años con la víctima, con quien tuvo un hijo. Durante ese tiempo ejerció violencia emocional y comportamientos de control que llevaron a la mujer a terminar la relación.
El ataque ocurrió en mayo de 2025, cuando la víctima dormía junto a su hijo menor de edad. El agresor ingresó a la vivienda y la atacó con un arma blanca, provocándole graves heridas en el cuello y la espalda.
La mujer fue hospitalizada y sometida a intervenciones quirúrgicas, permaneciendo ingresada durante más de 30 días. Tras evaluar las pruebas, el tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y le impuso la condena correspondiente.
Judicial
Condenan a dos mujeres a 20 años de prisión por cobrar extorsiones a comerciante en Apopa
Dos mujeres fueron condenadas a 20 años de cárcel cada una por extorsionar a un comerciante del distrito de Apopa, en San Salvador Oeste, quien durante varios años recibió amenazas de muerte por parte de integrantes del Barrio 18.
Las sentenciadas fueron identificadas como Josseline Yamilet Carbajal Menjívar y Vanessa Nayiely Morales Menjívar, quienes se encargaban de recolectar el dinero exigido a la víctima.
Según las investigaciones, entre 2020 y 2022, pandilleros llegaban al establecimiento comercial para exigir pagos periódicos y amenazaban con asesinar al propietario si se negaba a entregar el dinero.
Ambas mujeres fueron capturadas durante el régimen de excepción y también enfrentarán otros procesos judiciales por delitos relacionados con estructuras criminales, entre ellos agrupaciones ilícitas.




