Judicial
Norman Quijano es enviado a juicio por negociar con pandillas
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, envió a juicio a Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014.
Los magistrados admitieron toda la prueba presentada por la Fiscalía para que sea analizada de forma integra en la vista pública que realizará la Cámara Segunda de lo Penal.
A los abogados defensores les admitieron como testigos al diputado de Arena, René Portillo Cuadra, Ernesto Angulo, Nelson Valdez, presidente de la Red Nacional de Pastores, Manuel Arrieta, a la exjefa de comunicaciones de Quijano, Jeanneth Palacios, y al exasesor de campaña, Miguel Ángel Simán.
#CombateALaImpunidad I Entre la prueba ofertada por @FGR_SV, en la audiencia preliminar, se encuentra un video donde Norman Quijano está reunido con pandilleros y otros líderes políticos, ofreciendo $100 millones de dólares en beneficio de estos grupos terroristas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 11, 2022
El ministerio público acusa al exfuncionario de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, delitos que se originan cuando Quijano supuestamente se reunió con jefes de pandillas para negociar beneficios penitenciarios y entregarles $100,000 a cambio que votaran para ser electo presidente de la República de El Salvador.
En una reunión que sostuvo con los cabecillas de las maras a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, Quijano pidió a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.
Les expresó que los $100 millones, iban a salir del presupuesto general de la nación y que esos fondos ya estaban disponibles porque el gobierno del FMLN saliente no los había ocupado.
#CombateALaImpunidad I Gracias a las reformas al Código Penal aprobadas recientemente, reos prófugos de la justicia como Norman Quijano podrán ser enjuiciados y condenados por sus actos de corrupción.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 11, 2022
Quijano dijo a los pandilleros que esos $100 millones iban ir destinados para programas sociales en favor de las pandillas, que los cuarteles iban a ser ocupados como granjas de reinserción.
En el proceso existen testimonios de los testigos criteriados Noé y Salomón, quienes han contado a la Fiscalía el pacto y el ofrecimiento de Quijano. Salomón es el testigo que confirmó la entrega de los $100,000 que Quijano hizo a las pandillas a través de Paolo Lüers, según el criteriado, la MS recibió $50,000, y las dos facciones de la Pandilla 18, $25,000 cada una.
Mientras que Noé ha dicho que Quijano les pidió votar por ARENA, que permitieran a la gente ir a votar, el ofrecimiento de los $100 millones para las pandillas y que al abordar el tema de reinserción las pandillas iban a tener libertad de movimiento, además se levantarían todas las restricciones impuestas por los gobiernos anteriores.
Quijano tiene orden de captura desde el 17 de enero de 2022, cuando la Cámara Primera de lo Penal al finalizar la audiencia inicial giró la detención por considerar que hay indicios de que cometió los dos ilícitos.
La Fiscalía judicializó el caso después qur la Asamblea Legislativa le retirar la inmunidad el 15 de diciembre del año 2021.
El origen del expediente tiene que ver con la causa penal conocida como «Operación Cuscatlán», cuando Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, fueron mencionados «Noé» quien en su testimonio dijo que él y otros cabecillas de maras se habían reunido con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara.
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, que tuvo el proceso contra 425 pandilleros divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con los cabecillas de la MS y la pandilla 18 negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
