Política
Nuevo COENA hace un llamado al presidente de la República a crear una agenda de nación conjunta
Las nuevas autoridades de ARENA, encabezados por el empresario farmacéutico Gustavo López Davidson, y en su primera intervención pública como presidente de Coena, el pasado domingo hizo un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, a elaborar una agenda de nación conjunta y superar los problemas del país.
«Hoy propongo al presidente de la República Nayib Bukele, a que fije día, hora y lugar para sentarnos a elaborar una agenda de trabajo con visión de país», invitó López Davidson al mandatario.
López Davidson fue ratificado hoy como el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena), durante la trigésima octava Asamblea General, sustituyendo al presidente interno Rolando Alvarenga, que reemplazó a Mauricio Interiano después de su dimisión en junio pasado.
El dirigente arenero manifestó a los asambleístas que comparte algunas inquietudes sobre el estilo de gobierno del presidente Bukele, pero que en todo caso, él está dispuesto a sentarse a dialogar con el jefe de Estado. «Créanme que entiendo su frustración, y comparto muchas de sus apreciaciones sobre los peligros que manda la forma de gobernar del actual mandatario», señaló.
Sin embargo, se mostró a favor de la armonía con el Ejecutivo y profundizó en que debe haber diálogo entre Bukele y ARENA, ya que «ambos se necesitan».
Por otra parte, López Davidson reconoció que dirigir el instituto político fundado por el mayor Roberto d’Aubuisson es uno de los mayores retos que ha enfrentado en su trayectoria, pero se comprometió a «revitalizar y modernizar el partido».
«Tenemos poco tiempo para convencer al país entero de que seguimos siendo su mejor opción, y eso no vamos a lograrlo causando divisiones entre nosotros», afirmó, a la vez que pidió unidad partidaria.
En cuanto a los señalamientos que pesan sobre ARENA por casos de corrupción -algunos condenados y otros en investigación-, López aceptó que el partido se desvió de sus principios nacionalistas y culpó de ello a «los errores que cometen individuos».
«Este día quiero pedirles a los salvadoreños, con respeto y sincera humildad, que no culpe a Arena por esos malos hijos que traicionaron sus principios y valores», agregó.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
