Política
“¡No hay mejor obra social que generar empleo!”, José Andrés Hernández, candidato a diputado ARENA
El empresario José Andrés Hernández está dispuesto a trabajar por la empleabilidad en el país, consciente que este es un principio básico para aliviar la pobreza, trazar un nuevo futuro a los más jóvenes, sobre todo, para que El Salvador se vuelva muy competitivo a nivel centroamericano.
Basado en su experiencia familiar y personal, además de la trayectoria como concejal en Mejicanos donde ha podido escuchar a millares de pobladores, José Andrés sostiene que “los salvadoreños están pidiendo más y mejores trabajos”.
A partir de mayo próximo, luego que sea electo diputado por la Asamblea Legislativa, se propone integrar las comisiones de Trabajo y Economía. En la primera trabajará para velar por los derechos negados a los salvadoreños que se dedican al trabajo por cuenta propia (o vendedores informales), y en la segunda (Economía) para promover leyes que incentiven la inversión en nuevas fuentes de empleo.
“Hay que impulsar y reactivar aquellos sectores (productivos) que se han quedado estancados. Tenemos que garantizar nuevos y mejores empleos… Estoy interesado en promover leyes que apoyen a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los sectores que sostienen el 70% de la economía del país”, sostuvo.
José Andrés habla claramente de “incentivos a emprendedores”, donde incluye a mujeres jóvenes, con estudios básicos o jefas de hogar que requieran de oportunidades para crecer.
La generación de nuevos empleos, añade el candidato, puede lograrse a diferentes niveles: en acompañamiento con grandes inversores, aunque una clave sería la de promover oportunidades desde las 262 alcaldías del país.
Para ello propone reformar la Ley del FODES en el sentido de evitar que los alcaldes utilicen el dinero que reciben para pagar deudas, por el contrario, apoyar iniciativas de emprendedores según las características de cada municipio. Por ejemplo, en la zona costera motivar industrias hoteleras, acompañadas de actividades recreativas marinas.
“Hay que crear sectores productivos activos para generar ingresos, para generar impuestos, y que este dinero sea utilizado en áreas como educación, seguridad; en seguridad, lo más importante es invertir en la prevención y crear nuevos empleos es prevenir violencia”, dijo.
A juicio del candidato arenero por San Salvador, “en este momento no hay mejor obra social que generar empleo para la población”.
Otras propuestas
José Andrés Hernández ha presentado diversas propuestas para transformar el país, que se vinculan al desarrollo económico y más en específico a la generación de empleo.
Propone una Ley de Desarrollo Económico y Competitividad, una Ley de Fomento al Emprendedurismo, incrementar la inversión pública en proyectos de desarrollo sostenible, brindar mayor seguridad jurídica para motivar las inversiones extranjeras, así como garantizar la salud y previsión social a las familias de los trabajadores.
Consciente que la mejor manera de garantizar las inversiones públicas es por medio de la transparencia, José Andrés Hernández trabajará por el fortalecimiento de la Corte de Cuentas e impulsará reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y a la Ley de Ética Gubernamental para garantizar, todas para crear un marco jurídico actualizado y garante de los intereses económicos de los salvadoreños.
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Los diputados de la Comisión Agropecuaria iniciaron el estudio de una iniciativa que busca declarar como inmuebles con función social las zonas productivas agrícolas y ganaderas aledañas al periférico Claudia Lars, en La Libertad, y aquellas comprendidas dentro del Distrito de Riego y Avenamiento n.° 1, Zapotitán.
Esta disposición busca proteger 3,000 hectáreas de tierras agrícolas y ganaderas situadas en el kilómetro 30 de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, pertenecientes a los municipios de Colón, San Juan Opico y Ciudad Arce del departamento de La Libertad. También a las jurisdicciones de El Congo, en Santa Ana, y Armenia, en Sonsonate.
La diputada Norma Lobo expresó que, tras la construcción del periférico Claudia Lars, diversos empresarios han externado su interés de invertir en estas áreas, por lo que es necesario establecer una normativa que proteja las tierras agrícolas y ganaderas de la zona.
“Esta iniciativa permitirá que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente cuenten con las herramientas legales para velar por el buen uso de los suelos y la protección de los ríos”, sostuvo la parlamentaria.
Para el estudio del anteproyecto de ley, los legisladores recibieron los aportes de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y de representantes del Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG).
Durante su intervención, la titular de Vivienda explicó que estas propuestas son fundamentales para lograr un equilibrio entre la erradicación del déficit habitacional y el aseguramiento de tierras fértiles para la producción agrícola.
“Los esfuerzos de este Gobierno están enfocados en garantizar la soberanía alimentaria del país. Debemos establecer un equilibrio para poder erradicar el déficit de vivienda, pero también asegurar tierras para la producción agrícola”, indicó la funcionaria.
Por su parte, la directora legal del Ministerio de Agricultura, Claudia Díaz, señaló que la institución ha realizado estudios para identificar el asentamiento de comunidades, granjas e industrias que funcionan en la zona sin tener los permisos pertinentes.
El legislador Ricardo Rivas, presidente de la Comisión Agropecuaria, sostuvo que con esta iniciativa se busca generar una dinámica productiva autosostenible, en el marco de la implementación de proyectos agrícolas y ganaderos amigables con el medio ambiente y los recursos naturales.
“Debemos saldar este tema para tener seguridad alimentaria. Para los próximos años, queremos tener la certeza de que contaremos con alimentos en la mesa del pueblo», dijo el legislador de Nuevas Ideas.
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El Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y un grupo de diputados de Nuevas Ideas, se reunió el sábado con salvadoreños radicados en Houston, Texas, a quienes expresó que las pandillas se habían apoderado de El Salvador, y agregó que los gobiernos de Arena y FMLN «no hicieron nada» para erradicar las pandillas.
Castro manifestó que los gobiernos de Arena «solo impulsaron medidas ineficaces» y permitieron a los pandilleros asentarse en los municipios más populosos del país.
Ante los compatriotas, destacó los cambios que ha impulsado el presidente Nayib Bukele, apoyado con la fracción legislativa de Nuevas Ideas, para revertir el problema de las maras: “Hemos tomado decisiones importantes, en el pasado teníamos más muertes por las pandillas que por la guerra civil. Tras el régimen de excepción, el país ha seguido cambiando”, destacó.
Lo que se ha logrado hasta el momento, expuso, «aún no es suficiente, por lo que queda un gran trabajo por hacer para seguir transformando El Salvador y no solo los salvadoreños en el país se sientan seguros, sino la diáspora que regresa a su territorio», dijo.
“Falta mucho por hacer; sin embargo, ya estamos viendo los cambios. Ahora El Salvador está en boca de todo el mundo y seguiremos haciendo lo que se debía hacer en el pasado: justicia para el país”.
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Nacionales
Corte de Cuentas observa más de $120 millones en auditorías realizadas en municipalidades y ONG
En un ejercicio de rendición de cuentas y cumpliendo lo estipulado en los artículos 199 de la Constitución de la República y 111 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, en sesión plenaria ordinaria número 99, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roberto Antonio Anzora Quiroz, entregó el Informe de Labores 2022 al presidente de ese órgano del Estado, Ernesto Castro Aldana.
Dicho informe reporta que la CCR inició en el ejercicio fiscal 2022, un total de 734 auditorías, de estas se han emitido 503 informes, de los cuales destacan 213 que fueron realizadas a municipalidades, sobre el uso de fondos propios, asignación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), recursos asignados para atender la emergencia COVID-19 y Tormentas Amanda y Cristóbal.
Detectándose un monto cuestionado de $122,660,742.01, por diferencias financieras e inadecuado uso de fondos públicos.
En cuanto a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), esta entidad fiscalizadora auditó a 85, detectando en ellas hallazgos por un monto de $1,605,603.64 de fondos públicos que fueron administrados inadecuadamente por estas organizaciones.
Mientras que se realizaron 205 auditorías a entidades públicas del Gobierno Central, autónomas, hospitales, asocios municipales, centros escolares y proyectos de cooperación externa en las que se detectaron hallazgos por un monto de $17,042,687.67.
La Corte de Cuentas se encuentra permanentemente realizando procesos de fiscalización de manera técnica y profesional garantizando que los recursos públicos estén siendo utilizados para los objetivos para lo que fueron designados.
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