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Salud de Vanda Pignato continúa delicada y es trasladada a Hospital del Seguro Social
Francis Otero, la abogada defensora de la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, informó que la funcionaria se encuentra ingresada en el Hospital Policlínico Arce del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), debido a que aún se encuentra con un estado delicado de salud.
«(Pignato) Sigue delicada de salud. Su salud siempre sigue delicada», comentó Otero, una hora antes de que el juez emitiera la resolución del nuevo proceso que la también exprimera dama de la República tiene en contra en el Juzgado 8° de Paz de San Salvador por un proceso de simulación del delito..
En un primer momento, Pignato estaba ingresada en Cllimosal en Santa Tecla. Sin embargo, fue traslada al ISSS donde actualmente está siendo atendida.
La funcionaria que ha estado a cargo del conocido proyecto denominado Ciudad Mujer ha sido acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de simulación del delito, luego de que en noviembre del año 2016 interpusiera una denuncia de un hecho delictivo en el que se le habría falsificado su firma.
Pignato argumentaba que sobre la compra-venta de un vehículo, un Lexus todo terreno que había comprado a José Miguel Meléndez -conocido como Mecafé- que no lo había adquirido, por lo que solicitó a la FGR que investigara quiénes eran las personas que habían utilizado su firma.
En octubre de ese mismo año, según dijo el fiscal del caso, el Ministerio de Hacienda le solicitó que explicara cómo había adquirido el vehículo de $60,000 y la repuesta de la funcionaria fue que aún o tenía conocimiento de ello.
Mecafé habría adquirido el vehículo en $100,000 ocho meses antes de que Pignato lo comprara en $60,000.
La pena del delito es de uno a cuatro años de prisión, pero la FGR solicitó al juez la detención provisional debido a que el peligro de fuga es muy evidente.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
