El 24 de junio pasado funcionarios de Casa Presidencial llegaron a la Asamblea Legislativa con la petición de una Ley de Régimen de Excepción que permitiera al gobierno poder contener la escalada, que tras el limbo jurídico en el que ya estaba el país, pudiese volver a confinar a una población cada vez más abocada a las calles.

Los diputados en ese momento, solicitaron de nuevo a los funcionarios que se volvieran a reunir para poder discutir el tema, pese a que ya habían pasado encerrados por largas jornadas por seis días, analizando y discutiendo acaloradamente cada uno de los artículos de una ley, que nació muerta.

La respuesta desde el ejecutivo ha sido contundente, no van a sentarse a discutir de nuevo en el reciento legislativo, puntos que ya están claros y que, en su interpretación, solo busca dilatar el tiempo, mientras los hospitales están al punto del desborde.

La petición del ejecutivo lleva un mes en la espera de que se debata en el pleno, hace 21 que la Comisión Política dijo que dejaba abierta su cesión de trabajo para abordar el tema.

Ayer se agregó otro ingrediente a este complicado panorama, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite la controversia constitucional sobre el decreto legislativo 661 que contiene la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia covid-19, por petición del ejecutivo.

El decreto fue aprobado el 11 de junio y posteriormente fue vetado por el presidente Nayib Bukele bajo con argumentos de inconstitucionalidad en los artículos 16 y 17 que regulan las actividades permitidas en diferentes fases de reapertura.

Lo agravante del caso, es la Sala da 10 días a ambos órganos del Estado, para que expongan y expliquen el porqué de su decisión, mientras tanto el Ministerio de Salud seguirá sin herramientas para contener a la población, que evidentemente no atiende las indicaciones, ni las peticiones de no salir de casa si no es necesario.