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Más de la mitad de los salvadoreños desconfía de los resultados electorales del TSE, según estudio de la UES
Más del 50 % de los salvadoreños no confía que haya transparencia en los resultados de las elecciones del 28F por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de acuerdo con los datos del sondeo de opinión “Cultura Política y Nuevas Prácticas de Gobernanza en El Salvador”, de la Universidad de El Salvador (UES).
A 17 días de los comicios legislativos y municipales, el estudio de la UES refleja que el 56.3 % de la población no confía en que el TSE refleje resultados electorales confiables.
Esto concuerda con los últimos sucesos en ese organismo electoral, quien el domingo pasado realizó un simulacro que reflejó una falla del 93 % en el sistema informático, algo que ha preocupado a los partidos políticos.
A esta incertidumbre también contribuye la decisión de los magistrados de despedir, a pocos días de la elección, a un especialista en temas informáticos, además de las declaraciones del expresidente del TSE, Julio Olivo, quien se han denominado abiertamente opositor al Gobierno.
Ante esto, partidos como Nuevas Ideas han exigido una auditoría internacional profunda al sistema informático del TSE, pues consideran que ese organismo no da los pasos necesarios para que esos problemas sean subsanados para que evitar que vuelvan a darse el día de las elecciones.
Los fallos en el sistema informático en el TSE son un problema que siempre sale a relucir en los días previos a las elecciones, pero en esta ocasión las inconsistencias han sido mayores.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
