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Juzgado Quinto de Paz ha sobreseído definitivamente al Director de la PNC por el delito de incumplimiento de deberes
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, fue sobreseído de manera definitiva por el delito de incumplimiento de deberes y por el cual los diputados de la Asamblea Legislativa le pretendían retirar el fuero, incluso emitieron un recomendable para que sea destituido de su cargo.
El veredicto fue dado a conocer la tarde de este miércoles por el juez Quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde, quien determinó que el proceso carecía de toda legalidad.
Tras la audiencia inicial, el juez valoró las pruebas de cargo y descargo de las partes, por lo que determinó que la orden emitida por la Asamblea Legislativa carecía de argumentos fácticos y jurídicos, por lo que no existía causa justificada para conducir por apremio al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
El juez Quinto de Paz dijo que el acta número cinco de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en la cual se pedía llevar por apremio al ministro de Hacienda era ilegal, por lo tanto el director de la PNC no cometió ningún delito y el proceso es irrelevante penalmente.
Landaverde dijo que estaba frente a un proceso judicial y no político, «aquí se tienen en cuenta evidencias y como juzgador ejercemos un control con la ley en la mano».
El director de la Policía Nacional Civil se presentó este martes al referido tribunal y dijo que era un hombre muy respetuoso de los procesos judiciales, de los límites de las atribuciones de los órganos, por lo que esperaba que el proceso fuera justo.
«Yo le tengo mucho respeto al sistema judicial y especialmente a la Corte Suprema de Justicia de este país», indicó Arriaza Chicas.
«Yo le pedí a Dios un juicio justo con un juez transparente, natural y objetivo. Esta es una victoria jurídica para el pueblo salvadoreño y sé que algunos no lo van a entender porque piensan que estamos en el siglo pasado todavía», manifestó a los medios de prensa que llevaron al Isidro Menéndez.
En esa misma línea dijo que en el pasado existía el imperio del hombre, pero que en este siglo estamos bajo el derecho constitucional de las atribuciones de cada órgano del Estado.
«Soy respetuoso de las leyes y de las actuaciones de la Policía Nacional Civil son y han sido profesionales apegadas a los derechos humanos. Seguiremos trabajando incansablemente al servicio del pueblo salvadoreño y estoy abierto a cualquier escrutinio público, porque sé que el trabajo que hemos desarrollado es profesional», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
