Judicial
Sujeto que aseguraba ser pandillero exigía $1,000 por WhatsApp a hombre para no matarle un familiar
Por medio de mensajes de WhatsApp, un sujeto extorsionaba a un padre de familia con $1,000, para no matarle a un familiar, al no poder entregar el dinero exigido, la víctima se armó de valor y decidió interponer la denuncia ante las autoridades.
Tanto la Fiscalía como la Policía realizaron las investigaciones que concluyeron con la captura del delincuente el 16 de agosto de 2018.
El sujeto fue identificado como Edgardo Luis Rivas Calixto, quien enfrentó la vista pública el miércoles 18 de marzo de 2020 en el Juzgado de Sentencia de San Vicente y fue condenado a 10 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
También deberá cancelar $500 a la víctima en concepto de responsabilidad civil.
Las pruebas que determinaron la condena fueron presentadas en el juicio por fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado de la oficina de San Vicente.
Las amenazas
La víctima relató a las autoridades que el 10 de agosto de 2018 comenzó a recibir mensajes a través de WhatsApp de Rivas Calixto, quien le aseguró que era pandillero.
En los mensajes continuos que le mandaba le exigió que le entregara $1,000 para no matar a uno de sus familiares.
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Cristian Alfredo Contreras Cuellar, Francisco Efraín Flores Martínez y Miguel Ángel Corona Portillo, miembros de la MS-13 que operaba en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana fueron condenados por comprobarles el delito de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.
Dadas las pruebas presentadas por la representación fiscal, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana impuso las siguientes penas: Cristian Alfredo Contreras Cuellar, 25 años de cárcel por Homicidio Agravado, más 20 años por planeación de dos homicidios, y cinco años adicional por el delito de agrupaciones ilícitas; haciendo un total 50 años de cárcel.
Mientras que para Francisco Efraín Flores Martínez se impuso una sentencia de 25 años por el delito de Homicidio Agravado, y para Miguel Ángel Corona Portillo, 5 años de cárcel por agrupaciones Ilícitas.
Uno de los casos más relevantes por el cual fueron condenados es el asesinato de Francisca de Jesús Samayoa; la víctima le vendía comida a miembros de la PNC y los pandilleros consideraban que ella les brindaba información.
Otro de los casos es el perpetrado contra Juan Carlos Ortíz Linares, a quien le quitaron la vida porque vendía pollo en una zona del mercado Colón de Chalchuapa, donde la estructura consideraba que era dominada por la pandilla
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Judicial
Adolescente que hirió con cuchillo a compañero de clases recibirá tratamiento de salud mental
El Juzgado 3.° de Menores de San Salvador resolvió que la menor acusada de Homicidio Tentado en perjuicio de un compañero de clases reciba un tratamiento de atención en un centro de salud mental.
Y es que en horas de la mañana de este martes, se desarrolló la audiencia de imposición de medidas en contra de la adolescente.
El hecho ocurrió el pasado 16 de marzo en un Centro Escolar de Santiago Texacuangos, en San Salvador, cuando la estudiante de sexto grado hirió de gravedad a su compañero, en el turno vespertino. La víctima recibió una serie de lesiones con un cuchillo por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Nacional José Antonio Saldaña.
La fiscal del caso mencionó que «la jueza resolvió que la adolescente seguirá en tratamiento en cuanto su estado de salud mental y posteriormente antes de ser dada de alta se debe informar al Juzgado correspondiente en este caso el Juzgado Cuarto de Menores».
Posteriormente, se aplicarán las medidas respectivas, según lo valore el juzgado informó la Fiscalía General de la República (FGR).
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Un grupo de 6 sujetos fue enviado a juicio por los delitos de agrupaciones ilícitas, hurto agravado y receptación, así lo indicó la Fiscalía General de la República (FGR) este martes.
Según la FGR, las pruebas presentadas en contra de los acusados fue valorada por un juzgado el cual los envió a la siguiente etapa del proceso en la cual podrían recibir una condena.
Los imputados son Manuel Miranda, Eduardo Hernández, Ulises Reyes, Denis Villalta, José Rivas, y Johny Velásquez.
La Fiscalía sostiene que estos «son responsables de al menos 22 casos de hurto de laptops y aparatos de sonido en diferentes escuelas públicas e iglesias de distintas zonas del país».
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