Judicial
Señalan a policías de colocar droga a un joven mecánico que se encontraba recuperándose en su casa tras un accidente de tránsito
“¡No me han encontrado nada, mamá!”, esas fueron las palabras que un joven le gritó a su madre cuando lo llevaron detenido por supuestamente portar droga dentro de sus bolsillos cuando caminaba por el pasaje de su colonia en Mejicanos, San Salvador. Toda su familia aseguró que los agentes le colocaron la sustancia ilícita.
Un momento tranquilo se convirtió en el inicio de una pesadilla para la familia de André H., un joven mecánico de 21 años de edad, quien se encontraba recuperándose de un accidente de motocicleta. Todo empezó luego de que un grupo de policías y soldados llegaron a su casa a una supuesta requisa en su vivienda bajo el plan “Casa Segura”.
Según el expediente judicial, esto ocurrió a las 5:00 de la tarde del 29 de julio de 2018. El joven se encontraba en su cuarto reposando de un accidente que tuvo un día antes en su motocicleta, por lo cual el jefe del taller y los médicos le habían indicado reposar por un tiempo mientras se recuperaba de un fractura en la pierna derecha.
Esa tarde estaba acompañado de su madre y de otros familiares que vivían en la casa, quienes escucharon que alguien tocaba la puerta. La señora se dirigió hacia la entrada y abrió sin dudarlo. Se trataba de varios policías y tres soldados, quienes estaban parados al frente. Inmediatamente, le explicaron que estaban realizando un operativo de “Casa Segura” con orden de allanamiento para verificar que no había ningún ilícito.
Ella, sin saber más detalles de este procedimiento, los hizo pasar y los agentes comenzaron a ver el lugar hasta llegar al cuarto de André, quien se encontraba dentro. De un momento a otro, le ordenaron que saliera de la habitación, mientras que el policía se quedó dentro. Según el expediente judicial, unos minutos más tarde este salió con una bolsa pequeña que contenía marihuana.
El joven, sorprendido del hallazgo, dijo en reiteradas ocasiones que la droga no era suya y que era inocente de los delitos que le señalaban. “Me sacaron de la casa. A mi familia le dijeron que me iban a fichar, pero que iba a quedar detenido. Ellos no me encontraron nada”, declaró André en la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, donde explicó que los agentes conversaban sobre cuánta droga colocarle para poder llevarlo detenido.
Cuando su madre observó que lo llevaban preso se fue tras de él. Los gritos de ambos se escucharon en todo el pasaje lo que hizo que el hecho fuera percibido por los vecinos.
Como otro insumo a su defensa, le comentó al titular del juzgado que lo subieron al carro patrulla y lo llevaron a zonas de Apopa y a otros lugares extraños que desconocía. “Me dejaron esposado (en un lugar) y luego me pasaron recogiendo. Me llevaron mi teléfono porque no quise desbloquearlo porque tenía cosas privadas”, declaró.
Contradicciones
Uno de los testigos de esa noche asegura que los soldados y los agentes entraron a la casa sin ninguna justificación o documento que amparara dicho procedimiento. “Ni se identificó (el policía) con ningún nombre. Explicó que igual entraría en la casa”, relató.
Esa tarde sus parientes se mostraron afligidos y decidieron llamar al 911 para denunciar lo que estaba sucediendo y buscar una salida, pero uno de los soldados le dijo que siempre se lo llevarían detenido porque “ellos eran la ley dentro de la casa”. Mientras tanto, al otro lado del teléfono, la operadora le explicó que debían de estar atentos a alguna agresión por parte de sus captores.
Toda esta versión contradice a la que la autoridad brindó en el acto de la relación de los hechos, ya que ellos explicaron que la captura del joven fue al final del pasaje de la colonia cuando observaron a un sujeto que caminaba de manera sospechosa.
«Se mostró nervioso por lo que dan comandos de alto y procedieron a realizarle un registro preventivo y se le encuentra en la bolsa delantera derecha del pantalón una bolsa plástica con material vegetal y por sospechar que lo encontrado podría ser droga proceden a trasladarlo”, consigna el expediente judicial.
Luego del procedimiento, la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN-PNC) realizó los estudios de la sustancia y determinaron que era marihuana y que su peso era de 84.8 gramos, el equivalente a fabricar 170 cigarrillos.
El caso llegó hasta la última etapa del proceso judicial y a partir de las pruebas presentadas pretenden demostrar la inocencia y culpabilidad de cada uno frente al juez del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador en los próximos días.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
