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Judicial

Policías fingieron un control vehícular y terminaron extorsionando a un hombre con $500

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El pasado 11 de febrero de 2016 un hombre conducía tranquilo con su vehículo sobre las calles del municipio de Mejicanos cuando de pronto cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desde una patrulla le hicieron una señal de alto para inspeccionar su vehículo. El hombre nunca se imagino que estaría por vivir las horas más angustiantes de su vida. Los cuatro policías le exigieron $500 que debían entregar en tres horas, de lo contrario atacarían contra él y su familia.

Por este hecho, han sido procesado los policías, quienes son acusados por el delito de extorsión. Según el expediente judicial que se abrió por este hecho, eran las 6:00 de la tarde y Pablo (nombre que ha sido modificado para proteger a la víctima) transitaba en Mejicanos, el tráfico era como el de todos los días. Nada en el ambiente daba muestras de que algo fuera de lo cotidiano podría ocurrir. Hasta que un carro patrulla se puso detrás de él.

Pablo se estacionó y al mismo tiempo los cuatro agentes uniformados se bajaron de la patrulla.

El documento judicial detalla que los agentes obligaron a Pablo a bajarse del vehículo, luego le manifestaron con un tono serio que su vehículo presentaba problemas legales, los cuales tenía que resolver con prontitud de lo contrario tendría problemas más graves.

Pablo, parado frente aquellos cuatro agentes, no sabía qué hacer ya que no sospechaba que su vehículo presentara algún problema legal. Los policías al verlo acorralado le dijeron que para olvidar el percance tendría que entregarles $500 en efectivo a las 9:00 de noche de ese mismo día, tal como contó Pablo al momento de poner la denuncia.

En su relato, aseguró que ellos lo amenazaron, le dijeron que de no entregar el dinero a la hora pautada lo buscarían para atentar contra él y su familia; ya que conocían perfectamente la ubicación de su residencia. Ellos le dieron un número al cual debía llamar para avisar cuando ya tuviera el dinero y poder pactar algún lugar para entregarlo.

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Ya eran las 9:00 de la noche y Pablo aún no tenía el dinero. Abatido y preocupado, decidió llamar al número telefónico que los agentes le dieron. El teléfono sonó y contestó de inmediato un hombre a quien identificaron como Romel. Durante la conversación, la víctima señaló que no había podido conseguir el dinero ya que tres horas no eran suficientes.

Durante la llamada, Romel le dijo que “por teléfono no iban a hablar de eso. Que saliera de su casa” para negociar, reza el expediente. El agente le indicó una hora y un lugar para reunirse.

Pasados unos cuantos minutos, la víctima visualizó a los cuatro policías que horas antes le habían exigido $500 a cambio de no atentar contra su vida, quienes andaban uniformados.

Según la acusación, Romel, como líder de la banda, fue condescendiente con Pablo y le dijo que le daba un plazo de 15 días para darle el dinero en horas de la tarde. Al mismo tiempo, ellos le recalcaron su amenaza.

La víctima no sabía qué hacer, no solo tenía que pensar en la forma cómo conseguir el dinero sino también cómo proteger a su familia de un grupo de policías. Estaba acorralado.

Esa noche por su mente pasaron decenas de posibilidades una de ellas era que al denunciarlos ellos cumplirían con la promesa de atentar contra su familia; la otra posibilidad era entregar el dinero y olvidarse de lo sucedido. Ambas posibilidades lo pusieron entre la espada y la pared.

Pablo protagoniza una escena sacada de una película policial

Al día siguiente, Pablo se levantó con la decisión de denunciarlos. Fue a la delegación y relató todo lo sucedido. Él solo tenía la descripción física de los cuatro policías y el número de la patrulla donde estos lo interceptaron, este último dato le valió para identificarlos rápidamente.

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Las autoridades policiales le dijeron a Pablo que no cortara comunicación con los sujetos y que acordara un encuentro para el 15 de febrero de ese mismo año para la entrega del dinero, pues harían una entrega controlada.

En el documento judicial, consta que eran las 4:25 de la tarde del 15 de febrero cuando Pablo llegó al lugar en un vehículo. Los nervios eran incontenibles, jamás en su mente pasó la posibilidad de protagonizar una escena como en las películas. La entrega se haría efectiva sobre el final de la Autopista Norte, frente a unos condominios de la zona.

La policía le indicó que no estaría solo durante el proceso de entrega, ya que a su alrededor se montó un operativo con cuatro grupos policiales que vigilarían y arrestarían en flagrancia a los sujetos.

La entrega del dinero

De pronto, uno de los equipo visualizó una motocicleta que se dirigía rumbo a la víctima, en la que se transportaban dos sujetos con las mismas características que la víctima había descrito en su declaración. El ambiente se tensionaba cada vez más, Pablo sentía que el corazón le palpitaba cada vez.

La motocicleta era conducida por Romel del Carmen Flores y Wilber Adonay Peñate, quienes se quedaron detrás del vehículo. La víctima se bajó del carro rumbo a los dos sujetos, entre sus manos llevaba un paquete que simulaba el dinero que los criminales exigían.

Sin embargo, este paquete no eran otra cosa más que un billete de $10 dólares y un montón de recortes de papel periódico que juntos simulaban un fajo de dinero, los policías encargados del operativo se lo habían entregado para que lo diera a los criminales.

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Tanto Romel como Wilber estaban frente a la víctima y ambos le exigieron el dinero de inmediato. Romel tomó el dinero y comenzó a mirar hacia los lados para identificar si había algo sospechoso. Segundos después se percató que en el lugar había otros policías.

Bajo esta sospecha lanzó el dinero hacia unos arbustos.

Los agentes policiales que custodiaban la entrega controlada abrieron paso a la captura de los dos sujetos. Solo pasaron diez minutos para que se diera el arresto, donde se le incautaron dos armas de fuego, dos teléfonos celulares y la motocicleta donde se transportaban.

El caso que llego hasta los tribunales

Tras la captura de los dos agentes, se logró capturar a los otros dos que participaron en la extorsión cuando se encontraban en su día de licencia en el municipio de Tacuba, Ahuachapán.

Los cuatro agentes involucrados en el crimen fueron identificados como Romel del Carmen Flores Rodríguez, de 40 años de edad; Wilber Adonay Peñate, de 34; Fredy Antonio Sánchez García, de 24, y Luis Enrique Santos Aquino, de 23 años de edad.

Los primeros en llegar ante los tribunales fueron Romel y Wilber, quienes fueron procesados por el delito de extorsión agravada y fueron encontrados culpables por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. En ese momento, el caso fue individualizado ya que los otros dos agentes fueron capturados fuera de la entrega controlada.

En el caso de Fredy Sánchez y Enrique Santos es el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador el que lleva el proceso. Esta semana fue suspendido el juicio en contra de los dos sujetos y fue reprogramada para el próximo martes 15 de mayo, donde se espera se determine la participación o no de estos imputados en el hecho.

Por: El Salvador Times

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Judicial

Exdiputado del FMLN y familia enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.

El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.

En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.

A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.

En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.

A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.

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Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.

«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.

Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.

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Judicial

FGR logra penas de hasta 180 años de cárcel para pandilleros de la MS

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La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.

En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.

Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.

Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.

Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.

Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.

Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.

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Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.

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Judicial

Envían a prisión a sujeto que transportaba un cadáver envuelto en sábanas en su vehículo accidentado

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Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien fue detenido el pasado 30 de marzo transportando el cadáver de un hombre en su vehículo, seguirá en prisión, así ha resuelto el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad.

La Fiscalía General de la República lo acusa de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa. Según el expediente judicializado, a eso de las 6:00 de la mañana, el imputado se accidentó manejando en estado de ebriedad y a excesiva velocidad en el redondel que está en la entrada de Quezaltepeque.

Cuando llegaron a inspeccionar la escena del accidente, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) constataron que Miguel Ángel Acosta Estrada quien transitaba por el lugar había sido atropellado y al seguir el procedimiento registraron el automotor que llevaba en su interior el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas. En el vehículo también encontraron $4,000, de los que se desconoce la procedencia lícita.

En las indagaciones, el ministerio público determinó que el homicidio del joven que era trasladado en el vehículo había ocurrido en Nejapa, en horas de la madrugada del 30 de marzo.

Al verificar una casa relacionada con el detenido, los agentes hallaron la escena del crimen: había manchas de sangre, el arma de fuego utilizada para el crimen y un zapato de la víctima similar al que encontraron en el vehículo que manejaba Figueroa Salazar.

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