Judicial
Policías fingieron un control vehícular y terminaron extorsionando a un hombre con $500
El pasado 11 de febrero de 2016 un hombre conducía tranquilo con su vehículo sobre las calles del municipio de Mejicanos cuando de pronto cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desde una patrulla le hicieron una señal de alto para inspeccionar su vehículo. El hombre nunca se imagino que estaría por vivir las horas más angustiantes de su vida. Los cuatro policías le exigieron $500 que debían entregar en tres horas, de lo contrario atacarían contra él y su familia.
Por este hecho, han sido procesado los policías, quienes son acusados por el delito de extorsión. Según el expediente judicial que se abrió por este hecho, eran las 6:00 de la tarde y Pablo (nombre que ha sido modificado para proteger a la víctima) transitaba en Mejicanos, el tráfico era como el de todos los días. Nada en el ambiente daba muestras de que algo fuera de lo cotidiano podría ocurrir. Hasta que un carro patrulla se puso detrás de él.
Pablo se estacionó y al mismo tiempo los cuatro agentes uniformados se bajaron de la patrulla.
El documento judicial detalla que los agentes obligaron a Pablo a bajarse del vehículo, luego le manifestaron con un tono serio que su vehículo presentaba problemas legales, los cuales tenía que resolver con prontitud de lo contrario tendría problemas más graves.
Pablo, parado frente aquellos cuatro agentes, no sabía qué hacer ya que no sospechaba que su vehículo presentara algún problema legal. Los policías al verlo acorralado le dijeron que para olvidar el percance tendría que entregarles $500 en efectivo a las 9:00 de noche de ese mismo día, tal como contó Pablo al momento de poner la denuncia.
En su relato, aseguró que ellos lo amenazaron, le dijeron que de no entregar el dinero a la hora pautada lo buscarían para atentar contra él y su familia; ya que conocían perfectamente la ubicación de su residencia. Ellos le dieron un número al cual debía llamar para avisar cuando ya tuviera el dinero y poder pactar algún lugar para entregarlo.
Ya eran las 9:00 de la noche y Pablo aún no tenía el dinero. Abatido y preocupado, decidió llamar al número telefónico que los agentes le dieron. El teléfono sonó y contestó de inmediato un hombre a quien identificaron como Romel. Durante la conversación, la víctima señaló que no había podido conseguir el dinero ya que tres horas no eran suficientes.
Durante la llamada, Romel le dijo que “por teléfono no iban a hablar de eso. Que saliera de su casa” para negociar, reza el expediente. El agente le indicó una hora y un lugar para reunirse.
Pasados unos cuantos minutos, la víctima visualizó a los cuatro policías que horas antes le habían exigido $500 a cambio de no atentar contra su vida, quienes andaban uniformados.
Según la acusación, Romel, como líder de la banda, fue condescendiente con Pablo y le dijo que le daba un plazo de 15 días para darle el dinero en horas de la tarde. Al mismo tiempo, ellos le recalcaron su amenaza.
La víctima no sabía qué hacer, no solo tenía que pensar en la forma cómo conseguir el dinero sino también cómo proteger a su familia de un grupo de policías. Estaba acorralado.
Esa noche por su mente pasaron decenas de posibilidades una de ellas era que al denunciarlos ellos cumplirían con la promesa de atentar contra su familia; la otra posibilidad era entregar el dinero y olvidarse de lo sucedido. Ambas posibilidades lo pusieron entre la espada y la pared.
Pablo protagoniza una escena sacada de una película policial
Al día siguiente, Pablo se levantó con la decisión de denunciarlos. Fue a la delegación y relató todo lo sucedido. Él solo tenía la descripción física de los cuatro policías y el número de la patrulla donde estos lo interceptaron, este último dato le valió para identificarlos rápidamente.
Las autoridades policiales le dijeron a Pablo que no cortara comunicación con los sujetos y que acordara un encuentro para el 15 de febrero de ese mismo año para la entrega del dinero, pues harían una entrega controlada.
En el documento judicial, consta que eran las 4:25 de la tarde del 15 de febrero cuando Pablo llegó al lugar en un vehículo. Los nervios eran incontenibles, jamás en su mente pasó la posibilidad de protagonizar una escena como en las películas. La entrega se haría efectiva sobre el final de la Autopista Norte, frente a unos condominios de la zona.
La policía le indicó que no estaría solo durante el proceso de entrega, ya que a su alrededor se montó un operativo con cuatro grupos policiales que vigilarían y arrestarían en flagrancia a los sujetos.
La entrega del dinero
De pronto, uno de los equipo visualizó una motocicleta que se dirigía rumbo a la víctima, en la que se transportaban dos sujetos con las mismas características que la víctima había descrito en su declaración. El ambiente se tensionaba cada vez más, Pablo sentía que el corazón le palpitaba cada vez.
La motocicleta era conducida por Romel del Carmen Flores y Wilber Adonay Peñate, quienes se quedaron detrás del vehículo. La víctima se bajó del carro rumbo a los dos sujetos, entre sus manos llevaba un paquete que simulaba el dinero que los criminales exigían.
Sin embargo, este paquete no eran otra cosa más que un billete de $10 dólares y un montón de recortes de papel periódico que juntos simulaban un fajo de dinero, los policías encargados del operativo se lo habían entregado para que lo diera a los criminales.
Tanto Romel como Wilber estaban frente a la víctima y ambos le exigieron el dinero de inmediato. Romel tomó el dinero y comenzó a mirar hacia los lados para identificar si había algo sospechoso. Segundos después se percató que en el lugar había otros policías.
Bajo esta sospecha lanzó el dinero hacia unos arbustos.
Los agentes policiales que custodiaban la entrega controlada abrieron paso a la captura de los dos sujetos. Solo pasaron diez minutos para que se diera el arresto, donde se le incautaron dos armas de fuego, dos teléfonos celulares y la motocicleta donde se transportaban.
El caso que llego hasta los tribunales
Tras la captura de los dos agentes, se logró capturar a los otros dos que participaron en la extorsión cuando se encontraban en su día de licencia en el municipio de Tacuba, Ahuachapán.
Los cuatro agentes involucrados en el crimen fueron identificados como Romel del Carmen Flores Rodríguez, de 40 años de edad; Wilber Adonay Peñate, de 34; Fredy Antonio Sánchez García, de 24, y Luis Enrique Santos Aquino, de 23 años de edad.
Los primeros en llegar ante los tribunales fueron Romel y Wilber, quienes fueron procesados por el delito de extorsión agravada y fueron encontrados culpables por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. En ese momento, el caso fue individualizado ya que los otros dos agentes fueron capturados fuera de la entrega controlada.
En el caso de Fredy Sánchez y Enrique Santos es el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador el que lleva el proceso. Esta semana fue suspendido el juicio en contra de los dos sujetos y fue reprogramada para el próximo martes 15 de mayo, donde se espera se determine la participación o no de estos imputados en el hecho.
Por: El Salvador Times
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
