Judicial
Policías fingieron un control vehícular y terminaron extorsionando a un hombre con $500
El pasado 11 de febrero de 2016 un hombre conducía tranquilo con su vehículo sobre las calles del municipio de Mejicanos cuando de pronto cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desde una patrulla le hicieron una señal de alto para inspeccionar su vehículo. El hombre nunca se imagino que estaría por vivir las horas más angustiantes de su vida. Los cuatro policías le exigieron $500 que debían entregar en tres horas, de lo contrario atacarían contra él y su familia.
Por este hecho, han sido procesado los policías, quienes son acusados por el delito de extorsión. Según el expediente judicial que se abrió por este hecho, eran las 6:00 de la tarde y Pablo (nombre que ha sido modificado para proteger a la víctima) transitaba en Mejicanos, el tráfico era como el de todos los días. Nada en el ambiente daba muestras de que algo fuera de lo cotidiano podría ocurrir. Hasta que un carro patrulla se puso detrás de él.
Pablo se estacionó y al mismo tiempo los cuatro agentes uniformados se bajaron de la patrulla.
El documento judicial detalla que los agentes obligaron a Pablo a bajarse del vehículo, luego le manifestaron con un tono serio que su vehículo presentaba problemas legales, los cuales tenía que resolver con prontitud de lo contrario tendría problemas más graves.
Pablo, parado frente aquellos cuatro agentes, no sabía qué hacer ya que no sospechaba que su vehículo presentara algún problema legal. Los policías al verlo acorralado le dijeron que para olvidar el percance tendría que entregarles $500 en efectivo a las 9:00 de noche de ese mismo día, tal como contó Pablo al momento de poner la denuncia.
En su relato, aseguró que ellos lo amenazaron, le dijeron que de no entregar el dinero a la hora pautada lo buscarían para atentar contra él y su familia; ya que conocían perfectamente la ubicación de su residencia. Ellos le dieron un número al cual debía llamar para avisar cuando ya tuviera el dinero y poder pactar algún lugar para entregarlo.
Ya eran las 9:00 de la noche y Pablo aún no tenía el dinero. Abatido y preocupado, decidió llamar al número telefónico que los agentes le dieron. El teléfono sonó y contestó de inmediato un hombre a quien identificaron como Romel. Durante la conversación, la víctima señaló que no había podido conseguir el dinero ya que tres horas no eran suficientes.
Durante la llamada, Romel le dijo que “por teléfono no iban a hablar de eso. Que saliera de su casa” para negociar, reza el expediente. El agente le indicó una hora y un lugar para reunirse.
Pasados unos cuantos minutos, la víctima visualizó a los cuatro policías que horas antes le habían exigido $500 a cambio de no atentar contra su vida, quienes andaban uniformados.
Según la acusación, Romel, como líder de la banda, fue condescendiente con Pablo y le dijo que le daba un plazo de 15 días para darle el dinero en horas de la tarde. Al mismo tiempo, ellos le recalcaron su amenaza.
La víctima no sabía qué hacer, no solo tenía que pensar en la forma cómo conseguir el dinero sino también cómo proteger a su familia de un grupo de policías. Estaba acorralado.
Esa noche por su mente pasaron decenas de posibilidades una de ellas era que al denunciarlos ellos cumplirían con la promesa de atentar contra su familia; la otra posibilidad era entregar el dinero y olvidarse de lo sucedido. Ambas posibilidades lo pusieron entre la espada y la pared.
Pablo protagoniza una escena sacada de una película policial
Al día siguiente, Pablo se levantó con la decisión de denunciarlos. Fue a la delegación y relató todo lo sucedido. Él solo tenía la descripción física de los cuatro policías y el número de la patrulla donde estos lo interceptaron, este último dato le valió para identificarlos rápidamente.
Las autoridades policiales le dijeron a Pablo que no cortara comunicación con los sujetos y que acordara un encuentro para el 15 de febrero de ese mismo año para la entrega del dinero, pues harían una entrega controlada.
En el documento judicial, consta que eran las 4:25 de la tarde del 15 de febrero cuando Pablo llegó al lugar en un vehículo. Los nervios eran incontenibles, jamás en su mente pasó la posibilidad de protagonizar una escena como en las películas. La entrega se haría efectiva sobre el final de la Autopista Norte, frente a unos condominios de la zona.
La policía le indicó que no estaría solo durante el proceso de entrega, ya que a su alrededor se montó un operativo con cuatro grupos policiales que vigilarían y arrestarían en flagrancia a los sujetos.
La entrega del dinero
De pronto, uno de los equipo visualizó una motocicleta que se dirigía rumbo a la víctima, en la que se transportaban dos sujetos con las mismas características que la víctima había descrito en su declaración. El ambiente se tensionaba cada vez más, Pablo sentía que el corazón le palpitaba cada vez.
La motocicleta era conducida por Romel del Carmen Flores y Wilber Adonay Peñate, quienes se quedaron detrás del vehículo. La víctima se bajó del carro rumbo a los dos sujetos, entre sus manos llevaba un paquete que simulaba el dinero que los criminales exigían.
Sin embargo, este paquete no eran otra cosa más que un billete de $10 dólares y un montón de recortes de papel periódico que juntos simulaban un fajo de dinero, los policías encargados del operativo se lo habían entregado para que lo diera a los criminales.
Tanto Romel como Wilber estaban frente a la víctima y ambos le exigieron el dinero de inmediato. Romel tomó el dinero y comenzó a mirar hacia los lados para identificar si había algo sospechoso. Segundos después se percató que en el lugar había otros policías.
Bajo esta sospecha lanzó el dinero hacia unos arbustos.
Los agentes policiales que custodiaban la entrega controlada abrieron paso a la captura de los dos sujetos. Solo pasaron diez minutos para que se diera el arresto, donde se le incautaron dos armas de fuego, dos teléfonos celulares y la motocicleta donde se transportaban.
El caso que llego hasta los tribunales
Tras la captura de los dos agentes, se logró capturar a los otros dos que participaron en la extorsión cuando se encontraban en su día de licencia en el municipio de Tacuba, Ahuachapán.
Los cuatro agentes involucrados en el crimen fueron identificados como Romel del Carmen Flores Rodríguez, de 40 años de edad; Wilber Adonay Peñate, de 34; Fredy Antonio Sánchez García, de 24, y Luis Enrique Santos Aquino, de 23 años de edad.
Los primeros en llegar ante los tribunales fueron Romel y Wilber, quienes fueron procesados por el delito de extorsión agravada y fueron encontrados culpables por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. En ese momento, el caso fue individualizado ya que los otros dos agentes fueron capturados fuera de la entrega controlada.
En el caso de Fredy Sánchez y Enrique Santos es el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador el que lleva el proceso. Esta semana fue suspendido el juicio en contra de los dos sujetos y fue reprogramada para el próximo martes 15 de mayo, donde se espera se determine la participación o no de estos imputados en el hecho.
Por: El Salvador Times
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
