Judicial
Policías fingieron un control vehícular y terminaron extorsionando a un hombre con $500
El pasado 11 de febrero de 2016 un hombre conducía tranquilo con su vehículo sobre las calles del municipio de Mejicanos cuando de pronto cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desde una patrulla le hicieron una señal de alto para inspeccionar su vehículo. El hombre nunca se imagino que estaría por vivir las horas más angustiantes de su vida. Los cuatro policías le exigieron $500 que debían entregar en tres horas, de lo contrario atacarían contra él y su familia.
Por este hecho, han sido procesado los policías, quienes son acusados por el delito de extorsión. Según el expediente judicial que se abrió por este hecho, eran las 6:00 de la tarde y Pablo (nombre que ha sido modificado para proteger a la víctima) transitaba en Mejicanos, el tráfico era como el de todos los días. Nada en el ambiente daba muestras de que algo fuera de lo cotidiano podría ocurrir. Hasta que un carro patrulla se puso detrás de él.
Pablo se estacionó y al mismo tiempo los cuatro agentes uniformados se bajaron de la patrulla.
El documento judicial detalla que los agentes obligaron a Pablo a bajarse del vehículo, luego le manifestaron con un tono serio que su vehículo presentaba problemas legales, los cuales tenía que resolver con prontitud de lo contrario tendría problemas más graves.
Pablo, parado frente aquellos cuatro agentes, no sabía qué hacer ya que no sospechaba que su vehículo presentara algún problema legal. Los policías al verlo acorralado le dijeron que para olvidar el percance tendría que entregarles $500 en efectivo a las 9:00 de noche de ese mismo día, tal como contó Pablo al momento de poner la denuncia.
En su relato, aseguró que ellos lo amenazaron, le dijeron que de no entregar el dinero a la hora pautada lo buscarían para atentar contra él y su familia; ya que conocían perfectamente la ubicación de su residencia. Ellos le dieron un número al cual debía llamar para avisar cuando ya tuviera el dinero y poder pactar algún lugar para entregarlo.
Ya eran las 9:00 de la noche y Pablo aún no tenía el dinero. Abatido y preocupado, decidió llamar al número telefónico que los agentes le dieron. El teléfono sonó y contestó de inmediato un hombre a quien identificaron como Romel. Durante la conversación, la víctima señaló que no había podido conseguir el dinero ya que tres horas no eran suficientes.
Durante la llamada, Romel le dijo que “por teléfono no iban a hablar de eso. Que saliera de su casa” para negociar, reza el expediente. El agente le indicó una hora y un lugar para reunirse.
Pasados unos cuantos minutos, la víctima visualizó a los cuatro policías que horas antes le habían exigido $500 a cambio de no atentar contra su vida, quienes andaban uniformados.
Según la acusación, Romel, como líder de la banda, fue condescendiente con Pablo y le dijo que le daba un plazo de 15 días para darle el dinero en horas de la tarde. Al mismo tiempo, ellos le recalcaron su amenaza.
La víctima no sabía qué hacer, no solo tenía que pensar en la forma cómo conseguir el dinero sino también cómo proteger a su familia de un grupo de policías. Estaba acorralado.
Esa noche por su mente pasaron decenas de posibilidades una de ellas era que al denunciarlos ellos cumplirían con la promesa de atentar contra su familia; la otra posibilidad era entregar el dinero y olvidarse de lo sucedido. Ambas posibilidades lo pusieron entre la espada y la pared.
Pablo protagoniza una escena sacada de una película policial
Al día siguiente, Pablo se levantó con la decisión de denunciarlos. Fue a la delegación y relató todo lo sucedido. Él solo tenía la descripción física de los cuatro policías y el número de la patrulla donde estos lo interceptaron, este último dato le valió para identificarlos rápidamente.
Las autoridades policiales le dijeron a Pablo que no cortara comunicación con los sujetos y que acordara un encuentro para el 15 de febrero de ese mismo año para la entrega del dinero, pues harían una entrega controlada.
En el documento judicial, consta que eran las 4:25 de la tarde del 15 de febrero cuando Pablo llegó al lugar en un vehículo. Los nervios eran incontenibles, jamás en su mente pasó la posibilidad de protagonizar una escena como en las películas. La entrega se haría efectiva sobre el final de la Autopista Norte, frente a unos condominios de la zona.
La policía le indicó que no estaría solo durante el proceso de entrega, ya que a su alrededor se montó un operativo con cuatro grupos policiales que vigilarían y arrestarían en flagrancia a los sujetos.
La entrega del dinero
De pronto, uno de los equipo visualizó una motocicleta que se dirigía rumbo a la víctima, en la que se transportaban dos sujetos con las mismas características que la víctima había descrito en su declaración. El ambiente se tensionaba cada vez más, Pablo sentía que el corazón le palpitaba cada vez.
La motocicleta era conducida por Romel del Carmen Flores y Wilber Adonay Peñate, quienes se quedaron detrás del vehículo. La víctima se bajó del carro rumbo a los dos sujetos, entre sus manos llevaba un paquete que simulaba el dinero que los criminales exigían.
Sin embargo, este paquete no eran otra cosa más que un billete de $10 dólares y un montón de recortes de papel periódico que juntos simulaban un fajo de dinero, los policías encargados del operativo se lo habían entregado para que lo diera a los criminales.
Tanto Romel como Wilber estaban frente a la víctima y ambos le exigieron el dinero de inmediato. Romel tomó el dinero y comenzó a mirar hacia los lados para identificar si había algo sospechoso. Segundos después se percató que en el lugar había otros policías.
Bajo esta sospecha lanzó el dinero hacia unos arbustos.
Los agentes policiales que custodiaban la entrega controlada abrieron paso a la captura de los dos sujetos. Solo pasaron diez minutos para que se diera el arresto, donde se le incautaron dos armas de fuego, dos teléfonos celulares y la motocicleta donde se transportaban.
El caso que llego hasta los tribunales
Tras la captura de los dos agentes, se logró capturar a los otros dos que participaron en la extorsión cuando se encontraban en su día de licencia en el municipio de Tacuba, Ahuachapán.
Los cuatro agentes involucrados en el crimen fueron identificados como Romel del Carmen Flores Rodríguez, de 40 años de edad; Wilber Adonay Peñate, de 34; Fredy Antonio Sánchez García, de 24, y Luis Enrique Santos Aquino, de 23 años de edad.
Los primeros en llegar ante los tribunales fueron Romel y Wilber, quienes fueron procesados por el delito de extorsión agravada y fueron encontrados culpables por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. En ese momento, el caso fue individualizado ya que los otros dos agentes fueron capturados fuera de la entrega controlada.
En el caso de Fredy Sánchez y Enrique Santos es el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador el que lleva el proceso. Esta semana fue suspendido el juicio en contra de los dos sujetos y fue reprogramada para el próximo martes 15 de mayo, donde se espera se determine la participación o no de estos imputados en el hecho.
Por: El Salvador Times
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
