Judicial
Mujer es condenada por Maltrato Infantil en perjuicio de su hijastra de siete años
Unidad de Delitos Relativos a la Niñez Adolescencia y la Mujer en su relación Familiar de la oficina Fiscal de Santa Ana, logró que Tribunal Primero de Sentencia de ciudad, encontrara culpables a Jery Iveth Romero de Calderón, de 46 años y Jaime Lizandro Calderón Reyes, de 29 años de edad; ambos acusados de Lesiones Agravadas; Abandono y Desamparo de Persona, y Maltrato Infantil, en perjuicio de su hija de siete años de edad; hecho ocurrido en Residencial La Madrileña, de la ciudad de Santa Ana.
De acuerdo a la Información proporcionada por el jefe de esta oficina Fiscal, Max Muñoz, ambos imputados fueron capturados con órdenes administrativas, el 6 de marzo de 2017; a Jery Iveth Romero de Calderón, madrastra de la víctima, se le detuvo en calidad de autor directo de los delitos de Lesiones Agravadas y Maltrato Infantil; mientras que a Jaime Lizandro Calderón Reyes, padre biológico de la víctima, por Abandono y Desamparo de Persona y cómplice necesario, por su omisión en el actuar, en los delitos de Maltrato Infantil y Lesiones Agravadas.
La Fiscalía presentó durante la audiencia una serie de elementos de pruebas de tipo documental, pericial y testimonial, entre los que se encuentran: Peritaje Psicológico de la menor, Peritaje de Reconocimiento de Lesiones, en el cual concluye que las lesiones que presenta la víctima generaron una incapacidad de doce días, a partir de la fecha del trauma y son de data reciente, Acta de entrevista de la menor, realizada en la Sala de Cirugía Pediatría del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, entre otras.
Luego de escuchar los alegatos de la defensa y la representación Fiscal, el Tribunal encontró culpable a imputada Jery Iveth Romero de Calderón, como autor directo de los delitos que se le imputan y dicto la condena de seis años de prisión, ene l caso de Jaime Lizandro Calderón Reyes, padre de la víctima, le impuso pena de tres años de cárcel.
Este caso se origina cuando agentes de policía que apoyaba el programa G.R.E.A.T., en el Complejo Educativo Capitán General Gerardo Barrios de la ciudad de Santa Ana, observaron a una niña que presenta hematomas (moretes) en su rostro, al acercarse a la niña ella empezó a llorar, y a narrar los constantes maltratos que recibía de parte de su madrastra, por lo que hicieron el procedimiento, remitiendo a la menor al Instituto de Medicina Legal y posteriormente a darle ingreso al Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Ana.
La Fiscalía General de la República, inicio la investigación, consistente en abordaje a la víctima, médicos del Hospital San Juan de Dios, autoridades del Centro Educativo, familiares cercanos, encontrando los indicios probatorios suficientes para girar órdenes administrativas de detención en contra de los imputados Jery Iveth Romero de Calderón y Jaime Lizandro Calderón Reyes.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
